La protección debe ser sostenible

POR: Álvaro Hernando Cardona González

En alguna de tantas publicaciones que afortunadamente hoy día se imprimen tratando aspectos relacionados con el medio ambiente natural, leíamos sobre el denominado plan ‘Naturalmente Colombia’, que es una alianza entre el sector público y el privado que busca impulsar la conservación de más de 2 millones de hectáreas de importancia ambiental en territorio colombiano. Allí, en medio de optimismo, se decía que  esta alianza pretende proteger porciones de tres ecosistemas hoy en evidente deterioro: 1. Las áreas marinas, 2. Los bosques secos (según la publicación sólo nos queda el 1,5 por ciento del total que teníamos a comienzos del siglo XX) y 3. Algunas sabanas de la Orinoquia.

Respecto a esta última, en dicha publicación se resalta como una zona vital por su potencial hídrico, pero expuesta a un deterioro sin reversa por el avance de la minería ilegal y por la ejecución de varios proyectos productivos no sostenibles. Ambas causas obviamente violan la ley dado que la minería sin títulos mineros y las ejecuciones de obras sin planes de recuperación o compensación ambiental no están permitidos. Incluso el simple sentido común, que surge de la evidencia y comprobación científica, los tornan inadmisibles.

El trabajo en equipo y con todos los actores concentrados en una causa común podría llevar a que se lograra el éxito de este tipo de iniciativas: que la conservación se integre como eje transversal al Plan de Desarrollo, porque tanto la industria, el agro y la minería, como el crecimiento económico y los avances en infraestructura son usuarios de los servicios que prestan los ecosistemas. Así que estos deben compensarse para su supervivencia.

Pero por otra parte esta lectura que estamos mencionando, nos abrió la idea sobre que tal vez para garantizar el desarrollo sostenible nacional que consagra ya la Constitución Política, en vez de licencias o permisos previos, en Colombia toda obra, proyecto o actividad requiera de un compromiso para resolver los impactos ambientales que estos generen. Pero sin excepciones y hacerlo a cambio de cumplir una racional lista de actividades o inversiones en mitigar, corregir o compensar los impactos, es decir, sin someter  al beneficiario de las obras o proyectos a trámites previos adicionales pero sí a  un riguroso cumplimiento.

Hay que revaluar el papel del Estado que se enfoca más en los trámites para obtener autorizaciones que en el seguimiento de las obligaciones ambientales para garantizar el desarrollo sostenible. Se consumen muchos recursos y esfuerzos en trámites (que además se prestan a corruptelas) pero muy poco en el verdadero cumplimiento.