Colombia requiere una política demográfica pública urgente

Por: Álvaro Hernando Cardona González

Tan solo en Cundinamarca el 13% de los embarazos ocurridos en el 2013, fueron en cuerpos de madres adolescentes, esto es, mujeres en edades que oscilan entre 10 y 16 años. La mayoría de ellos, en niveles económicos bajos. Casos como los conocidos recientemente de mujeres de edades inferiores a los 12 años que se dejan embarazar, se multiplican y aumentan. Entre tanto, Colombia crece demográficamente por encima del promedio mundial y hoy es un país con un territorio casi dos veces menor al de Argentina, pero con el doble de habitantes.

Se requiere de una política estructural en materia demográfica. No da espera.

Es absolutamente inconcebible e injustificable que  con las nuevas reformas fiscales, una persona que trabaja independiente, y suscribe un contrato de prestación de servicios al Estado tenga que pagar salud y pensión sobre el cuarenta por ciento del valor total cuando ya está cotizando al sistema pensional. Injusto, porque para poder pagar o cotizar a pensión, le exigen que también lo haga a salud, no importa cuántas veces lo haga, destinando un aporte importante al régimen o fondo de solidaridad que se supone va a apoyar a la  población vulnerable economicamente. E injusto porque a pesar de una persona pueda aportar dos, tres o más veces al fondo de solidaridad, igual sigue creciendo la población vulnerable (incluso a ritmos tres veces más que las clases media y alta) y sigue encontrando más vendedores ocupando el espacio público, más mendigos, más drogadictos en las calles, más alcohólicos deambulando, más niños pidiendo limosnas en las esquinas y más muchachos haciendo maromas a cambio de monedas.

¿No es lógico que si una persona vulnerable económicamente, realmente lo es, deje de llenarse de hijos los cuales aumentan sus necesidades? ¿No es lógico que si los aportes a los fondos de solidaridad aumentan, significando que aumentan los aportes de la mayoría de los colombianos, aún en detrimento de su propio ingreso, eso se refleje en menos personas desocupadas y tiradas en aceras y bancas?

Insistimos en que Colombia debe definir una política demográfica, fundada entre otras razones en la corresponsalía social. Es decir en que quienes aportamos, con mucho sacrificio y en detrimento de los ingresos por trabajo, algo recibamos de quienes son beneficiados. No hacerlo sólo trae discriminación, evasión y desidia. Sobre todo, trae conlleva rechazo en vez aceptación del Estado. Tratar los menos favorecidos como imbéciles no está bien, son inteligentes y comprenden. El resto de nosotros también comprendemos y estamos hartos de ver que la población pobre aumente y aumentan los aportes de solidaridad.

Colombia necesita sin más dilaciones, una política coherente, racional y de largo plazo en materia de control y distribución de la demografía nacional. Somos uno de los países con mayor población en relación al territorio. Pero más grave, es en las familias menos favorecidas económicamente donde más amplio es el núcleo familiar y esta población está desproporcionadamente distribuida en el territorio.

Más del 80% de la población colombiana está en la zona andina. Sólo Bogotá alberga cerca de una quinta parte de la población total nacional (e irónicamente alejada de los puertos para exportar) y las cuatro ciudades más grandes contienen más de una tercera parte de los ciudadanos sobre la cifra del Censo de 2005.

 

Esto, como lo comentábamos en la columna de la semana pasada, está trayendo inequidades y sobre todo injusticias sociales de las que pocos quieren hablar y estudiar. Agregando a lo que ya comentamos, ponemos estos otros ejemplos: 1. En materia pensional tenemos un delicado panorama dado que mientras la base de los que aportan a pensión disminuye la base de los que están pensionados o aspiran a estarlo aumenta. Aunque el grueso de los aportantes son clase media trabajadora, la clase alta disminuye y la baja aumenta, siendo necesario que cada vez más aumenten las edades y aumenten las mesadas. Y existe un punto oculto, aumenta el recaudo para el Fondo de Solidaridad para quienes trabajan y no ven contraprestación ni del Estado ni en la población beneficiada. 2. En materia social, el Estado interpretando la connotación “social” de nuestro Estado de Derecho viene ampliando los beneficios de la población desfavorecida sin ninguna contraprestación, y estimamos, creando un círculo vicioso de lo que podría llamarse “irresponsabilidad social diferenciada”, esto es una falta de aporte a la sociedad por quienes son beneficiados por ella. Este es el marco para la teoría de la Solidaridad de la cual próximamente recordaremos y que con lo sucedido en Europa y Brasil vuelve a tomar fuerza.

“Es claro, más allá de las discusiones moralistas o biológicas, que el embarazo y la maternidad de las adolescentes no solo truncan y retrasan sus posibilidades de desarrollo, sino el de sus propias familias y, por extensión, el de la sociedad entera” (El Tiempo. Editorial; 24 de septiembre de 2012). En el mismo texto se sostuvo luego, con base en conceptos serios de sociólogos y otros expertos que “…este fenómeno -que en Colombia afecta a una de cada cinco mujeres entre los 15 y los 19 años- es un factor determinante en la reproducción de la pobreza”.

La demográfica es una política contra la pobreza y la justicia social.