Agua para Colombia: equilibrio entre riqueza hídrica y bienestar social

 Jaiver Vladimir Quesada Hernández

Actualmente, aspirante al título de doctor.

Este ensayo fue presentado en la asignatura “POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL" del DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

Universidad Surcolombiana de Neiva

(Se publica previa autorización del autor)

En un mundo donde el azul de nuestro planeta se oscurece por la sombra de la escasez, Colombia se erige como un bastión de esperanza hídrica. Su marco constitucional y legal proporciona los cimientos esenciales para la protección y gestión sostenible de sus abundantes recursos hídricos. Desde las majestuosas cumbres andinas hasta las serenas llanuras costeras, el agua fluye como un vívido símbolo de vida y prosperidad para este país suramericano. Sin embargo, esta promesa de abundancia se ve amenazada por desafíos crecientes, como la tala indiscriminada, la urbanización descontrolada y una creciente presión demográfica.

 

El análisis crítico de la legislación vigente revela la sólida base sobre la cual Colombia ha construido su enfoque hacia la gestión hídrica. La Constitución Política de 1991 establece claramente los derechos fundamentales de todas las personas a un ambiente sano y la responsabilidad del Estado en garantizar el acceso a servicios básicos, incluyendo el agua potable. (Constitución Política de Colombia, 1991, art 79 y art 366).

 

En el territorio colombiano, estas orientaciones constitucionales han sido importantes para establecer políticas y programas que buscan garantizar el acceso equitativo al agua potable y la preservación de los recursos hídricos en todo el país. No obstante, perduran retos en la ejecución efectiva de estas normas, especialmente en regiones rurales y comunidades vulnerables.

 

Por otro lado, el Estado tiene la responsabilidad de gestionar los recursos naturales de manera sostenible, incluyendo los recursos hídricos para preservarlas para las generaciones futuras (Constitución Política de Colombia, 1991, art 332). Esta disposición legal cobra relevancia en situaciones reales como la explotación de minerales y petróleo. El Estado debe gestionar estos recursos de manera sostenible, considerando su agotabilidad y los impactos ambientales.

 

 Estas disposiciones constitucionales forman el marco teórico y normativo dentro del cual se deben desarrollar políticas y acciones para garantizar un equilibrio entre la riqueza hídrica y las necesidades de la población.

 

En el ámbito legal, Colombia cuenta con leyes clave que respaldan su compromiso con la protección del agua. La Ley 99 de 1993 establece el Sistema Nacional Ambiental (SINA), un mecanismo fundamental de gobernanza ambiental que incluye la protección de los recursos hídricos. Asimismo, la Ley 373 de 1997 enfatiza el uso eficiente y la gestión integrada del agua en todas las actividades económicas. La Ley 142 de 1994 regula los servicios públicos domiciliarios, incluyendo el suministro de agua potable y saneamiento básico. Más recientemente, la Ley 2111 del 2021 refleja la evolución del marco legal al fortalecer las medidas para prevenir y sancionar actividades que afecten los recursos hídricos de manera negativa.

 

En este contexto, Colombia se enfrenta a un desafío monumental: equilibrar su riqueza hídrica con las necesidades de su población en un escenario de creciente escasez global. La conservación se erige como el pilar central sobre el cual se debe edificar cualquier estrategia hídrica. Proteger las cuencas hidrográficas, promover la reforestación de áreas deforestadas y establecer zonas de amortiguamiento alrededor de ríos y lagos son medidas cruciales. La implementación de prácticas agrícolas sostenibles también desempeña un papel fundamental en la reducción de la erosión y la contaminación, garantizando así la disponibilidad de agua limpia y abundante para todos los colombianos.

 

Sin embargo, no basta con conservar. La educación y la cultura ambiental deben ser pilares fundamentales en la relación del Estado y los ciudadanos con el agua. Desde programas educativos en todos los niveles hasta campañas de sensibilización pública, se deben fomentar hábitos responsables y sostenibles en la conservación y preservación de los ecosistemas hídricos. Además, la promoción de tecnologías limpias y sistemas de tratamiento de aguas residuales es esencial para garantizar la disponibilidad de agua segura y de calidad para todos los sectores de la sociedad y los ecosistemas en general.

 

En cuanto a las lecciones aprendidas de los conflictos pasados y presentes por el agua, Colombia tiene mucho que considerar. La historia muestra claramente cómo la sobreexplotación y la contaminación pueden llevar a crisis hídricas devastadoras. La evolución de la legislación colombiana, desde el Decreto 2811 de 1974 hasta el Decreto 1090 de 2018, refleja un compromiso continuo con la protección del agua y el ambiente.

 

En resumen, Colombia se encuentra en una encrucijada donde su riqueza hídrica y las necesidades de su población deben equilibrarse con sabiduría y visión a largo plazo. La aplicación efectiva de su marco constitucional y legal, junto con la adopción de políticas públicas innovadoras y sostenibles, son clave para garantizar un porvenir donde las futuras generaciones hereden un país rico en agua y en la sabiduría colectiva para protegerla. Solo a través de un compromiso decidido y colectivo, Colombia podrá asegurar que el azul de su territorio continúe siendo un símbolo de vida, esperanza y prosperidad para todos sus habitantes.

 

REFERENCIAS:

 

Constitución Política de Colombia [C.P.]. (1991). Artículo 79 [Título II]. (2.a ed.). Legis.

Constitución Política de Colombia [C.P.]. (1991). Artículo 332 [Título XII]. (2.a ed.). Legis.

Constitución Política de Colombia [C.P.]. (1991). Artículo 366 [Título XII]. (2.a ed.). Legis.

Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios.

Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el Programa Nacional para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua.

Ley 2111 del 2021. Por la cual se reforma el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal en materia de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Decreto 2811 de 1974 [con fuerza de ley]. Por medio del cual se expide el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 27 de enero de 1974. D.O. No. 34243.