Economía circular

Álvaro Hernando Cardona González

La llamada economía circular, es el modelo que promueve la utilización de las cosas y su fabricación pensando en un segundo y hasta tercer uso de las cosas manufacturadas. Ese concepto, surge del libro “De cuna en cuna: rediseñando la forma en que hacemos las cosas”, que publicaron el químico alemán Michael Braungart y el arquitecto y diseñador William McDonough en el 2002.

La economía circular propone que las cosas se diseñen, construyan y usen de tal manera que se facilite su posterior reúso o reutilización. Incluso que se transformen en otra cosa evitando hasta donde sea posibles, reúsos y transformaciones que se evite la disposición final (lo cual ocurre hoy con abrumadora frecuencia, en los rellenos sanitarios sobre los cuales hace poco nos ocupamos en este espacio y que están generando tantos conflictos sociales).

Aunque en realidad el libro mencionado es de dos autores, el que más relieve a tomado es William McDonough, porque ha sido, bajo los criterios de la economía circular como diseñó el último edificio de Google, la sede principal de YouTube y la base sustentable de la agencia espacial Nasa, sino porque es quien más ha dado conferencias y avanzado en los conceptos y propuestas y hace poco estuvo haciendo un recorrido por América Latina. Eso sin demeritar que los medios de comunicación y los ambientalistas lo vuelven cita obligada cuando se habla de cómo alcanzar el desarrollo sostenible y la eliminación del objeto como “desecho”.

McDonough y Braungart proponen en su texto, planteamientos como que integrando diseño y ciencia, se puede propender por la eliminación del bien u objeto desechado. Y lo hacen en el marco de tres principios: celebrar la diversidad (aceptar que es una ventaja), el uso de la energía limpia y renovable Estimular la búsqueda de fuentes alternas a las fósiles de energía y abaratarla), y apropiándose de la realidad de que todo es un recurso para algo más del primer uso. Aceptan que son conceptos muy de teoría económica, lo cual para nosotros enfatiza su contribución con el modelo, adoptado por Colombia incluso, del desarrollo sostenible.

Cuando se le pregunta a McDonough, sobre cómo empezar a ser parte de la economía circular, siempre advierte que el primer paso es acumular los residuos orgánicos y hacer  composta. Y lo hace diciendo que esto es trabajar en la propia vida, subrayando que de esa manera logramos que las cosas vuelvan a la Tierra. Él cree que el composta es importante, “porque humano, hummus y humildad vienen de la misma raíz lingüística. Así que al hacer  composta la persona se conecta a la Tierra, ya que el suelo es la fuente de la vida. Y concluye de manera aleccionadora: ser humilde es tener los pies en la tierra. 

La economía circular nos hace recordar que debemos cambiar la práctica de extraer, producir, usar y desechar los objetos; por eso los llamábamos “bienes de consumo”. Pero ante la realidad de que los recursos naturales, prácticamente se están convirtiendo en sólo no renovables (el agua y el aire) por el desnivel que presentan entre generación natural y consumo, esos objetos se vuelven valiosos para la economía que empieza  a ver la necesidad de diseñarlos y producirlos para facilitar su rehúso. Por eso “circular”.

Ya es imperioso aprender a reutilizar o recircular los recursos naturales. Realmente no hay opción para la humanidad. Estamos en un mundo de límites impuestos por el ambiente y los recursos naturales. Todos los recursos naturales los compartimos: el paisaje, las aguas, los animales, el suelo, el aire, la luz solar, etc.

Especialmente McDonough, como diseñador que es, reclama que todos los bienes se diseñen para ser usados, al menos dos veces; incluso plantea la implementación de mercados para eso, donde haya forma de entender y dar valor a lo que luego del primer uso se vaya a desechar. Incluso diseñar los edificios pensandolos para el futuro, es decir que puedan convertirse en algo más, sin tener que derrumbarlo o hacerlo pero reutilizando los materiales los que se levantó inicialmente.

La otra idea acumulada detrás de la “economía circular”  es la de evitar la apropiación, salvo el aprovechamiento. Es decir, evitar la apropiación pero estimular el uso. Se plantea que no hay que ser dueño de una lavadora o un vehículo, es decir, de que no hay que ser dueño de las cosas, sólo aprovechar sus servicios.

Hoy la economía circular se desarrolla más fácil por las costumbres de las actuales generaciones.  No quieren ser propietarios de un auto, no quieren ser propietarios de casas y pagar por los impuestos  y dificultades de mantenimiento. Sin embargo, los autores advierten que es necesario que las tecnologías se alineen. Ponen este ejemplo, entre otros, no podríamos acceder a  Uber-eats si no fuera por los smartphone o el sistema de pago electrónico.

Es comprensible, como lo dijimos la semana pasada, que los tres conceptos claves de la economía circular sean: reducir, reusar y reutilizar. ¿Cambió la tecnología al mundo? ¿Por qué no aceptar y propiciar que modifique el consumo en favor del ambiente natural y nuestras prácticas de consumismo? Comenzamos con reutilizar el papel, los libros y la ropa: ¿por qué detenernos?

El seguimiento ambiental

 

Álvaro Hernando Cardona González

Próximamente, la Corte Constitucional de Colombia decidirá si anula o confirma una tutela por la cual se ordenan indemnizaciones a los presuntos afectados en su salud por la explotación de níquel que desarrolla la empresa Cerromatoso S.A, en el municipio de Montelíbano, en el departamento de Córdoba. Es posible que, por el monto de la posible indemnización, la cual aún no se define, la multinacional decida abandonar el proyecto y devolver el campo de explotación al Estado, venda el proyecto o lo reestructure para disminuir costos y lograr recuperar ese gasto.

El fallo impugnado ordenó: 1) que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior realice una consulta a ocho comunidades para establecer medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental con relación a los perjuicios que pueda ocasionar la continuación de esta operación; 2) con ello, se inicie el trámite de una nueva licencia ambiental (lo cual es extraño pues ésta ya existe desde hace décadas y lo que puede legalmente haber es una modificación del Plan de Manejo Ambiental); 3) incluir en el PMA los nuevos impactos ambientales o los no previstos y; 4) se garantice la salud de las personas que habitan en las cercanías.

Más allá de sentar un antecedente judicial que permita reconocer indemnizaciones por vía de tutela, esta situación debería tener gran connotación ambiental pues plantea otra vez, decimos, una vez más, la necesidad de revaluar el trámite de la licencia ambiental y el seguimiento de las obligaciones ambientales en nuestro país.

Cada vez es más evidente que licencias o autorizaciones ambientales se están modificando en desarrollo de los proyectos u obras, sobre la base de que no se contemplaron impactos que estos iban a generar. Eso sólo puede ocurrir excepcionalmente; si no, esto hará que las grandes inversiones se detengan porque genera una incertidumbre no solo jurídica (se cambian las reglas de juego establecidas en las normas) sino económica (cambian los escenarios de retorno de las inversiones sobre las cuales se tomó la decisión de negocio).

Ahora, como se trata de garantizar que se eviten, mitiguen, corrijan o compensen absolutamente todos los impactos ambientales generados por una obra o proyecto, lo ideal es cambiar la figura de la licencia ambiental para que la mayoría de las obras o proyectos antes de iniciar permitan conocer qué se debe conjurar y cuánto puede costar eso. Dejar aparte proyectos que no permitan hacerlo y sólo en esos casos dejarlos sujetos al previo pronunciamiento de la autoridad. Esta medida permitirá disminuir las causas de corrupción pues “objetiviza” en cada caso qué hacer y no lo deja al arbitrio de los funcionarios de turno.

Cabe recordar que la licencia ambiental es la autorización más importante que existe en nuestro país. Es previa, es decir anticipada, fundada en estudios de impactos ambientales para las obras o proyectos más importantes y que por ley se considera que causan impactos notorios al medio ambiente natural, que condiciona el desarrollo de dichas obras o proyectos a un cronograma lleno de acciones para evitar, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales.

Lo que  proponemos es que para garantizar que se eviten, mitiguen, corrijan o compensen absolutamente todos los impactos ambientales generados por una obra o proyecto, debemos  modificar el régimen general de la licencia ambiental para tener dos tipos: una, que sólo requiere radicar el proyecto ante la autoridad ambiental competente para iniciar a desarrollarse, a los que estarían sujetos la mayoría de las obras o proyectos; pero en este caso lo que sucederá es que ya estarían definidos todos los impactos ambientales posibles y el catálogo de todas las acciones para conjurarlos, es decir, habrían unas acciones mínimas (las demás adicionales serían producto de responsabilidad social empresarial) que se exigen para cada tipo de obra o proyecto. Innegociables.

Esto permitiría determinar, antes de iniciar la obra o proyecto, calcular cuánto cuesta ejecutarlo, no habría trámites previos engorrosos y demorados como ahora y sobre todo disminuirán las causas de corrupción pues, “objetiviza” en cada caso qué hacer y no al arbitrio de los funcionarios de turno. Al hacer imperativo que se sepan cuáles serán absolutamente todas las medidas necesarias para conjurarlos, facilitará el seguimiento y las posibles sanciones por incumplimiento. En este caso la autoridad ambiental se concentrará únicamente en hacer seguimiento estricto al cumplimiento de las obligaciones ambientales, que nos parece, es la gran falencia. Hay que permitir el desarrollo, pero si somos estrictos con el cumplimiento de obligaciones ambientales, este será auténticamente sostenible.

Nuestra propuesta de modificar de manera práctica y eficaz, la licencia ambiental que ampara los impactos de los proyectos y obras más importantes para Colombia pretende trabajar más en el seguimiento a las obligaciones que se imponen en esas eventualidades, que en los ritos previos que demoran las obras y así transparentar muchísimo más no solo las actuaciones de las autoridades ambientales (tan criticadas) sino los presupuestos necesarios para sacar adelante de manera eficiente dichas obras. Es decir, proponemos una licencia ambiental que no requiere previo pronunciamiento de la autoridad ambiental. 

Y proponemos que quede otra, la que en principio quedaría como funciona actualmente. Es decir, una licencia, que sí sujeta el proyecto a un previo pronunciamiento de la autoridad ambiental por la connotación del proyecto mismo; especialmente, porque el país no las realiza frecuentemente y es necesario adquirir las experiencias necesarias sobre cuáles son todos los impactos que genera y luego sí fijar el catálogo de medidas ambientales que los conjuren totalmente. Por ejemplo, el país no tiene experiencia en construir una planta de energía nuclear pero sí la tiene bastante en construir vías terrestres. En el primer caso será muy difícil determinar cuáles son todos los impactos ambientales que un proyecto de esos generará y cómo, en consecuencia, remediarlos; pero en el segundo, eso ya lo podemos precisar por la larga y continua experiencia acumulada hasta ahora precisamente expidiendo licencias ambientales y haciéndoles seguimiento.

En los dos tipos de licencias que  hemos planteado y explicado, por supuesto se requiere precisar dónde se pueden desarrollar o no ciertos tipos de actividades como minería e hidrocarburos; represas para generación eléctrica, riego o cultivos de peces; entre otras.  Por cierto, esto también se aplicará a aquellas eventualidades en que aunque no se requiere licencia sí será necesario adoptar un plan de manejo ambiental.

Como el título lo dice, con estas reformas que cada vez son más y más apremiantes,  se lograrán concentrar los esfuerzos de las autoridades en el seguimiento de las obligaciones. La tarea será la de ser exigentes con las medidas de mitigación, corrección o compensación previamente precisadas para el inversionista o ejecutor de obras, y no la de “negociar”, y mucho menos discutir y pleitear estas. También esto traerá consigo necesariamente una mejor planeación de las obras y proyectos no solo en su disposición presupuestal sino en su ejecución. 

Concesiones de aguas

Dado que la inmensa mayoría de las aguas del territorio colombiano, igual como sucede en prácticamente todos los países,  son de dominio o propiedad de la Nación, es decir a cargo del Estado (este viene a ser como un administrador), es necesario que quien desee usarlas solicite previa autorización.

Excepcionalmente se acepta que haya dominio privado sobre las aguas; en realidad lo que existe es un derecho de uso privilegiado pero no de propiedad como para disponer arbitrariamente del recurso natural. Y aunque se aceptara que existe un derecho de dominio o propiedad absoluto, no por ello, el titular de ese derecho podrá hacer un uso libre pues estará sujeto a las normas que se lo limitan por ejemplo para obligarlo a conservar las áreas de conservación o para impedir que las contamine.

El procedimiento y el acto administrativo por el cual usualmente se obtiene el derecho a usar las aguas de dominio público se denomina: concesión de aguas. Usual, porque hay otros mecanismos.

La Concesión de Aguas entonces es un proceso administrativo que se adelanta, ante la solicitud de los ciudadanos, por las autoridades ambientales (corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, grandes centros urbanos, distritos con régimen especial, la Unidad Administrativa Especial: Parques Nacionales, la ANLA cuando tramita licencias ambientales y excepcionalmente el Ministerio de Ambiente) para tener derecho a usar o aprovechar cierto caudal hídrico, durante determinado plazo, previa aprobación de los cálculos y diseños de obras hidráulicas y estas aprobadas, pagando unas tasas y cumpliendo algunas obligaciones para conservar el recurso natural.

Hoy día se han acumulado miles de concesiones y se hallan repartidas por todo el territorio. Sin embargo muchísimas han perdido eficacia, entre otras razones porque los beneficiarios o titulares no han renovado estas antes de que se vencieran los plazos concedidos.

La inmensa y abrumadora mayoría de los usos de las aguas continentales no han obtenido concesión. Es decir que los usos de esas aguas son ilícitos. Violan la normatividad que impone, desde hace casi dos siglos que los usos sólo son permitidos previa autorización del Estado.Y causan múltiples conflictos entre vecinos y demás beneficiarios de una misma corriente hídrica.

Ya va siendo hora de que el Estado fije un plazo prudente pero perentorio para que todos los usuarios que no han legalizado los usos lo hagan. Subrayamos lo perentorio del plazo pues creemos que si esto ocurre no se puede flexibilizar incluso para acueductos. Escasea el recurso pero no es sólo porque se agote, es porque aumentó el consumo y por el número de usuarios.