Educación ambiental y la preservación de las hormigas arrieras en la vereda Juancho del municipio de Íquira (Huila)

 

José Vicente Quimbaya Torres

Actualmente, aspirante al título de doctor.

Este ensayo fue presentado en la asignatura “POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL" del DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

Universidad Surcolombiana de Neiva

(Se publica previa autorización del autor)

  

En un mundo donde la biodiversidad enfrenta numerosas amenazas, es esencial adoptar enfoques innovadores y sostenibles para la conservación del medio ambiente. En Colombia, la protección de la biodiversidad está respaldada por una sólida base legal y normativa, que incluye la Constitución Política, leyes, decretos y jurisprudencia. Además, eventos internacionales como la Conferencia de Estocolmo y la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro han establecido principios fundamentales para la protección ambiental a nivel global. En este contexto, la educación ambiental emerge como una herramienta indispensable para promover la conciencia y la acción en favor del medio ambiente, y puede desempeñar un papel crucial en la investigación doctoral sobre las hormigas arrieras en la Vereda Juancho, Íquira (Huila).

 

En Colombia, la protección del medio ambiente está respaldada por una amplia gama de leyes y normativas que establecen los deberes del Estado y los derechos de los ciudadanos en relación con la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental. La Constitución Política de Colombia reconoce el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y establece el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente (Artículo 79). Este marco constitucional proporciona el fundamento legal para la investigación y conservación de especies como las hormigas arrieras, cuyo papel ecológico es crucial en los ecosistemas tropicales y subtropicales. Además, la Ley 99 de 1993 establece el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y define los principios para la gestión del medio ambiente en el país. Esta ley establece los lineamientos para la planificación y gestión ambiental, así como para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales. Asimismo, la Ley 165 de 1994 establece el régimen de protección y manejo de las áreas de especial importancia ecológica, contribuyendo a la conservación de los hábitats de especies como las hormigas arrieras. La jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia también ha jugado un papel importante en el desarrollo del marco legal ambiental del país. A través de diversas sentencias, la Corte ha interpretado y aplicado los principios constitucionales relacionados con el medio ambiente, destacando la importancia de proteger la biodiversidad y promover el desarrollo sostenible. Por ejemplo, la Corte Constitucional (Sentencia T-622 de 2016) establece la obligación del Estado de proteger las especies en peligro de extinción y sus hábitats, garantizando su conservación y restauración. Esta sentencia reconoce la importancia de conservar la diversidad biológica como base para el desarrollo sostenible y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.

 

En Colombia, al igual que otros países, ha participado activamente en eventos internacionales y ha ratificado diversos tratados y acuerdos que establecen compromisos en materia ambiental. Estos eventos y compromisos globales han sentado las bases para la protección ambiental a nivel internacional y han influido en la legislación y políticas ambientales a nivel nacional. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, fue el primer evento internacional de gran envergadura dedicado exclusivamente a cuestiones ambientales. La Declaración de Estocolmo estableció los principios básicos para la conservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, sentando las bases para futuros acuerdos internacionales en esta área. La Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, fue otro hito importante en la historia de la protección ambiental a nivel global. En esta conferencia, se adoptaron la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, así como la Agenda 21, que establecieron objetivos y acciones concretas para promover el desarrollo sostenible a nivel mundial. Además, en la Cumbre de la Tierra se negociaron y adoptaron varios convenios internacionales sobre temas ambientales, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Estos acuerdos internacionales establecen compromisos específicos para la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático, entre otros temas. Colombia ha ratificado varios de estos convenios internacionales y ha adoptado medidas para cumplir con los compromisos adquiridos. Por ejemplo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica se ratificó mediante la Ley 165 de 1994, que establece el marco jurídico para la conservación de la biodiversidad en el país.

 

La educación ambiental desempeña un papel fundamental en la conservación de las hormigas arrieras y otros aspectos de la biodiversidad. Al involucrar a la comunidad local en la comprensión y apreciación de estas especies, se puede fomentar una mayor conciencia sobre su importancia ecológica y promover prácticas de convivencia armoniosa. Además, la educación ambiental puede empoderar a la comunidad local para que participe activamente en la conservación de la biodiversidad y en la adopción de medidas de adaptación al cambio climático. Un aspecto clave de la educación ambiental es la sensibilización sobre la importancia de las hormigas arrieras en el ecosistema. Estos insectos desempeñan un papel crucial en la fertilización del suelo y en la dispersión de semillas, lo que contribuye al mantenimiento de la biodiversidad y la salud de los ecosistemas. Al informar a la comunidad sobre estos beneficios ecológicos, se puede cambiar la percepción de las hormigas arrieras como plagas y fomentar prácticas de convivencia que promuevan su conservación. Estrategias como el manejo integrado de plagas y el uso de métodos de control no químicos pueden ayudar a reducir la dependencia de los insecticidas y a mitigar los impactos negativos en el medio ambiente y la salud humana.

 

La investigación y conservación de las hormigas arrieras en la Vereda Juancho, Íquira (Huila), se beneficia significativamente de la integración de la educación ambiental en el proceso. A través de estrategias de sensibilización y participación comunitaria, se puede promover una mayor conciencia sobre la importancia de estas especies y fomentar prácticas de convivencia armoniosa entre las comunidades locales y el ecosistema. La educación ambiental permite abordar percepciones erróneas sobre las hormigas arrieras y promover prácticas agrícolas sostenibles que minimicen el conflicto entre estos insectos y los cultivos. Al informar a la comunidad sobre los beneficios ecológicos de las hormigas arrieras y las consecuencias negativas de los métodos de control convencionales, se puede cambiar la percepción de estas especies como plagas y promover su conservación. Además, la educación ambiental empodera a la comunidad local para que participe activamente en la conservación de especies como las hormigas arrieras y su hábitat.

 

Referencias:

 

- Constitución Política de Colombia (1991).

- Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992).

- Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (1972).

- Sentencia T-622 de 2016. Corte Constitucional de Colombia.

- Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

 

- Ley 165 de 1994. Por la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.

Agua para Colombia: equilibrio entre riqueza hídrica y bienestar social

 Jaiver Vladimir Quesada Hernández

Actualmente, aspirante al título de doctor.

Este ensayo fue presentado en la asignatura “POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL" del DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

Universidad Surcolombiana de Neiva

(Se publica previa autorización del autor)

En un mundo donde el azul de nuestro planeta se oscurece por la sombra de la escasez, Colombia se erige como un bastión de esperanza hídrica. Su marco constitucional y legal proporciona los cimientos esenciales para la protección y gestión sostenible de sus abundantes recursos hídricos. Desde las majestuosas cumbres andinas hasta las serenas llanuras costeras, el agua fluye como un vívido símbolo de vida y prosperidad para este país suramericano. Sin embargo, esta promesa de abundancia se ve amenazada por desafíos crecientes, como la tala indiscriminada, la urbanización descontrolada y una creciente presión demográfica.

 

El análisis crítico de la legislación vigente revela la sólida base sobre la cual Colombia ha construido su enfoque hacia la gestión hídrica. La Constitución Política de 1991 establece claramente los derechos fundamentales de todas las personas a un ambiente sano y la responsabilidad del Estado en garantizar el acceso a servicios básicos, incluyendo el agua potable. (Constitución Política de Colombia, 1991, art 79 y art 366).

 

En el territorio colombiano, estas orientaciones constitucionales han sido importantes para establecer políticas y programas que buscan garantizar el acceso equitativo al agua potable y la preservación de los recursos hídricos en todo el país. No obstante, perduran retos en la ejecución efectiva de estas normas, especialmente en regiones rurales y comunidades vulnerables.

 

Por otro lado, el Estado tiene la responsabilidad de gestionar los recursos naturales de manera sostenible, incluyendo los recursos hídricos para preservarlas para las generaciones futuras (Constitución Política de Colombia, 1991, art 332). Esta disposición legal cobra relevancia en situaciones reales como la explotación de minerales y petróleo. El Estado debe gestionar estos recursos de manera sostenible, considerando su agotabilidad y los impactos ambientales.

 

 Estas disposiciones constitucionales forman el marco teórico y normativo dentro del cual se deben desarrollar políticas y acciones para garantizar un equilibrio entre la riqueza hídrica y las necesidades de la población.

 

En el ámbito legal, Colombia cuenta con leyes clave que respaldan su compromiso con la protección del agua. La Ley 99 de 1993 establece el Sistema Nacional Ambiental (SINA), un mecanismo fundamental de gobernanza ambiental que incluye la protección de los recursos hídricos. Asimismo, la Ley 373 de 1997 enfatiza el uso eficiente y la gestión integrada del agua en todas las actividades económicas. La Ley 142 de 1994 regula los servicios públicos domiciliarios, incluyendo el suministro de agua potable y saneamiento básico. Más recientemente, la Ley 2111 del 2021 refleja la evolución del marco legal al fortalecer las medidas para prevenir y sancionar actividades que afecten los recursos hídricos de manera negativa.

 

En este contexto, Colombia se enfrenta a un desafío monumental: equilibrar su riqueza hídrica con las necesidades de su población en un escenario de creciente escasez global. La conservación se erige como el pilar central sobre el cual se debe edificar cualquier estrategia hídrica. Proteger las cuencas hidrográficas, promover la reforestación de áreas deforestadas y establecer zonas de amortiguamiento alrededor de ríos y lagos son medidas cruciales. La implementación de prácticas agrícolas sostenibles también desempeña un papel fundamental en la reducción de la erosión y la contaminación, garantizando así la disponibilidad de agua limpia y abundante para todos los colombianos.

 

Sin embargo, no basta con conservar. La educación y la cultura ambiental deben ser pilares fundamentales en la relación del Estado y los ciudadanos con el agua. Desde programas educativos en todos los niveles hasta campañas de sensibilización pública, se deben fomentar hábitos responsables y sostenibles en la conservación y preservación de los ecosistemas hídricos. Además, la promoción de tecnologías limpias y sistemas de tratamiento de aguas residuales es esencial para garantizar la disponibilidad de agua segura y de calidad para todos los sectores de la sociedad y los ecosistemas en general.

 

En cuanto a las lecciones aprendidas de los conflictos pasados y presentes por el agua, Colombia tiene mucho que considerar. La historia muestra claramente cómo la sobreexplotación y la contaminación pueden llevar a crisis hídricas devastadoras. La evolución de la legislación colombiana, desde el Decreto 2811 de 1974 hasta el Decreto 1090 de 2018, refleja un compromiso continuo con la protección del agua y el ambiente.

 

En resumen, Colombia se encuentra en una encrucijada donde su riqueza hídrica y las necesidades de su población deben equilibrarse con sabiduría y visión a largo plazo. La aplicación efectiva de su marco constitucional y legal, junto con la adopción de políticas públicas innovadoras y sostenibles, son clave para garantizar un porvenir donde las futuras generaciones hereden un país rico en agua y en la sabiduría colectiva para protegerla. Solo a través de un compromiso decidido y colectivo, Colombia podrá asegurar que el azul de su territorio continúe siendo un símbolo de vida, esperanza y prosperidad para todos sus habitantes.

 

REFERENCIAS:

 

Constitución Política de Colombia [C.P.]. (1991). Artículo 79 [Título II]. (2.a ed.). Legis.

Constitución Política de Colombia [C.P.]. (1991). Artículo 332 [Título XII]. (2.a ed.). Legis.

Constitución Política de Colombia [C.P.]. (1991). Artículo 366 [Título XII]. (2.a ed.). Legis.

Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios.

Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el Programa Nacional para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua.

Ley 2111 del 2021. Por la cual se reforma el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal en materia de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Decreto 2811 de 1974 [con fuerza de ley]. Por medio del cual se expide el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 27 de enero de 1974. D.O. No. 34243.

La educación ambiental, el cuidado de las fuentes hídricas y la participación de las comunidades

 

Anderson Duran Losada

Actualmente, aspirante al título de doctor.

Este ensayo fue presentado en la asignatura “POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL" del DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

Universidad Surcolombiana de Neiva

(Se publica previa autorización del autor) 

 

El agua es un recurso vital que desempeña un papel fundamental en la vida cotidiana, la agricultura, la industria y el medio ambiente (Pinto,2018). Sin embargo, su disponibilidad y calidad están amenazadas principalmente por la actividad humana y el cambio climático. En este contexto, la percepción de la comunidad educativa sobre la gestión del agua y la participación comunitaria pueden influir significativamente en la conservación de los afluentes hídricos. En consecuencia, la formación de ciudadanos con conciencia ambiental plantea la siguiente pregunta en este artículo: ¿Puede la educación ambiental mitigar los efectos negativos que la actividad humana ha generado en las fuentes hídricas de Colombia? En este contexto, exploraremos cómo la educación ambiental puede convertirse en una herramienta fundamental para abordar las principales crisis medioambientales e hídricas del país, incluso en las zonas más remotas.

Actualmente, en Colombia se reconoce que la educación ambiental es el proceso de transformación más efectivo para sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de preservar los ecosistemas, se considera una herramienta eficaz para abordar las problemáticas ambientales que incluyen las principales fuentes hídricas del país, relacionadas con la gestión, conservación y protección(Agudelo,2020). Por ende, se hace indispensable, transformar la educación en un mecanismo incluyente de participación activa en pro del cuidado de los ecosistemas. Con este propósito en mente, se diseñan por parte del gobierno nacional proyectos de educación ambiental estableciendo criterios para abordar las principales problemáticas, incluyendo la exploración, explotación y manejo de los recursos naturales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, 2018). Se trataría, entonces de poder impulsar desde las instituciones de educación una política nacional de gestión ambiental, que permita la distribución de los recursos económicos, y la participación ciudadana, teniendo en cuenta que el agua y otros recursos naturales son importantes para el impulso económico del país. Entonces estaríamos hablando de cómo de manera inclusiva integraríamos a las comunidades en los procesos curriculares de las instituciones educativas teniendo en cuenta el motor económico del país. Los retos, aunque no imposible para la academia seria dotar a cada estudiante y ciudadano de conocimientos necesarios que impulsen el cuidado, gestión y uso responsable de los recursos naturales. Esto permitiría un intercambio de saberes en la gestión de políticas públicas en pro de los procesos de participación y cuidado de las fuentes hídricas, Pues es deber de todos fomentar y gestionar políticas y normativas desde todos los sectores.

En Colombia, la regulación de la política pública en materia ambiental ha adquirido una relevancia creciente, especialmente en lo concerniente a la protección de ecosistemas estratégicos y la promoción de prácticas sostenibles amparados en la Constitución Política de Colombia (Amaya Navas, 1998). Desde una perspectiva más general, el desarrollo socioeconómico junto con la regulación de políticas públicas y la educación ambiental están estrechamente relacionados. Por lo tanto, la educación ambiental debería tener una importancia tan relevante como la alfabetización en los colegios, ya que permitiría comprender el equilibrio, de la relación entre el hombre y la naturaleza. Esto permitiría un intercambio de saberes en la gestión de políticas públicas en pro de los procesos de participación y cuidado del medio ambiente. Pues es un deber de todos fomentar y gestionar políticas y normativas desde todos los sectores. Sin embargo, un error en estas políticas ha sido la poca participación de las comunidades y los efectos colaterales que la demanda de recursos como el agua genera, pues el agua es el recurso vital por excelencia y su cuidado garantiza la vida de las futuras generaciones. En efecto, según la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Banco Mundial, el 70% del agua dulce extraída en el planeta se destina a la agricultura. (Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Banco Mundial, 2018).

Es importante, Que logremos entender que nuestra participación es esencial para lograr una gestión sostenible y responsable, pues el agua es el recurso vital por excelencia y su cuidado garantiza la vida de las futuras generaciones. No solo se trataría de enriquecernos o satisfacer nuestras necesidades si no como le retribuyo al medio ambiente sin destruirlo.

En Colombia, la explotación de las fuentes hídricas se da a causa de:  la generación de energía eléctrica, la industria y la agricultura. Según datos aportados por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia, la agricultura demanda un 43% del agua total disponible de las fuentes hídricas, y el 48% de esta es destinada al riego de cultivos, donde se desperdicia debido al desconocimiento y la falta de infraestructura y suministro casi el 90% del agua utilizada. En este sentido, se fomentan programas de protección en función de los componentes ambientales, políticos, económicos, y sociales, con el objetivo de lograr un equilibrio en las demandas hídricas y la sobreexplotación de los caudales más importantes.

En este sentido, enriquecer los programas educativos sobre la protección del medio ambiente y el trabajo en equipo, entre comunidades y gobierno nacional permitirá favorecer las habilidades de liderazgo, pensamiento crítico y empatía. Las organizaciones de los programas de educación ambiental son ajustadas por el Gobierno Nacional mediante políticas y normativas (Lineamientos para la conformación y funcionamiento de los consejos académicos y estudiantiles, 2016).

Este artículo se centra en plantear una propuesta de investigación que permita evidenciar el cómo las percepciones y actitudes de la comunidad educativa Jorge Villamil Ortega impactan en la gestión del agua relacionada con el afluente hídrico quebrada La Honda, ubicada en el municipio de Gigante, departamento del Huila. De modo que, sus resultados permitan comprender el equilibrio entre desarrollo, sostenibilidad y participación comunitaria de un ecosistema hídrico en el ámbito rural colombiano.

Por consiguiente, la presente investigación se articula con la agenda pública de Colombia y las políticas del plan de desarrollo sostenible del gobierno nacional pues aportara información que permitirán contribuir a las necesidades de preservación del medio ambiente y la promoción de prácticas sostenibles. En este contexto, la educación ambiental emerge como un pilar fundamental del gobierno nacional para sensibilizar y movilizar a las comunidades en la protección de los recursos naturales (Tovar, 2011). Por lo tanto, se pretende analizar el grado de participación de la comunidad educativa en las iniciativas de conservación y manejo sostenible del agua en la quebrada La Honda. De este modo, se evidenciará la interacción entre la comunidad educativa el desarrollo económico y conservación del afluente hídrico.

De manera que, este trabajo de investigación se fundamentara en la premisa de la gestión ambiental en la quebrada La Honda. Puesto que esta, desempeñan un papel crucial en la provisión de servicios ecosistémicos esenciales, tales como la regulación del clima, la conservación de la biodiversidad y la provisión de los recursos hídricos y sus servicios ecosistémicos. Cabe considerar, que las aguas de la quebrada las hondas son vitales, pues estas abastecer el casco urbano de Gigante en su zona rural, donde residen más de 2,100 personas en las veredas: La Palma, Cafetos, Cachaya, La Floresta, Alto Corozal y Bajo Corozal, estas comunidades dependen de aproximadamente 100 litros de agua diarios provenientes de la quebrada para cubrir sus necesidades básicas (CAM, 2016). Sin embargo, la presión derivada del crecimiento económico y la falta de conciencia ambiental por parte de las comunidades aledañas y el sector productivo ponen en riesgo la salud de este entorno y, por ende, el bienestar conjunto del ecosistema. Pará abordar esta problemática, se pretende en primera instancia mapear la participación y las iniciativas de conservación y manejo sostenible por parte de la comunidad educativa Jorge Villamil Ortega (J.V.O.), en favor del recurso hídrico. Para ello, se emplearán diversos métodos de investigación, como encuestas, entrevistas y grupos focales, dirigidos a estudiantes, profesores y personal administrativo, con el fin de analizar la percepción y participación de la comunidad educativa en la gestión del agua y su relación con la Quebrada La Honda.

Los resultados de la investigación permitirán identificar patrones y tendencias en las actitudes y comportamientos de la comunidad educativa frente a la protección del medio ambiente y el uso sostenible del recurso hídrico. Asimismo, el mapeo permitirá evidenciar posibles efectos de las actividades humanas y la gestión en la protección del recurso hídrico, considerando variables como la percepción y participación comunitaria, así como factores externos que puedan influir en la calidad y disponibilidad del recurso hídrico.

En conclusión, el análisis exhaustivo del efecto de la percepción de la comunidad educativa J.V.O. en la gestión del agua y su participación comunitaria en la preservación de la Quebrada Honda revela la compleja interrelación entre la percepción, la acción y la conservación del recurso hídrico. Estos hallazgos subrayan la importancia de adoptar un enfoque integral que aborde tanto los aspectos perceptivos como las prácticas de gestión del agua en comunidades rurales como la estudiada (Valladares, 2020).

Los resultados obtenidos a partir de esta investigación ofrecen valiosa información que puede orientar el diseño e implementación de estrategias y políticas públicas dirigidas a promover una gestión del agua más efectiva y una participación comunitaria más activa. Es imperativo que los organismos gubernamentales, en colaboración con las comunidades educativas, organizaciones sociales, grupos ecológicos y líderes comunitarios, desarrollen iniciativas que fomenten la conciencia ambiental, la responsabilidad compartida y la acción colectiva en la protección de los recursos hídricos.

Asimismo, se destaca la necesidad de considerar el agua como un factor clave para el desarrollo económico y el bienestar de las comunidades rurales. La conservación de las fuentes hídricas no solo garantiza la disponibilidad de agua potable para las generaciones presentes y futuras, sino que también puede impulsar actividades económicas sostenibles, como el turismo ecológico y la agricultura responsable.

En síntesis, esta propuesta de investigación representa un paso significativo hacia la comprensión de los desafíos y oportunidades relacionados con la gestión del agua en contextos rurales. Se espera que sus conclusiones inspiren acciones concretas que contribuyan a la conservación de las fuentes hídricas y al desarrollo sostenible de las comunidades locales, promoviendo así un futuro más próspero y equitativo para todos.

 

Referencias

Agudelo, D. (2020). participacion de ciudadanos en la gestion del agua en colombia:analisis de las dinamicas locales en la cuenca del rio medellin. Estudios Sociales , 18-31.

Amaya Navas, O. D. (1998). La protección al medio ambiente en la Constitución Política de 1991. Bogota.

CAM. (2016). Ajustes al Plan de Manejo Ambiental, polígono y zonificación del Parque Natural Cerro Páramo de Miraflores 'Rigoberto Urriago.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. (2018). Programa Nacional de Educación Ambiental para la Gestión Integral del Recurso Agua. Obtenido de https://www.minambiente.gov.co/images/GIRH/Programas_Y_Proyectos/Programa_Nacional_de_Educacion_Ambiental_para_la_Gestion_Integral_del_Recurso_Agua.pdf.

Nacional, M. d. (2016). Lineamientos para la conformación y funcionamiento de los Consejos Académicos y Estudiantiles. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Banco Mundial. (2018). Fact Sheet: Water in Agriculture.

Pinto, A. P. (2018). Agua-Territorio en América Latina: Contribuciones a partir del análisis de estudios sobre conflictos hídricos en Chile. Revista Ropturas, 8.

Tovar, L. P. (2011). Percepciones ambientales de los habitantes del Parque Natural Regional Cerro Páramo de Miraflores. Tesis (Magíster en Ecología y Gestión de Ecosistemas Estratégicos), Universidad Surcolombiana, Huila, Neiva. Recuperado el 04 de 2023

. Valladares, C. V. (2020). Nuevas determinantes para comprender los alcances de la ruralidad: representaciones del cambio climático en la agricultura familiar campesina. Boletín de Estudios Geográficos.( 2525-1813), 22.

La política pública como potenciador de la educación ambiental en Colombia

Faruk René Chávarro Gómez

Actualmente, aspirante al título de doctor.

Este ensayo fue presentado en la asignatura “POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL" del DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

Universidad Surcolombiana de Neiva

(Se publica previa autorización del autor)

La Constitución Política de Colombia en su artículo 8 indica: “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”, así mismo, muchos autores que han dedicado gran trayectoria de su vida en el estudio de las políticas ambientales señalan lo siguiente: Amaya Navas (1998), “la carga que tiene el Estado de realizar todo lo que esté a su alcance para proteger el patrimonio ecológico y cultural de la nacionalidad colombiana. Carga que constitucionalmente se extiende a las personas” (p.4), lo que quiere decir, que todos somos responsables del patrimonio natural de la nación; acto que nos debe generar conciencia y preocupación por la conservación del medio ambiente, a través de la promoción de prácticas sostenibles, de políticas públicas que jueguen un papel crucial en la promoción y fortalecimiento de la educación ambiental.

Colombia, un país rico en biodiversidad pero también con desafíos ambientales significativos, por lo que las políticas públicas relacionadas con la educación ambiental se vienen construyendo a través de referentes internacionales, permitiendo abordar desafíos y  logrando escalar al desarrollo sostenible como eje central de crecimiento del país.

Las políticas públicas proporcionan una normatividad que el estado debe aplicar en favor del bienestar de la población y de los recursos naturales, por lo que se reconoce la importancia de la educación ambiental y define las responsabilidades de los diferentes actores, desde el gobierno hasta la sociedad civil y el sector privado. Este respaldo jurídico es fundamental para la implementación efectiva de programas, proyectos y planes de manejo ambiental. Además, estas políticas facilitan la coordinación y articulación de esfuerzos entre diversas entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y otros actores involucrados en la educación ambiental; además de los esfuerzos que permiten aprovechar de manera más racional los recursos naturales disponibles.

Un aspecto crucial es la asignación de capital para la implementación de programas de educación ambiental, lo cual garantizaría la disponibilidad de recursos para actividades como capacitación de la población, desarrollo de materiales educativos y realización de campañas de sensibilización, entre otros. Se hace necesario mencionar que la promoción de la participación ciudadana es otro aspecto esencial de las políticas públicas para la educación ambiental; facilitando la colaboración entre el gobierno, las comunidades locales e indígenas y la población en general; creando espacios de diálogo y consulta pública.

Por otro parte, estas políticas promueven la integración de la educación ambiental en el sistema educativo, asegurando que sea parte integral del proceso pedagógico, desde la enseñanza básica hasta la superior, contribuyendo así, a formar ciudadanos activos, conscientes, responsables y comprometidos con la protección del medio ambiente; tal como lo dice, Cardona González (2009), “existe el desafío de reinventar de forma creativa, lúdica, pedagógica, nuestra manera de entender y relacionarnos con el medio natural que nos rodea” (p.222).

Cabe necesario resaltar, la importancia que tiene la educación ambiental como herramienta educativa principal para la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Colombia, siendo un país mega-diverso, enfrenta desafíos internos como la pérdida de la biodiversidad, la contaminación de sus aguas y desafíos globales cómo el cambio climático, que requieren una respuesta coordinada y efectiva a través de políticas públicas sólidas en educación ambiental. Finalmente, se hace necesario indicar la importancia de una política pública que fomente una cultura ambiental en la sociedad colombiana, donde el respeto por la naturaleza y la adopción de comportamientos responsables hacia el medio ambiente sean parte integral de la vida cotidiana.

Ahora bien, las políticas públicas y la educación ambiental han evolucionado a lo largo de los años, pues con la promulgación de la constitución y la ratificación de tratados internacionales, el estado colombiano ha abordado los problemas ambientales con el fin de promover el desarrollo sostenible cómo eje de progreso del país, tal como lo estipula la Ley general ambiental, donde el desarrollo sostenible se define como el “crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades” (Ley 99,1993,art. 3). Por ende, se hace una invitación a reflexionar sobre el fortalecimiento de la educación ambiental, a través de la eficacia de las políticas públicas dadas por el estado, pues existen algunos aspectos que profundizarse y mejorarse, para generar cambios al interior de las acciones ambientales. Se pone en consideración los siguientes aspectos para debatir y evaluar.

·       Un nuevo marco normativo y legal, más contextualizado y actualizado, que reconozca la importancia de la educación ambiental y su eficacia, definiendo las responsabilidades de los diferentes actores, incluido el gobierno, las instituciones educativas, la sociedad civil y el sector privado; a través de la implementación de nuevos programas, proyectos y planes de manejo desde el ámbito ambiental.

·       Coordinar y articular los esfuerzos entre diferentes entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y otros actores involucrados en la educación ambiental, para la protección de los ecosistemas y lo recursos naturales del país.

·       Realizar las asignaciones presupuestales específicas, que permita la implementación de programas de educación ambiental, que garantice la realización de actividades y acciones en beneficio del entorno natural.

·       Fomentar la participación ciudadana, es decir, el diálogo y la consulta entre el gobierno, las comunidades locales, los indígenas, los jóvenes, los ciudadanos en general.

·       Establecer lineamientos y criterios para la integración de la educación ambiental en el currículo escolar en todos los niveles educativos, garantizando que lo ambiental sea parte integral y funcional del proceso educativo.

·       Contribuir a formar ciudadanos socialmente activos, conscientes, responsables y comprometidos con la protección del medio ambiente.

Finalmente, “la educación ambiental tiene un importante papel que jugar a la hora de afrontar este desafío, promoviendo un re-aprendizaje caracterizado por la anticipación y participación que permita no sólo comprender, sino también implicarse en aquello que queremos entender” (Cardona, 2005, p.58). Lo que nos lleva a indicar que la educación ambiental, día a día se debe evaluar y reinventar, basado en las políticas públicas actuales, todo lo anterior, como ejercicio evaluativo para potenciar aspectos que contribuyan a construir una postura ambiental y por ende una cultura ambiental, hechos que en la actualidad no se dan y que no hacen parte de la conciencia de los colombianos. A continuación, se resaltan algunos aspectos que desde la educación ambiental y que desde las políticas públicas, contribuirían a un mejoramiento en el tema educativo y ambiental en el país:

·       Protección del medio ambiente: La educación ambiental podría contribuir a potenciar la conciencia sobre la importancia de proteger y conservar el medio y los recursos naturales con nuevas estrategias contextualizadas.

·       Desarrollo sostenible: La educación ambiental es fundamental para promover un desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.

·       Compromiso ciudadano: La educación ambiental puede empoderar a los ciudadanos para que se conviertan en defensores del medio ambiente y agentes de cambio en sus comunidades si se permite el diálogo, la consulta y la acción, además del apoyo a iniciativas ambientales de las comunidades.

·       Compromisos internacionales: El estado con la ratificación de los tratados internacionales, puede fomentar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, fortaleciendo las acciones ambientales y potencializando la participación ciudadana, para la implementación de medidas de mitigación y adaptación.

Como conclusión, se puede señalar que esta puesta en escena, pretende poner en consideración la necesidad de reflexionar sobre las políticas públicas y su relación con la educación ambiental, la cual es una herramienta poderosa de cambio y transformación pero que no es ni efectiva, ni eficaz en la solución de los problemas ambientales actuales del país.

Referencias

Amaya Navas, O. D. (Mayo de 1998). onedrive.live.com. Recuperado el 3 de 4 de 2024, de onedrive.live.com: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AqPx61ViFFVCGrs&cid=62D3D54A3ED6AEEC&id=62D3D54A3ED6AEEC%219954&parId=62D3D54A3ED6AEEC%219747&o=OneUp

Cardona, González. A.H. “Fundamentos, historia y normatividad de la educación ambiental”, en aa.vv. Lecturas sobre Derecho del Medio Ambiente, t vi, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2005

Cardona González, A. H., Educación Ambiental: conceptos, análisis y relación con el derecho   ambiental. “LECTURAS SOBRE DERECHO AL MEDIO AMBIENTE”, TOMO IX, Universidad Externado de Colombia, 2009. Bogotá.

Congreso de la Republica de Colombia. (22 de diciembre de 1993). Ley General ambiental de Colombia. [Ley 99 de 1993]. https://onedrive.live.com/?authkey=%21AqPx61ViFFVCGrs&cid=62D3D54A3ED6AEEC&id=62D3D54A3ED6AEEC%219973&parId=62D3D54A3ED6AEEC%219754&o=OneUp

 

 

 

 

 

 

Identidad ambiental y participación ciudadana de población sorda: análisis del marco normativo y constitucional en Neiva, Colombia

Kelly Yurany Losada Montenegro

Actualmente, aspirante al título de doctor.

Este ensayo fue presentado en la asignatura “POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL" del DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

Universidad Surcolombiana de Neiva

(Se publica previa autorización del autor)

En la intersección entre la protección del medio ambiente e inclusión social, surge un campo de estudio fundamental para comprender las dinámicas de las comunidades sordas: Es por ello por lo que hablaremos de los imaginarios sobre identidad ambiental y como dan sentido la política socioambiental frente a sus derechos.

Este documento nos orienta dentro del contexto colombiano, específicamente en la ciudad de Neiva, donde la comunidad sorda no solo enfrenta los retos ambientales contemporáneos, sino que también busca forjar su identidad en un entorno natural que les pertenece y al que pertenecen.

A través del análisis del marco constitucional y normativo, así como de las convenciones internacionales y resoluciones locales, se revela la importancia de reconocer y proteger los derechos de la comunidad sorda en relación con su entorno.

Desde la Constitución Política de Colombia se establece un marco robusto para la protección del ambiente y los recursos naturales, “reconociendo el derecho de todas las personas a disfrutar de un ambiente sano” y equilibrado (C.P., 1991, art. 79) Esta planificación es crucial para asegurar que los recursos naturales sean utilizados de manera responsable, de modo que las generaciones futuras también puedan beneficiarse de ellos.

En este sentido, se reconoce que la participación ciudadana es un pilar fundamental para lograr una gestión ambiental efectiva y acorde con los principios de sostenibilidad. Esto significa que la ciudadanía debe ser parte activa en la toma de decisiones sobre políticas y acciones que afecten el ambiente y los recursos naturales, garantizando así un desarrollo que no comprometa el bienestar de las generaciones presentes ni futuras.

Es fundamental destacar que esta planificación debe ser inclusiva, involucrando la participación activa de los ciudadanos en el proceso. Esto implica que las decisiones relacionadas con el manejo de los recursos naturales deben considerar las opiniones, necesidades y preocupaciones de la población en general, fomentando así una gestión ambiental más democrática y transparente.

Es necesario deconstruir una red de participación inclusiva, donde se reconozca y valore la diversidad de formas de comunicación y expresión, Jiménez, R. & Herrera, S. X. (2023). Todos los espacios de consulta y diálogo deben adaptarse para incluir su comunicación en su misma lengua, creando un entorno donde todas las voces puedan ser escuchadas.

Dando a conocer su primera lengua que es la lengua de señas colombianas (LSC) y su entorno ambiental surge cuando cada parte en esta red se entrelaza en un tejido de colaboración y acción colectiva, visibilizando los imaginarios y su pensamiento ambiental frente a conceptos.

También podemos decir que el Sistema Nacional Ambiental (SINA) aún no se revela como el gran telar que une la gestión ambiental en Colombia pues es necesario que el marco guía de nuestras acciones, se vuelvan colectivas y se piensen en parte inclusiva, donde cada autoridad ambiental y normativa es un hilo que contribuye al tejido nacional de sostenibilidad. Rengifo, B., Quitiaquez, L., & Mora, F. (2012) En Neiva, este sistema cobraría vida en la comunidad sorda, donde se entrelaza con su identidad, política ambiental y pueda virilizarse.

Sus elementos clave, como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y las autoridades ambientales locales, forman parte de esta compleja red de gestión ambiental. En el caso de la comunidad sorda de Neiva, el SINA se convierte en un puente que conecta sus percepciones y necesidades con las políticas y acciones ambientales a nivel nacional y regional.

También se puede nombrar que en La Ley 99 de 1993, conocida como "Ley General Ambiental", establece las bases para la gestión del medio ambiente y los recursos naturales en Colombia, con medidas específicas para la conservación, protección y recuperación del ambiente. Pero que por su falta de información en LSC desconocen. Por otro lado, la Ley 388 de 1997 regula el ordenamiento territorial, siendo esencial para construir entornos que respondan a las necesidades de todas las comunidades, incluyendo aquellas personas sordas que habitan en Neiva.

En el ámbito de la inclusión social y el reconocimiento de la diversidad, la Ley 1346 de 2009 marcó un hito al establecer la lengua de señas colombiana como lengua oficial de la comunidad sorda en Colombia. Aunque de enfoque principalmente lingüístico, este reconocimiento tiene implicaciones profundas en el ámbito social y cultural de las personas sordas. Los artículos 13, 47, 68, 70, 71 y 72 de la Constitución Política garantizan la igualdad de todos los colombianos ante la ley, promueven la integración social de personas con discapacidad y establecen políticas de accesibilidad y tratamiento preferencial en ciertas circunstancias. Paz Ortega, W. (2010)

La Ley 1618 de 2013 es un referente clave en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo aquellas que forman parte de la población sorda. Esta ley se enfoca en la accesibilidad, la inclusión social y laboral, aspectos fundamentales para la comunidad sorda de Neiva. Asimismo.

Otro documento es CONPES 3817 de 2014 proporciona lineamientos específicos para mejorar la calidad de vida y la inclusión laboral de las personas sordas en Colombia.

A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la ONU, adoptada en 2006, reconoce los derechos humanos de las personas con discapacidad, incluyendo las personas sordas. Esta convención destaca la importancia de la accesibilidad, la vida independiente, la educación inclusiva y la participación en la vida cultural y social.

En el ámbito educativo, las resoluciones del Ministerio de Educación Nacional, como la Resolución 2042 de 2003 y la Resolución 12871 de 2010, establecen directrices para la atención educativa de personas sordas en Colombia. Estas resoluciones abordan la formación de docentes especializados, el diseño curricular y los recursos pedagógicos necesarios para garantizar una educación de calidad y accesible.

En síntesis, el marco normativo y constitucional en Colombia ofrece una base sólida para la protección del medio ambiente y los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo a la comunidad sorda de Neiva. Reconocer los imaginarios sobre identidad ambiental y sentido de lugar de esta comunidad no solo implica garantizar su acceso a un ambiente sano y equilibrado, sino también promover su inclusión social y cultural, Casallas, C. K., Montoya, C. & Navarro, L. G. (2023).

 La aplicación efectiva de estas leyes y políticas no solo beneficiará a la comunidad sorda, sino que también enriquecerá el tejido social y ambiental de Neiva, creando un entorno más equitativo y sostenible para todos sus habitantes.

Referencias:

Casallas, C. K., Montoya, C. & Navarro, L. G. (2023). Manos que hablan: Reconocimiento del aprendizaje, participación y permanencia de la población sorda de la Institución Educativa Ricaurte a partir de los imaginarios sociales de la comunidad de aprendizaje. Recuperado de: http://hdl.handle.net/11371/5639

Colombia, L. (99). de 1993, Ley General Ambiental de Colombia, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones, 41.146 Diario Oficial, 22 de diciembre de 1993.

de Colombia, C. P. (1991). CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 1991. Santa Fé de Bogotá: Gaceta Constitucional.

Jiménez, R. & Herrera, S. X. (2023). Lenguaje claro e inclusivo: Una estrategia de comunicación para la población con discapacidad auditiva en el Distrito de Barrancabermeja. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12749/21043

NO, V. A. (2006). Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Educación (art. 24), 445(470), 68-72.

Paz Ortega, W. (2010). Exclusiones amparadas en el discurso de la inclusión educativa desde la perspectiva socio-antropológica de los sordos: análisis Crítico del Discurso de Seis Estudiantes Sordos en Instituciones Educativas Distritales Integradoras de la Ciudad De Bogotá DC Universidad Nacional de Colombia.

Rengifo, B., Quitiaquez, L., & Mora, F. (2012). La educación ambiental una estrategia pedagógica que contribuye a la solución de la problemática ambiental en Colombia. XII Coloquio internacional de Geocrítica, 16, 1-16.