miércoles, abril 16, 2014


Colombia requiere una política demográfica pública urgente
Por: Álvaro Hernando Cardona González
Tan solo en Cundinamarca el 13% de los embarazos ocurridos en el 2013, fueron en cuerpos de madres adolescentes, esto es, mujeres en edades que oscilan entre 10 y 16 años. La mayoría de ellos, en niveles económicos bajos. Casos como los conocidos recientemente de mujeres de edades inferiores a los 12 años que se dejan embarazar, se multiplican y aumentan. Entre tanto, Colombia crece demográficamente por encima del promedio mundial y hoy es un país con un territorio casi dos veces menor al de Argentina, pero con el doble de habitantes.
Se requiere de una política estructural en materia demográfica. No da espera.
Es absolutamente inconcebible e injustificable que  con las nuevas reformas fiscales, una persona que trabaja independiente, y suscribe un contrato de prestación de servicios al Estado tenga que pagar salud y pensión sobre el cuarenta por ciento del valor total cuando ya está cotizando al sistema pensional. Injusto, porque para poder pagar o cotizar a pensión, le exigen que también lo haga a salud, no importa cuántas veces lo haga, destinando un aporte importante al régimen o fondo de solidaridad que se supone va a apoyar a la  población vulnerable economicamente. E injusto porque a pesar de una persona pueda aportar dos, tres o más veces al fondo de solidaridad, igual sigue creciendo la población vulnerable (incluso a ritmos tres veces más que las clases media y alta) y sigue encontrando más vendedores ocupando el espacio público, más mendigos, más drogadictos en las calles, más alcohólicos deambulando, más niños pidiendo limosnas en las esquinas y más muchachos haciendo maromas a cambio de monedas.
¿No es lógico que si una persona vulnerable económicamente, realmente lo es, deje de llenarse de hijos los cuales aumentan sus necesidades? ¿No es lógico que si los aportes a los fondos de solidaridad aumentan, significando que aumentan los aportes de la mayoría de los colombianos, aún en detrimento de su propio ingreso, eso se refleje en menos personas desocupadas y tiradas en aceras y bancas?
Insistimos en que Colombia debe definir una política demográfica, fundada entre otras razones en la corresponsalía social. Es decir en que quienes aportamos, con mucho sacrificio y en detrimento de los ingresos por trabajo, algo recibamos de quienes son beneficiados. No hacerlo sólo trae discriminación, evasión y desidia. Sobre todo, trae conlleva rechazo en vez aceptación del Estado. Tratar los menos favorecidos como imbéciles no está bien, son inteligentes y comprenden. El resto de nosotros también comprendemos y estamos hartos de ver que la población pobre aumente y aumentan los aportes de solidaridad.
Colombia necesita sin más dilaciones, una política coherente, racional y de largo plazo en materia de control y distribución de la demografía nacional. Somos uno de los países con mayor población en relación al territorio. Pero más grave, es en las familias menos favorecidas económicamente donde más amplio es el núcleo familiar y esta población está desproporcionadamente distribuida en el territorio.
Más del 80% de la población colombiana está en la zona andina. Sólo Bogotá alberga cerca de una quinta parte de la población total nacional (e irónicamente alejada de los puertos para exportar) y las cuatro ciudades más grandes contienen más de una tercera parte de los ciudadanos sobre la cifra del Censo de 2005.
 

Esto, como lo comentábamos en la columna de la semana pasada, está trayendo inequidades y sobre todo injusticias sociales de las que pocos quieren hablar y estudiar. Agregando a lo que ya comentamos, ponemos estos otros ejemplos: 1. En materia pensional tenemos un delicado panorama dado que mientras la base de los que aportan a pensión disminuye la base de los que están pensionados o aspiran a estarlo aumenta. Aunque el grueso de los aportantes son clase media trabajadora, la clase alta disminuye y la baja aumenta, siendo necesario que cada vez más aumenten las edades y aumenten las mesadas. Y existe un punto oculto, aumenta el recaudo para el Fondo de Solidaridad para quienes trabajan y no ven contraprestación ni del Estado ni en la población beneficiada. 2. En materia social, el Estado interpretando la connotación “social” de nuestro Estado de Derecho viene ampliando los beneficios de la población desfavorecida sin ninguna contraprestación, y estimamos, creando un círculo vicioso de lo que podría llamarse “irresponsabilidad social diferenciada”, esto es una falta de aporte a la sociedad por quienes son beneficiados por ella. Este es el marco para la teoría de la Solidaridad de la cual próximamente recordaremos y que con lo sucedido en Europa y Brasil vuelve a tomar fuerza.
“Es claro, más allá de las discusiones moralistas o biológicas, que el embarazo y la maternidad de las adolescentes no solo truncan y retrasan sus posibilidades de desarrollo, sino el de sus propias familias y, por extensión, el de la sociedad entera” (El Tiempo. Editorial; 24 de septiembre de 2012). En el mismo texto se sostuvo luego, con base en conceptos serios de sociólogos y otros expertos que “…este fenómeno -que en Colombia afecta a una de cada cinco mujeres entre los 15 y los 19 años- es un factor determinante en la reproducción de la pobreza”.
La demográfica es una política contra la pobreza y la justicia social.

Calentamiento global ¿Nos afecta en Colombia?

 POR: Álvaro Hernando Cardona González

Según informe de un grupo de expertos, en América Central la temperatura aumenta y las lluvias disminuyen. Dicho estudio indica que el calentamiento global aumentará la temperatura en 4,5ºC al final de siglo XXI si no se reducen drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero en dicha región. Tan dramática es la situación que si se quiere evitar un calentamiento superior a 2ºC en tal período, se debe procurar lograr cero emisiones de gases desde ahora. Eso por supuesto supone una drástica reducción de producción industrial. Lo que a su vez trae fuertes contracciones económicas, pues cuando se procura poner límite a las emisiones es inevitable que ello lleva a limitar los procesos industriales o encarecerlos por los equipos que deben adquirirse para controlar nuevas o mayores fuentes.
En un informe del GIEC (grupo Interdisciplinario del Cambio Climático), se identificaron mayores impactos por cambios de climas en el centro y sur del continente americano con respecto a 2007. No se trata sólo de inundaciones, sequías o daños a ecosistemas. Existen evidentes impactos sociales como los desplazamientos, daños de infraestructura, mayores apropiaciones presupuestales para control de caudales en detrimento de programas sociales, etc.
El estudio del GIEC es interesante porque a propósito de lo que ha ocurrido en el departamento de Casanare, había advertido de una sequía de casi tres años ya en la región de la Amazonia que probablemente fue lo que hizo que el Ministerio de Ambiente y el Ideam ya hubieran prendido alarmas hace algún tiempo.
Todos los problemas ambientales del planeta tienen incidencia en las economías nacionales. Eso ya lo había advertido en 1972 el documento Los límites del crecimiento producido por el MIT y que es uno de los prolegómenos de la I Conferencia Mundial por el Medio Ambiente. Y también lo dijo el Informe Brundtland en 1987 que tuvo tanta influencia en la declaración de Río años después. No es nuevo pues entender cuál es la problemática real que generan los cambios del clima planetario.
Más allá de lo escabroso que pueda parecer ver extensas áreas secas, miles de animales muertos y pérdida temporal de recurso hídrico, y sin menospreciar lo que eso verdaderamente significa, deberían preocupar los costos que todo esto trae consigo a la sociedad a ver si por ahí se concientiza más de que algo hay que hacer. Alguna vez hablaremos desde la perspectiva económica de las externalidades negativas, de lo que esto trae hoy en términos de participación en las ganancias de las empresas y pérdidas para la sociedad.

Vietnam trabaja por construir una economía verde mediante esfuerzos para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y la aplicación de tecnologías amigables con el medio ambiente, ahorro energético y uso efectivo de recursos naturales.
 
Se trata de la estrategia nacional del desarrollo sostenible en el período 2011-2020 formulada por el Gobierno, la cual establece la meta de bajar la intensidad de emisión en ocho o 10 por ciento comparado con 2010 y disminuir el gasto de energía promedio anual en el 1-1,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
 
El país estimula modelos de desarrollo de industria y agricultura verde mediante la reestructuración sectorial, renovación tecnológica y maquinaria amigable con el medio ambiente, incluso el incremento de la prevención y el tratamiento de la contaminación.
 
Hasta 2020, se esforzará para que el valor de productos de la industria de tecnología avanzada y limpia ocupe del 42 al 45 por ciento del PIB, mientras el porcentaje de los establecimientos de negocios con estándar medioambiental represente un 80 por ciento.
 
La estrategia también incluye la construcción de las zonas urbanas modernas, caracterizadas por un sistema estándar de recolección de basura y tratamiento de aguas residuales, el aumento de superficie verde en las ciudades y el estímulo de consumo sostenible.