La problemática ambiental, desde
el contexto familiar y escolar
Paola Viviana Cardona Cerón
Actualmente, aspirante al título
de doctor.
DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y CULTURA
AMBIENTAL
Universidad Surcolombiana de
Neiva
Este ensayo fue presentado en la
asignatura “POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL"
La problemática ambiental, desde
el contexto familiar y escolar. Paola Viviana Cardona Cerón Para comenzar, en
este escrito se comentarán algunos aspectos abordados desde el marco legar para
el proyecto que actualmente adelanto, el cual se titula “Análisis de los
factores escolares y familiares asociados a la cultura ambiental sostenible en
el ecosistema andinoamazónico colombiano, desde la educación media del
municipio de Mocoa-Putumayo” desde el que se pretende hacer énfasis al análisis
de los factores escolares y familiares que influyen en los sentimientos,
comportamientos y actitudes de los jóvenes estudiantes de la media de tres
instituciones educativas de Mocoa Putumayo, una étnica, una rural y una urbana,
frente a la cultura ambiental. Se hace necesario tener en cuenta a la familia
como primer agente social que fomenta el proceso educativo en los menores.
La familia como núcleo
fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los niños y
las niñas, es la que transmite valores, actitudes, hábitos, sentimientos,
experiencias, conocimientos y pautas de comportamiento, además en ella se
practican los primeros procesos de socialización; por lo tanto, es fundamental
identificar la influencia del núcleo familiar en la formación ambiental del
niño, niña, joven y señorita, con el fin de fortalecer la gestión ambiental y
fomentar el cuidado del entorno natural, generando nuevas actitudes en la familia
para ser inculcadas en los menores (Galvis, 2009).
En Colombia se comienzan a
construir espacios de formación y proyección para el cuidado y manejo adecuado
del ambiente a partir de la formulación del Código Nacional de los Recursos
Naturales Renovables y la Protección al Medio Ambiente, en diciembre de 1974,
allí se decreta que el ambiente es patrimonio común, por este motivo el Estado
y las personas civiles deben aunar esfuerzos para su preservación y uso
sostenible. La educación debe promover dinámicas ambientales con participación
comunitaria, direccionadas por el Estado, en espacios rurales y urbanos que
permitan dimensionar las problemáticas ambientales y llegar a comprenderlas
para tratar de resolverlas; también es muy importante mencionar que el Estado,
la sociedad y la familia son responsables de esa educación que debe estar
presente en todos los estadios de la vida del sujeto social, y desde todos los
ámbitos se debe instar al sentido de responsabilidad en cuanto a la protección
y mejoramiento del medio, tanto de manera individual como colectiva y
empresarial. (Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y la
Protección al Medio Ambiente, 1974).
Es así como en el transcurso de
los tiempos, se han establecido medidas para la conservación de los recursos
naturales, desde finales de los años sesenta e inicios de los setenta, la
mirada se enfocó en la preservación del medio ambiente debido a su gran
importancia para el mantenimiento de la vida sobre la Tierra y a los atropellos
expuestos desde la revolución industrial (Zabala y García, 2008). La
constitución colombiana hace alusión en su artículo 67 a que la educación
fomentará la protección del medio ambiente, la cual, es responsabilidad del
Estado, la sociedad y la familia. De esta manera se resalta la importancia de
la familia como el primer entorno de los niños y las niñas, donde se configuran
muchos de sus comportamientos y actitudes para con los otros y su ambiente
natural.
Desde ella se deben generar
sentimientos que definan compromisos auténticos con la realidad que nos atañe,
para que aquel ser en formación, desde cualquier rol en el que se desempeñe, lo
haga con total responsabilidad con su entorno, sin poner en riesgo los recursos
de las siguientes generaciones. Por otra parte, la escuela debe ser otro
escenario donde se fortalezcan los valores que vienen impartidos desde la
familia, y a partir de los conocimientos adquiridos en ella, se logre
reflexionar para lograr la concertación de acciones que propendan tanto por el
bienestar individual como colectivo, en armonía con la naturaleza, y así
garantizar las condiciones que incentiven las buenas prácticas en el medio,
desde una vida equilibrada en todos los ámbitos. Es importante mencionar “La
Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”
realizada en 1992, la cual reafirma la Declaración de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, en Estocolmo, donde se trata de
establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de
nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las
sociedades y las personas; procurando alcanzar acuerdos internacionales en los
que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema
ambiental y de desarrollo mundial, reconociendo la naturaleza integral e
interdependiente de la Tierra, nuestro hogar. En Colombia queda el compromiso
en el avance de la preservación del medio ambiente, definiendo y reorganizando
el sector ambiental en el país, tomando los elementos de la Declaración de Río,
a través del establecimiento de la Ley 99 de 1993, en el que se incorporan
acciones de participación ciudadana a través de la formulación y el uso de
instrumentos de educación ambiental promovidos por el Ministerio de Medio Ambiente
y el programa de gobierno “Cultura para la Paz, hacia una política de Educación
Ambiental” (Unesco, 2010). Además, se crea el Ministerio del Medio Ambiente,
conocido hoy como el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a
través del cual se pretende adoptar programas, planes de estudio y propuestas
curriculares en materia de Medio Ambiente y Educación Ambiental, para lo cual
se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA- y se decretan los fundamentos
de la política ambiental colombiana (ley 99 de la República de Colombia, 1993).
Estos hechos marcan un hito histórico, desde la vinculación de las diferentes
sociedades del mundo y sus gobernantes, para ejercer acciones conjuntas que
permitan la protección y conservación de los recursos presentes en la
naturaleza, mitigando los daños ocasionados por el hombre y sus excesos, de
esta manera poder coexistir dinámicamente y prolongar la vida de las especies y
entre ellas, de los seres humanos. En la actualidad, Colombia desde el
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible viene trabajando
arduamente para identificar y adoptar mejores prácticas y políticas públicas a
través de dos ejes centrales: Comité de Política Ambiental -EPOC- y Comité de
Químicos; de esta forma cumplir con una hoja de ruta propuesta, estipulada de
acuerdo con los criterios de ingreso a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico -OCDE- (del cual Colombia hace parte desde el 2020), quien
en cierto sentido, dictamina directrices para formar parte de esta organización
y controlar aspectos en materia ambiental a nivel nacional, y desde la
institucionalidad especifica, involucrar a los demás entes, tales como las
CARs, y también las instituciones educativas, incluso las familias, las
sociedades civiles y demás organizaciones gubernamentales o no gubernamentales.
En los colegios, el marco ambiental se refrenda con el decreto 1743 de 1994,
por el cual se reglamenta el Proyecto Escolar de Educación Ambiental -PRAE-, el
cual actúa como una herramienta didáctica, donde se articula al currículo, la
formación integral y la ambiental, desde la educación formal e informal,
permitiendo la participación de las comunidades en la resolución de problemas
ambientales del contexto, así como la formación de personas críticas y
participativas que permita la construcción de una cultura ambiental en el
territorio. En la actualidad existe una metodología para la construcción del
PRAE ajustada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la
subdirección de educación y participación, donde se especifica la importancia
de los proyectos ambientales escolares y los ítems a abordar para
desarrollarlos (decreto 1743 de la República de Colombia, 1994). Este marco
normativo de Colombia en materia ambiental, surge como respuesta a esa
exigencia de conservación del medio ambiente y de actuar frente a las
problemáticas que se suscitan en el entorno natural, regional, departamental,
nacional e internacional. A través de ellas queda establecido él como se pueden
diseñar estrategias participativas con propósitos globales que incidan en las
acciones tanto particulares como colectivas, desde lo formal e informal,
institucional e interinstitucional, que brinden soluciones reales a contextos
particulares. Cabe resaltar que las políticas ambientales establecen normas
claras en dicho sector, con el fin de propender al mantenimiento de la
biodiversidad y de los recursos naturales presentes en cada región, regulando
los procesos efectuados por el hombre y los residuos generados de las actividades
industriales, agrícolas, domésticas; pero es claro que las acciones ejecutadas
en torno a la normatividad deben trascender en el ámbito escolar, por ello, al
sector educativo se debe brindarle apoyo, desde el acompañamiento de las
Corporaciones Autónomas Regionales -CAR-, hasta los recursos necesarios para
efectuar las acciones propuestas en el PRAE de cada institución, de esta manera
desarrollar acciones diferenciadas y significativas que logren transformar
sentimientos, pensamientos y conductas, desde la sensibilización del ser a
partir del trabajo en contexto y con las comunidades.
Tanto el PRAE como los Proyectos
Comunitarios de Educación Ambiental -PROCEDA- y Proyectos Ambientales
Universitarios -PRAU-, deben ser trabajados desde las realidades locales y
hacer un acercamiento con los sujetos implicados en estos procesos educativos,
de esta manera lo proyectado no solo surgirá de un grupo de personas ajenas a
una realidad, sino por el contrario, de personas comprometidas con la
conservación de sus territorios y empoderadas de las acciones definidas en
colectivo, en miras de frenar el acelerado curso de las acciones antropogénicas
nefastas para el medio ambiente. Es entonces como el contexto social impacta al
niño, la niña, el joven o adolescente, porque ahí aparecen las imágenes o
modelos a seguir, de esta forma se perfilan ideologías, sujetándose a intereses
o gustos particulares, pero también se puede modelar a partir de procesos de
identidad, sentido de pertenencia por su territorio desde el reconocimiento de
aquello que posee y que lo hace grande, es así como el ser humano se reconoce
como un ser social, porque vive dentro de una comunidad que tiene sus propias
particularidades, necesidades y expresiones culturales. Lo anterior permite
evidenciar que las diferentes conductas emergentes del contexto familiar se
pueden redireccionar, fortalecer o redefinir a partir del contexto escolar.
Como dicen Ferrer et al. (2004), es únicamente a través de la educación como el
individuo interioriza la cultura, y es capaz de construir y producir
conocimientos, reorientar sus valores, modificar sus acciones y contribuir como
sujeto individual a la transformación de la realidad del medio ambiente.
Por lo tanto, el contexto escolar
es aquel que tiene la posibilidad de transformar muchos de los modelos que se
arraigan, y en alguna medida, fortalece valores y principios, abordando una
formación academicista, con un componente fundamental, el humanismo, que se ve
reflejado hacia el mismo, el otro y su medio. Por otra parte, las autoridades
ambientales deberán acoger la gestión ambiental familiar como eje que promueve
nuevos hábitos y costumbres frente al manejo, cuidado y protección de los
recursos naturales, tomando a la familia como núcleo y primer responsable de la
educación de los hijos, porque es ahí donde se forman los primeros hábitos y
comportamientos, no solo ambientales sino en todos los aspectos del ser humano,
que deberán proporciona en el hogar un ambiente adecuado para el desarrollo
integral de los niños y niñas, viéndose reflejando en la sociedad (decreto
1860, 1994). La vinculación concienciada de la familia a estos procesos de
gestión ambiental, permitirán lograr sujetos más reflexivos en torno a las
problemáticas sociales, ambientales, políticas, económicas, culturales,
demográficas, entre otras, y con mayor responsabilidad en su quehacer diario.
Finalmente, al comprender los diferentes contextos abordados, se puede concluir
que la normatividad debe hacerse efectiva en la familia y en las instituciones
educativas, pero para ello se debe exhortar a la corresponsabilidad de estas
generaciones con las próximas, y en este sentido, la educación es la
herramienta que debe utilizarse con este propósito, tanto en las familias como
en las escuelas o colegios, desde la vinculación de todos los agentes que
puedan permear estas estructuras, tales como medios de comunicación, empresas,
iglesias, entidades gubernamentales o no gubernamentales, congregaciones o
diferentes grupos humanos, que desde su quehacer se vinculen contribuyendo con
un granito de arena a la construcción de un ambiente completo y disponible en
cualquier tiempo y espacio para todos y todas.
Referencias Bibliográficas
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