La
política pública como potenciador de la educación ambiental en Colombia
Faruk René
Chávarro Gómez
Actualmente,
aspirante al título de doctor.
Este ensayo fue
presentado en la asignatura “POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL"
del DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL
Universidad
Surcolombiana de Neiva
(Se publica previa autorización del autor)
La Constitución Política de Colombia en su artículo 8
indica: “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación”, así mismo, muchos autores que han
dedicado gran trayectoria de su vida en el estudio de las políticas ambientales
señalan lo siguiente: Amaya Navas (1998), “la carga que tiene el Estado de realizar
todo lo que esté a su alcance para proteger el patrimonio ecológico y cultural
de la nacionalidad colombiana. Carga que constitucionalmente se extiende a las
personas” (p.4), lo que quiere decir, que todos somos responsables del
patrimonio natural de la nación; acto que nos debe generar conciencia y preocupación
por la conservación del medio ambiente, a través de la promoción de prácticas
sostenibles, de políticas públicas que jueguen un papel crucial en la promoción
y fortalecimiento de la educación ambiental.
Colombia, un país rico en biodiversidad pero también con
desafíos ambientales significativos, por lo que las políticas públicas
relacionadas con la educación ambiental se vienen construyendo a través de
referentes internacionales, permitiendo abordar desafíos y logrando escalar al desarrollo sostenible como
eje central de crecimiento del país.
Las políticas
públicas proporcionan una normatividad que el estado debe aplicar en favor del bienestar
de la población y de los recursos naturales, por lo que se reconoce la
importancia de la educación ambiental y define las responsabilidades de los
diferentes actores, desde el gobierno hasta la sociedad civil y el sector
privado. Este respaldo jurídico es fundamental para la implementación efectiva
de programas, proyectos y planes de manejo ambiental. Además, estas políticas
facilitan la coordinación y articulación de esfuerzos entre diversas entidades
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y
otros actores involucrados en la educación ambiental; además de los esfuerzos
que permiten aprovechar de manera más racional los recursos naturales
disponibles.
Un aspecto crucial es la asignación de capital para la
implementación de programas de educación ambiental, lo cual garantizaría la
disponibilidad de recursos para actividades como capacitación de la población,
desarrollo de materiales educativos y realización de campañas de
sensibilización, entre otros. Se hace necesario mencionar que la promoción de
la participación ciudadana es otro aspecto esencial de las políticas públicas
para la educación ambiental; facilitando la colaboración entre el gobierno, las
comunidades locales e indígenas y la población en general; creando espacios de
diálogo y consulta pública.
Por otro parte, estas políticas promueven la integración
de la educación ambiental en el sistema educativo, asegurando que sea parte
integral del proceso pedagógico, desde la enseñanza básica hasta la superior, contribuyendo
así, a formar ciudadanos activos, conscientes, responsables y comprometidos con
la protección del medio ambiente; tal como lo dice, Cardona González (2009), “existe
el desafío de reinventar de forma creativa, lúdica, pedagógica, nuestra manera
de entender y relacionarnos con el medio natural que nos rodea” (p.222).
Cabe necesario resaltar, la importancia que tiene la
educación ambiental como herramienta educativa principal para la protección del
medio ambiente y el desarrollo sostenible. Colombia, siendo un país mega-diverso,
enfrenta desafíos internos como la pérdida de la biodiversidad, la
contaminación de sus aguas y desafíos globales cómo el cambio climático, que
requieren una respuesta coordinada y efectiva a través de políticas públicas
sólidas en educación ambiental. Finalmente, se hace necesario indicar la
importancia de una política pública que fomente una cultura ambiental en la
sociedad colombiana, donde el respeto por la naturaleza y la adopción de
comportamientos responsables hacia el medio ambiente sean parte integral de la
vida cotidiana.
Ahora bien, las
políticas públicas y la educación ambiental han evolucionado a lo largo de los
años, pues con la promulgación de la constitución y la ratificación de tratados
internacionales, el estado colombiano ha abordado los problemas ambientales con
el fin de promover el desarrollo sostenible cómo eje de progreso del país, tal
como lo estipula la Ley general ambiental, donde el desarrollo sostenible se
define como el “crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida
y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en
que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias
necesidades” (Ley 99,1993,art. 3). Por ende, se hace una invitación a reflexionar sobre el
fortalecimiento de la educación ambiental, a través de la eficacia de las
políticas públicas dadas por el estado, pues existen algunos aspectos que profundizarse
y mejorarse, para generar cambios al interior de las acciones ambientales. Se
pone en consideración los siguientes aspectos para debatir y evaluar.
·
Un nuevo
marco normativo y legal, más contextualizado y actualizado, que reconozca la
importancia de la educación ambiental y su eficacia, definiendo las
responsabilidades de los diferentes actores, incluido el gobierno, las
instituciones educativas, la sociedad civil y el sector privado; a través de la
implementación de nuevos programas, proyectos y planes de manejo desde el
ámbito ambiental.
·
Coordinar
y articular los esfuerzos entre diferentes entidades gubernamentales,
organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y otros actores
involucrados en la educación ambiental, para la protección de los ecosistemas y
lo recursos naturales del país.
·
Realizar
las asignaciones presupuestales específicas, que permita la implementación de
programas de educación ambiental, que garantice la realización de actividades y
acciones en beneficio del entorno natural.
·
Fomentar
la participación ciudadana, es decir, el diálogo y la consulta entre el
gobierno, las comunidades locales, los indígenas, los jóvenes, los ciudadanos
en general.
· Establecer lineamientos y criterios para la integración de la educación ambiental en el currículo escolar en todos los niveles educativos, garantizando que lo ambiental sea parte integral y funcional del proceso educativo.
·
Contribuir
a formar ciudadanos socialmente activos, conscientes, responsables y
comprometidos con la protección del medio ambiente.
Finalmente, “la educación ambiental tiene un importante
papel que jugar a la hora de afrontar este desafío, promoviendo un
re-aprendizaje caracterizado por la anticipación y participación que permita no
sólo comprender, sino también implicarse en aquello que queremos entender” (Cardona,
2005, p.58). Lo que nos lleva a indicar que la educación ambiental, día a día
se debe evaluar y reinventar, basado en las políticas públicas actuales, todo
lo anterior, como ejercicio evaluativo para potenciar aspectos que contribuyan a
construir una postura ambiental y por ende una cultura ambiental, hechos que en
la actualidad no se dan y que no hacen parte de la conciencia de los
colombianos. A continuación, se resaltan algunos aspectos que desde la
educación ambiental y que desde las políticas públicas, contribuirían a un mejoramiento
en el tema educativo y ambiental en el país:
·
Protección
del medio ambiente: La educación ambiental podría contribuir a potenciar la
conciencia sobre la importancia de proteger y conservar el medio y los recursos
naturales con nuevas estrategias contextualizadas.
·
Desarrollo
sostenible: La educación ambiental es fundamental para promover un desarrollo
sostenible que satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.
·
Compromiso
ciudadano: La educación ambiental puede empoderar a los ciudadanos para que se
conviertan en defensores del medio ambiente y agentes de cambio en sus comunidades
si se permite el diálogo, la consulta y la acción, además del apoyo a
iniciativas ambientales de las comunidades.
·
Compromisos
internacionales: El estado con la ratificación de los tratados internacionales,
puede fomentar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, fortaleciendo las
acciones ambientales y potencializando la participación ciudadana, para la implementación
de medidas de mitigación y adaptación.
Como conclusión, se puede señalar que esta puesta en
escena, pretende poner en consideración la necesidad de reflexionar sobre las
políticas públicas y su relación con la educación ambiental, la cual es una
herramienta poderosa de cambio y transformación pero que no es ni efectiva, ni
eficaz en la solución de los problemas ambientales actuales del país.
Referencias
Amaya Navas, O. D. (Mayo de 1998). onedrive.live.com.
Recuperado el 3 de 4 de 2024, de onedrive.live.com:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AqPx61ViFFVCGrs&cid=62D3D54A3ED6AEEC&id=62D3D54A3ED6AEEC%219954&parId=62D3D54A3ED6AEEC%219747&o=OneUp
Cardona, González. A.H. “Fundamentos, historia y
normatividad de la educación ambiental”, en aa.vv. Lecturas sobre Derecho
del Medio Ambiente, t vi, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2005
Cardona González, A. H., Educación Ambiental:
conceptos, análisis y relación con el derecho ambiental. “LECTURAS SOBRE DERECHO AL
MEDIO AMBIENTE”, TOMO IX, Universidad Externado de Colombia, 2009. Bogotá.
Congreso de la
Republica de Colombia. (22 de diciembre de 1993). Ley General ambiental de
Colombia. [Ley 99 de 1993]. https://onedrive.live.com/?authkey=%21AqPx61ViFFVCGrs&cid=62D3D54A3ED6AEEC&id=62D3D54A3ED6AEEC%219973&parId=62D3D54A3ED6AEEC%219754&o=OneUp
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