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miércoles, junio 03, 2026
miércoles, abril 17, 2024
30
años del Sistema Nacional Ambiental
Álvaro Hernando Cardona González
(Artículo publicado el 31 de marzo de 2023, en el Diario del Huila)
¿Qué hizo tan importante la Ley 99, repetimos,
hace 30 años? Creó el Sistema Nacional Ambiental-SINA, creó el Ministerio de
Ambiente, reorganizó las corporaciones autónomas regionales y definió los
principios para adoptar las políticas públicas ambientales.
Esta
columna, de hecho nace en la década de los noventas, cuando gracias a la Ley 99
y al SINA, en Colombia se empoderan las problemáticas y las acciones por
proteger y recuperar el ambiente y sus recursos naturales renovables.
Sin
duda la Ley 99 de 1993, procuró “cumplir con eficacia los mandatos
constitucionales sobre protección, conservación y sostenibilidad del
medioambiente” (Jorge Iván Hurtado Mora, en www.ambitojuridico).
Este
artículo, como se imaginará, debimos hacerlo público cuando llegara diciembre
del año 2023, no obstante, creemos que con miras a abrir el debate sobre un
proyecto de reforma al SINA, que motivó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, y que en el ámbito académico, de entrada no ha generado la mayor
aceptación, es importante primero socializar y contextualizar lo que es el
SINA, los principios que gobiernan las políticas públicas sectoriales y su
ejecución.
En
la Ley en comento, se prescribió que a) El proceso de desarrollo económico y
social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo
sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992
sobre Medio Ambiente y Desarrollo; b) La formulación de las políticas
ambientales tendrán cuenta el resultado del proceso de investigación científica:
las decisiones no serán politiqueras, sino técnicas; c) Como ya lo dice la
Constitución Política (dos veces) la acción ambiental del país es una tarea
conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no
gubernamentales y el sector privado; y, d) Para el manejo ambiental del país,
se establece un Sistema Nacional Ambiental -SINA-.
El SINA es definido como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales. No es una oficina, dependencia o entidad; es una ficción para entender que como el ambiente son recursos y elementos interrelacionados, también así debe ser la labor (gestión) para atenderlo.
Agua para Colombia: equilibrio
entre riqueza hídrica y bienestar social
Actualmente,
aspirante al título de doctor.
Este ensayo fue
presentado en la asignatura “POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL"
del DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL
Universidad
Surcolombiana de Neiva
(Se publica previa autorización del autor)
En un mundo donde el azul de nuestro
planeta se oscurece por la sombra de la escasez, Colombia se erige como un
bastión de esperanza hídrica. Su marco constitucional y legal proporciona los
cimientos esenciales para la protección y gestión sostenible de sus abundantes
recursos hídricos. Desde las majestuosas cumbres andinas hasta las serenas
llanuras costeras, el agua fluye como un vívido símbolo de vida y prosperidad
para este país suramericano. Sin embargo, esta promesa de abundancia se ve
amenazada por desafíos crecientes, como la tala indiscriminada, la urbanización
descontrolada y una creciente presión demográfica.
El análisis crítico de
la legislación vigente revela la sólida base sobre la cual Colombia ha
construido su enfoque hacia la gestión hídrica. La Constitución Política de
1991 establece claramente los derechos fundamentales de todas las personas a un
ambiente sano y la responsabilidad del Estado en garantizar el acceso a
servicios básicos, incluyendo el agua potable. (Constitución Política de
Colombia, 1991, art 79 y art 366).
En el territorio
colombiano, estas orientaciones constitucionales han sido importantes para
establecer políticas y programas que buscan garantizar el acceso equitativo al
agua potable y la preservación de los recursos hídricos en todo el país. No obstante,
perduran retos en la ejecución efectiva de estas normas, especialmente en
regiones rurales y comunidades vulnerables.
Por otro lado, el Estado
tiene la responsabilidad de gestionar los recursos naturales de manera
sostenible, incluyendo los recursos hídricos para preservarlas para las
generaciones futuras (Constitución Política de Colombia, 1991, art 332). Esta
disposición legal cobra relevancia en situaciones reales como la explotación de
minerales y petróleo. El Estado debe gestionar estos recursos de manera
sostenible, considerando su agotabilidad y los impactos ambientales.
Estas disposiciones constitucionales forman el
marco teórico y normativo dentro del cual se deben desarrollar políticas y
acciones para garantizar un equilibrio entre la riqueza hídrica y las
necesidades de la población.
En el ámbito legal,
Colombia cuenta con leyes clave que respaldan su compromiso con la protección
del agua. La Ley 99 de 1993 establece el Sistema Nacional Ambiental (SINA), un
mecanismo fundamental de gobernanza ambiental que incluye la protección de los
recursos hídricos. Asimismo, la Ley 373 de 1997 enfatiza el uso eficiente y la
gestión integrada del agua en todas las actividades económicas. La Ley 142 de
1994 regula los servicios públicos domiciliarios, incluyendo el suministro de
agua potable y saneamiento básico. Más recientemente, la Ley 2111 del 2021
refleja la evolución del marco legal al fortalecer las medidas para prevenir y
sancionar actividades que afecten los recursos hídricos de manera negativa.
En este contexto,
Colombia se enfrenta a un desafío monumental: equilibrar su riqueza hídrica con
las necesidades de su población en un escenario de creciente escasez global. La
conservación se erige como el pilar central sobre el cual se debe edificar cualquier
estrategia hídrica. Proteger las cuencas hidrográficas, promover la
reforestación de áreas deforestadas y establecer zonas de amortiguamiento
alrededor de ríos y lagos son medidas cruciales. La implementación de prácticas
agrícolas sostenibles también desempeña un papel fundamental en la reducción de
la erosión y la contaminación, garantizando así la disponibilidad de agua
limpia y abundante para todos los colombianos.
Sin embargo, no basta
con conservar. La educación y la cultura ambiental deben ser pilares
fundamentales en la relación del Estado y los ciudadanos con el agua. Desde
programas educativos en todos los niveles hasta campañas de sensibilización
pública, se deben fomentar hábitos responsables y sostenibles en la
conservación y preservación de los ecosistemas hídricos. Además, la promoción
de tecnologías limpias y sistemas de tratamiento de aguas residuales es
esencial para garantizar la disponibilidad de agua segura y de calidad para
todos los sectores de la sociedad y los ecosistemas en general.
En cuanto a las
lecciones aprendidas de los conflictos pasados y presentes por el agua,
Colombia tiene mucho que considerar. La historia muestra claramente cómo la
sobreexplotación y la contaminación pueden llevar a crisis hídricas
devastadoras. La evolución de la legislación colombiana, desde el Decreto 2811
de 1974 hasta el Decreto 1090 de 2018, refleja un compromiso continuo con la
protección del agua y el ambiente.
En resumen, Colombia
se encuentra en una encrucijada donde su riqueza hídrica y las necesidades de
su población deben equilibrarse con sabiduría y visión a largo plazo. La
aplicación efectiva de su marco constitucional y legal, junto con la adopción
de políticas públicas innovadoras y sostenibles, son clave para garantizar un porvenir
donde las futuras generaciones hereden un país rico en agua y en la sabiduría
colectiva para protegerla. Solo a través de un compromiso decidido y colectivo,
Colombia podrá asegurar que el azul de su territorio continúe siendo un símbolo
de vida, esperanza y prosperidad para todos sus habitantes.
REFERENCIAS:
Constitución
Política de Colombia [C.P.]. (1991). Artículo 79 [Título II]. (2.a ed.). Legis.
Constitución
Política de Colombia [C.P.]. (1991). Artículo 332 [Título XII]. (2.a ed.).
Legis.
Constitución
Política de Colombia [C.P.]. (1991). Artículo 366 [Título XII]. (2.a ed.).
Legis.
Ley
99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y
los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental,
SINA, y se dictan otras disposiciones.
Ley
142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios.
Ley
373 de 1997. Por la cual se establece el Programa Nacional para el Uso
Eficiente y Ahorro del Agua.
Ley
2111 del 2021. Por la cual se reforma el Código Penal y el Código de
Procedimiento Penal en materia de delitos contra los recursos naturales y el
medio ambiente.
Decreto
2811 de 1974 [con fuerza de ley]. Por medio del cual se expide el Código de
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 27 de enero de
1974. D.O. No. 34243.
La educación ambiental, el cuidado de las fuentes
hídricas y la participación de las comunidades
Anderson
Duran Losada
Actualmente,
aspirante al título de doctor.
Este ensayo fue
presentado en la asignatura “POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL"
del DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL
Universidad
Surcolombiana de Neiva
El
agua es un recurso vital que desempeña un papel fundamental en la vida
cotidiana, la agricultura, la industria y el medio ambiente (Pinto,2018). Sin
embargo, su disponibilidad y calidad están amenazadas principalmente por la
actividad humana y el cambio climático. En este contexto, la percepción de la
comunidad educativa sobre la gestión del agua y la participación comunitaria
pueden influir significativamente en la conservación de los afluentes hídricos.
En consecuencia, la formación de ciudadanos con conciencia ambiental plantea la
siguiente pregunta
en este artículo: ¿Puede la educación ambiental mitigar los
efectos
negativos que la actividad
humana ha generado en las fuentes hídricas de Colombia? En este contexto,
exploraremos
cómo la educación ambiental puede convertirse en una
herramienta fundamental
para
abordar las
principales
crisis medioambientales e hídricas del país, incluso en las
zonas
más remotas.
Actualmente, en Colombia se reconoce que la educación
ambiental es el proceso de transformación más efectivo para sensibilizar a los ciudadanos
sobre la importancia de preservar los ecosistemas, se considera una herramienta
eficaz para abordar las problemáticas ambientales que incluyen las principales
fuentes hídricas del país, relacionadas con la gestión, conservación y
protección(Agudelo,2020). Por ende, se hace indispensable, transformar la
educación en un mecanismo incluyente de participación activa en pro del cuidado
de los ecosistemas. Con este propósito en mente, se diseñan por parte del
gobierno nacional proyectos de educación ambiental estableciendo criterios para
abordar las principales problemáticas, incluyendo la exploración, explotación y
manejo de los recursos naturales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de Colombia, 2018). Se trataría, entonces de poder impulsar desde
las instituciones de educación una política nacional de gestión ambiental, que
permita la distribución de los recursos económicos, y la participación
ciudadana, teniendo en cuenta que el agua y otros recursos naturales son
importantes para el impulso económico del país. Entonces estaríamos hablando de
cómo de manera inclusiva integraríamos a las comunidades en los procesos
curriculares de las instituciones educativas teniendo en cuenta el motor
económico del país. Los retos, aunque no imposible para la academia seria dotar
a cada estudiante y ciudadano de conocimientos necesarios que impulsen el
cuidado, gestión y uso responsable de los recursos naturales. Esto permitiría
un intercambio de saberes en la gestión de políticas públicas en pro de los procesos
de participación y cuidado de las fuentes hídricas, Pues es deber de todos
fomentar y gestionar políticas y normativas desde todos los sectores.
En Colombia, la regulación de la política pública en
materia ambiental ha adquirido una relevancia creciente, especialmente en lo
concerniente a la protección de ecosistemas estratégicos y la promoción de
prácticas sostenibles amparados en la Constitución Política de Colombia (Amaya
Navas, 1998). Desde una perspectiva más general, el desarrollo socioeconómico
junto con la regulación de políticas públicas y la educación ambiental están
estrechamente relacionados. Por lo tanto, la educación ambiental debería tener
una importancia tan relevante como la alfabetización en los colegios, ya que
permitiría comprender el equilibrio, de la relación entre el hombre y la
naturaleza. Esto permitiría un
intercambio de saberes en la gestión de políticas públicas en pro de los
procesos de participación y cuidado del medio ambiente. Pues es un deber de
todos fomentar y gestionar políticas y normativas desde todos los sectores. Sin embargo, un error en estas políticas ha sido la
poca participación de las comunidades y los efectos colaterales que la demanda
de recursos como el agua genera,
pues el agua es el recurso vital por
excelencia y su cuidado garantiza la vida de las futuras generaciones. En
efecto, según la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Banco Mundial, el
70% del agua dulce extraída en el planeta se destina a la agricultura.
(Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Banco Mundial, 2018).
Es importante, Que logremos entender que nuestra
participación es esencial para lograr una gestión sostenible y responsable,
pues el agua es el recurso vital por excelencia y su cuidado garantiza la vida
de las futuras generaciones. No solo se trataría de enriquecernos o satisfacer
nuestras necesidades si no como le retribuyo al medio ambiente sin destruirlo.
En Colombia, la explotación de las fuentes hídricas se
da a causa de: la generación de energía
eléctrica, la industria y la agricultura. Según datos aportados por el
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia, la
agricultura demanda un 43% del agua total disponible de las fuentes hídricas, y
el 48% de esta es destinada al riego de cultivos, donde se desperdicia debido
al desconocimiento y la falta de infraestructura y suministro casi el 90% del
agua utilizada. En este sentido, se fomentan programas de protección en función
de los componentes ambientales, políticos, económicos, y sociales, con el
objetivo de lograr un equilibrio en las demandas hídricas y la sobreexplotación
de los caudales más importantes.
En este sentido, enriquecer los programas educativos
sobre la protección del medio ambiente y el trabajo en equipo, entre
comunidades y gobierno nacional permitirá favorecer las habilidades de
liderazgo, pensamiento crítico y empatía. Las organizaciones de los programas
de educación ambiental son ajustadas por el Gobierno Nacional mediante
políticas y normativas (Lineamientos para la conformación y funcionamiento de
los consejos académicos y estudiantiles, 2016).
Este artículo se centra en plantear una propuesta de
investigación que permita evidenciar el cómo las percepciones y actitudes de la
comunidad educativa Jorge Villamil Ortega impactan en la gestión del agua
relacionada con el afluente hídrico quebrada La Honda, ubicada en el municipio
de Gigante, departamento del Huila. De modo que, sus resultados permitan
comprender el equilibrio entre desarrollo, sostenibilidad y participación
comunitaria de un ecosistema hídrico en el ámbito rural colombiano.
Por consiguiente, la presente investigación se
articula con la agenda pública de Colombia y las políticas del plan de
desarrollo sostenible del gobierno nacional pues aportara información que
permitirán contribuir a las necesidades de preservación del medio ambiente y la
promoción de prácticas sostenibles. En este contexto, la educación ambiental
emerge como un pilar fundamental del gobierno nacional para sensibilizar y
movilizar a las comunidades en la protección de los recursos naturales
(Tovar, 2011). Por lo
tanto, se pretende analizar el grado de participación de la comunidad educativa en las
iniciativas de conservación y manejo sostenible del agua en la quebrada La
Honda. De este modo, se evidenciará la interacción entre la comunidad educativa
el desarrollo económico y conservación del afluente hídrico.
De manera que, este trabajo de investigación se
fundamentara en la premisa de la gestión ambiental en la quebrada La Honda.
Puesto que esta, desempeñan un papel crucial en la provisión de servicios
ecosistémicos esenciales, tales como la regulación del clima, la conservación
de la biodiversidad y la provisión de los recursos hídricos y sus servicios
ecosistémicos. Cabe considerar, que las aguas de la quebrada las hondas son
vitales, pues estas abastecer el casco urbano de Gigante en su zona rural,
donde residen más de 2,100 personas en las veredas: La Palma, Cafetos, Cachaya,
La Floresta, Alto Corozal y Bajo Corozal, estas comunidades dependen de
aproximadamente 100 litros de agua diarios provenientes de la quebrada para
cubrir sus necesidades básicas (CAM, 2016). Sin embargo, la presión derivada
del crecimiento económico y la falta de conciencia ambiental por parte de las
comunidades aledañas y el sector productivo ponen en riesgo la salud de este
entorno y, por ende, el bienestar conjunto del ecosistema. Pará abordar esta
problemática, se pretende en primera instancia mapear la participación y las
iniciativas de conservación y manejo sostenible por parte de la comunidad
educativa Jorge Villamil Ortega (J.V.O.), en favor del recurso hídrico. Para
ello, se emplearán diversos métodos de investigación, como encuestas,
entrevistas y grupos focales, dirigidos a estudiantes, profesores y personal
administrativo, con el fin de analizar la percepción y participación de la
comunidad educativa en la gestión del agua y su relación con la Quebrada La
Honda.
Los resultados de la investigación permitirán
identificar patrones y tendencias en las actitudes y comportamientos de la
comunidad educativa frente a la protección del medio ambiente y el uso
sostenible del recurso hídrico. Asimismo, el mapeo permitirá evidenciar
posibles efectos de las actividades humanas y la gestión en la protección del
recurso hídrico, considerando variables como la percepción y participación
comunitaria, así como factores externos que puedan influir en la calidad y
disponibilidad del recurso hídrico.
En
conclusión, el análisis exhaustivo del efecto de la percepción de la comunidad
educativa J.V.O. en la gestión del agua y su participación comunitaria en la
preservación de la Quebrada Honda revela la compleja interrelación entre la
percepción, la acción y la conservación del recurso hídrico. Estos hallazgos
subrayan la importancia de adoptar un enfoque integral que aborde tanto los
aspectos perceptivos como las prácticas de gestión del agua en comunidades
rurales como la estudiada (Valladares, 2020).
Los
resultados obtenidos a partir de esta investigación ofrecen valiosa información
que puede orientar el diseño e implementación de estrategias y políticas
públicas dirigidas a promover una gestión del agua más efectiva y una
participación comunitaria más activa. Es imperativo que los organismos
gubernamentales, en colaboración con las comunidades educativas, organizaciones
sociales, grupos ecológicos y líderes comunitarios, desarrollen iniciativas que
fomenten la conciencia ambiental, la responsabilidad compartida y la acción
colectiva en la protección de los recursos hídricos.
Asimismo,
se destaca la necesidad de considerar el agua como un factor clave para el
desarrollo económico y el bienestar de las comunidades rurales. La conservación
de las fuentes hídricas no solo garantiza la disponibilidad de agua potable
para las generaciones presentes y futuras, sino que también puede impulsar
actividades económicas sostenibles, como el turismo ecológico y la agricultura
responsable.
En
síntesis, esta propuesta de investigación representa un paso significativo
hacia la comprensión de los desafíos y oportunidades relacionados con la
gestión del agua en contextos rurales. Se espera que sus conclusiones inspiren
acciones concretas que contribuyan a la conservación de las fuentes hídricas y
al desarrollo sostenible de las comunidades locales, promoviendo así un futuro
más próspero y equitativo para todos.
Referencias
Agudelo, D.
(2020). participacion de ciudadanos en la gestion del agua en colombia:analisis
de las dinamicas locales en la cuenca del rio medellin. Estudios Sociales ,
18-31.
Amaya Navas, O. D. (1998). La protección
al medio ambiente en la Constitución Política de 1991. Bogota.
CAM.
(2016). Ajustes al Plan de Manejo Ambiental, polígono y zonificación del
Parque Natural Cerro Páramo de Miraflores 'Rigoberto Urriago.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.
(2018). Programa Nacional de Educación Ambiental para la Gestión Integral
del Recurso Agua. Obtenido de
https://www.minambiente.gov.co/images/GIRH/Programas_Y_Proyectos/Programa_Nacional_de_Educacion_Ambiental_para_la_Gestion_Integral_del_Recurso_Agua.pdf.
Nacional,
M. d. (2016). Lineamientos para la conformación y funcionamiento de los
Consejos Académicos y Estudiantiles. Obtenido de
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Banco Mundial. (2018). Fact Sheet: Water in Agriculture.
Pinto, A. P. (2018). Agua-Territorio en América Latina:
Contribuciones a partir del análisis de estudios sobre conflictos hídricos en
Chile. Revista Ropturas, 8.
Tovar, L. P. (2011). Percepciones ambientales de los
habitantes del Parque Natural Regional Cerro Páramo de Miraflores. Tesis
(Magíster en Ecología y Gestión de Ecosistemas Estratégicos), Universidad
Surcolombiana, Huila, Neiva. Recuperado el 04 de 2023
. Valladares, C. V. (2020). Nuevas determinantes para
comprender los alcances de la ruralidad: representaciones del cambio climático
en la agricultura familiar campesina. Boletín de Estudios Geográficos.(
2525-1813), 22.
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA
SOSTENIBILIDAD: una práctica desde los pueblos indígenas
Zayra Milena
Botina García
Actualmente,
aspirante al título de doctor.
Este ensayo fue
presentado en la asignatura “POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL"
del DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL
Universidad Surcolombiana de Neiva
(Se publica previa autorización del autor)
Estamos ante “…una nueva
esquizofrenia: protegemos el ambiente «natural» y degradamos cada vez más el
ambiente en el que vivimos” (Mayer, 1998, 220)
Es evidente,
la preocupación a nivel mundial, del accionar del hombre frente al deterioro
ambiental; “la causa principal es que se están produciendo cambios drásticos y
sin precedentes y que la humanidad es directamente responsable” (Organización, 2020,
p.10). En su afán de acumular capital el homo industrialis, a acudido a
acciones como la sobre explotación y mal uso de los recursos naturales. De esta
manera, se manifiesta la obtención económica mediante la superproducción y
consumo, adoptada por una sociedad globalizada en la que se anteponen los
beneficios lucrativos antes que los de conservación; dicha problemática, ha
invadido los diversos escenarios (social, cultural, económico, científico,
educativo, político, ético y tecnológico) convirtiéndose por ello en un aspecto
de importancia global.
Es por eso, que se hace necesario el cambio de
prácticas, a través de la educación tal como ya lo dispone la Constitución
Política de Colombia [Const]. Art. 67. 7 de julio de 1991 donde considera que
es la principal herramienta de formación para el mejoramiento cultural y la
protección del ambiente, debido a que estamos llegando a un punto donde la
ética planetaria hace cada vez más presente las actividades y el comportamiento
de todos los seres humanos, del ser individual y de sus colectividades (Boff,
2001).
Así mismo,
la Ley General de Educación numeral 10 declara como uno de los fines de
la educación
la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación (L. 115, 1994, art 5)
Emerge
entonces la educación y especialmente la Educación Ambiental (EA), como una de
las respuestas frente a la mencionada crisis ecológica. La EA se define en el
artículo 1 de la Ley 1549 (2012) como un proceso activo e inclusivo donde todos
los individuos debemos pensar de una manera crítica sobre las problemáticas
ambientales del territorio. Se potencializa como herramienta clave para que la
sociedad interprete y analice las reacciones de la naturaleza, reconociendo que
el entorno natural tiene capacidad limitada para la regeneración, convirtiendo
a muchos de nuestros recursos naturales en finitos.
Frente a este panorama crítico por el que
atraviesa la biosfera, en el campo educativo juega un papel fundamental la
actualmente conocida Educación Ambiental para la Sostenibilidad (EApS).
Entendida ésta, según Aguilera (2018), como un mecanismo de cambio y conciencia
en busca de soluciones a problemáticas ambientales en el mundo globalizado, que
se convierte en un factor determinante para lograr el desarrollo y
supervivencia de la sociedad (Hayk y Carrión, 2021). De tal manera que se pueda
“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias
necesidades y aspiraciones” (Informe de Brundtland,1987, p. 8.).
Vistiéndose, como vía promisoria para que la
sociedad, reconozca el valor sistémico del ambiente y lo que él ofrece (Flores
y Mosquera, 2013). En tal sentido, y como señala Novo (2009):
Si entendemos la sostenibilidad como una meta que
persigue nuestra especie para mantener de forma armónica la sociedad humana
sobre el planeta, tomaremos esta idea como un horizonte que nos sirve para
organizarnos no sólo en el corto y medio plazo, sino también a largo plazo,
buscando salvaguardar y preparar una buena calidad de vida para las
generaciones futuras (p.5).
No obstante, aunque son numerosos los estudios,
advertencias y propuestas de acción, para mitigar las problemáticas ambientales
(Nay y Cordero, 2019). Aún no se logra apropiar en la sociedad los valores
adecuados para hacer frente a dichas problemáticas. Quizá, la causa principal
de ello sea la falta de concienciación del ser humano sobre la importancia del
ambiente, por lo que es necesario, una trasformación fundamental en la visión
que la sociedad tiene del mundo (Espejel y Flores, 2012). Esto implica pensar
en un cambio de paradigma, en el que aspectos como la educación, ciencia,
economía, política, el mundo físico y cultural se contemplen desde una visión
sistémica para el desarrollo y bienestar de los habitantes del planeta.
Es así, que se hace necesario realizar un
diálogo intercultural donde las cosmovisiones de los pueblos indígenas se
integren en la práctica de la educación ambiental sostenible tomando como
principio que la naturaleza y el hombre son uno solo, atendiendo así al
artículo 22 de la ley 99 de 1993 donde hace alusión al “fomento y difusión de
la experiencia ambiental de las culturas tradicionales”, teniendo en cuenta sus
conocimientos, técnicas y experiencias para fortalecer la cultura ambiental; tal
como lo sostiene Ulloa (2007) “en particular, los pueblos indígenas alrededor
del mundo están situando sus percepciones, concepciones y prácticas acerca de
la naturaleza como alternativas frente a los actuales cambios ambientales” ( p.304
)
Considerar los saberes de los índigenas como
una posibilidad para recuperar la relación armónica entre la naturaleza y el
ser humano obtiene gran importancia en la medida que nos compromete a cuidar y
preservar lo que nos rodea. En ese entendido, se puede reconocer que “los
pueblos indígenas tienen un arraigo con el territorio que va más allá de la
concepción material de las cosas, sus principios están basados en la
cosmovisión, la relación del hombre con la tierra” (Cardona, 2006, p.3a)
Entonces, se debe reconocer que necesitamos adquirir de manera urgente conciencia, valores, técnicas y comportamientos ecológicos y éticos que nos hagan volver la mirada al territorio como la única morada que debemos cuidar y preservar para poder compartirla con las futuras generaciones dándole “aplicabilidad a los principios que establecen los pueblos indígenas mediante lo mítico, lo sagrado, lo espiritual y lo cosmogónico, que es la fuente de la vida” (Cardona, 2006, p.4b)
REFERENCIAS
Aguilera, R. (2018): La educación ambiental, una estrategia adecuada para el desarrollo sostenible de las comunidades, Revista DELOS Desarrollo Local Sostenible n.31 (febrero 2018). En línea:https://www.eumed.net/rev/delos/31/roberto-aguilera.html
//hdl.handle.net/20.500.11763/delos31roberto-aguilera
Ministerio
de Educación Nacional. (1994, 8 de febrero). Ley 115 de 1994. Recuperado
de https://www.mineducacion.gov.co/articles-8590...
La
política pública como potenciador de la educación ambiental en Colombia
Faruk René
Chávarro Gómez
Actualmente,
aspirante al título de doctor.
Este ensayo fue
presentado en la asignatura “POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL"
del DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL
Universidad
Surcolombiana de Neiva
(Se publica previa autorización del autor)
La Constitución Política de Colombia en su artículo 8
indica: “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación”, así mismo, muchos autores que han
dedicado gran trayectoria de su vida en el estudio de las políticas ambientales
señalan lo siguiente: Amaya Navas (1998), “la carga que tiene el Estado de realizar
todo lo que esté a su alcance para proteger el patrimonio ecológico y cultural
de la nacionalidad colombiana. Carga que constitucionalmente se extiende a las
personas” (p.4), lo que quiere decir, que todos somos responsables del
patrimonio natural de la nación; acto que nos debe generar conciencia y preocupación
por la conservación del medio ambiente, a través de la promoción de prácticas
sostenibles, de políticas públicas que jueguen un papel crucial en la promoción
y fortalecimiento de la educación ambiental.
Colombia, un país rico en biodiversidad pero también con
desafíos ambientales significativos, por lo que las políticas públicas
relacionadas con la educación ambiental se vienen construyendo a través de
referentes internacionales, permitiendo abordar desafíos y logrando escalar al desarrollo sostenible como
eje central de crecimiento del país.
Las políticas
públicas proporcionan una normatividad que el estado debe aplicar en favor del bienestar
de la población y de los recursos naturales, por lo que se reconoce la
importancia de la educación ambiental y define las responsabilidades de los
diferentes actores, desde el gobierno hasta la sociedad civil y el sector
privado. Este respaldo jurídico es fundamental para la implementación efectiva
de programas, proyectos y planes de manejo ambiental. Además, estas políticas
facilitan la coordinación y articulación de esfuerzos entre diversas entidades
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y
otros actores involucrados en la educación ambiental; además de los esfuerzos
que permiten aprovechar de manera más racional los recursos naturales
disponibles.
Un aspecto crucial es la asignación de capital para la
implementación de programas de educación ambiental, lo cual garantizaría la
disponibilidad de recursos para actividades como capacitación de la población,
desarrollo de materiales educativos y realización de campañas de
sensibilización, entre otros. Se hace necesario mencionar que la promoción de
la participación ciudadana es otro aspecto esencial de las políticas públicas
para la educación ambiental; facilitando la colaboración entre el gobierno, las
comunidades locales e indígenas y la población en general; creando espacios de
diálogo y consulta pública.
Por otro parte, estas políticas promueven la integración
de la educación ambiental en el sistema educativo, asegurando que sea parte
integral del proceso pedagógico, desde la enseñanza básica hasta la superior, contribuyendo
así, a formar ciudadanos activos, conscientes, responsables y comprometidos con
la protección del medio ambiente; tal como lo dice, Cardona González (2009), “existe
el desafío de reinventar de forma creativa, lúdica, pedagógica, nuestra manera
de entender y relacionarnos con el medio natural que nos rodea” (p.222).
Cabe necesario resaltar, la importancia que tiene la
educación ambiental como herramienta educativa principal para la protección del
medio ambiente y el desarrollo sostenible. Colombia, siendo un país mega-diverso,
enfrenta desafíos internos como la pérdida de la biodiversidad, la
contaminación de sus aguas y desafíos globales cómo el cambio climático, que
requieren una respuesta coordinada y efectiva a través de políticas públicas
sólidas en educación ambiental. Finalmente, se hace necesario indicar la
importancia de una política pública que fomente una cultura ambiental en la
sociedad colombiana, donde el respeto por la naturaleza y la adopción de
comportamientos responsables hacia el medio ambiente sean parte integral de la
vida cotidiana.
Ahora bien, las
políticas públicas y la educación ambiental han evolucionado a lo largo de los
años, pues con la promulgación de la constitución y la ratificación de tratados
internacionales, el estado colombiano ha abordado los problemas ambientales con
el fin de promover el desarrollo sostenible cómo eje de progreso del país, tal
como lo estipula la Ley general ambiental, donde el desarrollo sostenible se
define como el “crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida
y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en
que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias
necesidades” (Ley 99,1993,art. 3). Por ende, se hace una invitación a reflexionar sobre el
fortalecimiento de la educación ambiental, a través de la eficacia de las
políticas públicas dadas por el estado, pues existen algunos aspectos que profundizarse
y mejorarse, para generar cambios al interior de las acciones ambientales. Se
pone en consideración los siguientes aspectos para debatir y evaluar.
·
Un nuevo
marco normativo y legal, más contextualizado y actualizado, que reconozca la
importancia de la educación ambiental y su eficacia, definiendo las
responsabilidades de los diferentes actores, incluido el gobierno, las
instituciones educativas, la sociedad civil y el sector privado; a través de la
implementación de nuevos programas, proyectos y planes de manejo desde el
ámbito ambiental.
·
Coordinar
y articular los esfuerzos entre diferentes entidades gubernamentales,
organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y otros actores
involucrados en la educación ambiental, para la protección de los ecosistemas y
lo recursos naturales del país.
·
Realizar
las asignaciones presupuestales específicas, que permita la implementación de
programas de educación ambiental, que garantice la realización de actividades y
acciones en beneficio del entorno natural.
·
Fomentar
la participación ciudadana, es decir, el diálogo y la consulta entre el
gobierno, las comunidades locales, los indígenas, los jóvenes, los ciudadanos
en general.
· Establecer lineamientos y criterios para la integración de la educación ambiental en el currículo escolar en todos los niveles educativos, garantizando que lo ambiental sea parte integral y funcional del proceso educativo.
·
Contribuir
a formar ciudadanos socialmente activos, conscientes, responsables y
comprometidos con la protección del medio ambiente.
Finalmente, “la educación ambiental tiene un importante
papel que jugar a la hora de afrontar este desafío, promoviendo un
re-aprendizaje caracterizado por la anticipación y participación que permita no
sólo comprender, sino también implicarse en aquello que queremos entender” (Cardona,
2005, p.58). Lo que nos lleva a indicar que la educación ambiental, día a día
se debe evaluar y reinventar, basado en las políticas públicas actuales, todo
lo anterior, como ejercicio evaluativo para potenciar aspectos que contribuyan a
construir una postura ambiental y por ende una cultura ambiental, hechos que en
la actualidad no se dan y que no hacen parte de la conciencia de los
colombianos. A continuación, se resaltan algunos aspectos que desde la
educación ambiental y que desde las políticas públicas, contribuirían a un mejoramiento
en el tema educativo y ambiental en el país:
·
Protección
del medio ambiente: La educación ambiental podría contribuir a potenciar la
conciencia sobre la importancia de proteger y conservar el medio y los recursos
naturales con nuevas estrategias contextualizadas.
·
Desarrollo
sostenible: La educación ambiental es fundamental para promover un desarrollo
sostenible que satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.
·
Compromiso
ciudadano: La educación ambiental puede empoderar a los ciudadanos para que se
conviertan en defensores del medio ambiente y agentes de cambio en sus comunidades
si se permite el diálogo, la consulta y la acción, además del apoyo a
iniciativas ambientales de las comunidades.
·
Compromisos
internacionales: El estado con la ratificación de los tratados internacionales,
puede fomentar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, fortaleciendo las
acciones ambientales y potencializando la participación ciudadana, para la implementación
de medidas de mitigación y adaptación.
Como conclusión, se puede señalar que esta puesta en
escena, pretende poner en consideración la necesidad de reflexionar sobre las
políticas públicas y su relación con la educación ambiental, la cual es una
herramienta poderosa de cambio y transformación pero que no es ni efectiva, ni
eficaz en la solución de los problemas ambientales actuales del país.
Referencias
Amaya Navas, O. D. (Mayo de 1998). onedrive.live.com.
Recuperado el 3 de 4 de 2024, de onedrive.live.com:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AqPx61ViFFVCGrs&cid=62D3D54A3ED6AEEC&id=62D3D54A3ED6AEEC%219954&parId=62D3D54A3ED6AEEC%219747&o=OneUp
Cardona, González. A.H. “Fundamentos, historia y
normatividad de la educación ambiental”, en aa.vv. Lecturas sobre Derecho
del Medio Ambiente, t vi, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2005
Cardona González, A. H., Educación Ambiental:
conceptos, análisis y relación con el derecho ambiental. “LECTURAS SOBRE DERECHO AL
MEDIO AMBIENTE”, TOMO IX, Universidad Externado de Colombia, 2009. Bogotá.
Congreso de la
Republica de Colombia. (22 de diciembre de 1993). Ley General ambiental de
Colombia. [Ley 99 de 1993]. https://onedrive.live.com/?authkey=%21AqPx61ViFFVCGrs&cid=62D3D54A3ED6AEEC&id=62D3D54A3ED6AEEC%219973&parId=62D3D54A3ED6AEEC%219754&o=OneUp
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