miércoles, abril 17, 2024

30 años del Sistema Nacional Ambiental

Álvaro Hernando Cardona González

(Artículo publicado el 31 de marzo de 2023, en el Diario del Huila)

 A finales del año 2023 se cumplieron treinta años de expedida la Ley 99 de 1993. Es la norma por la cual, se consolidó el proceso de gestión, política pública y normatividad ambiental colombiano. Uno, que inició en el año 1973 con la expedición de la primera norma específica sobre ambiente natural y luego con la expedición del aún vigente Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección Ambiental.

 ¿Qué hizo tan importante la Ley 99, repetimos, hace 30 años? Creó el Sistema Nacional Ambiental-SINA, creó el Ministerio de Ambiente, reorganizó las corporaciones autónomas regionales y definió los principios para adoptar las políticas públicas ambientales.

Esta columna, de hecho nace en la década de los noventas, cuando gracias a la Ley 99 y al SINA, en Colombia se empoderan las problemáticas y las acciones por proteger y recuperar el ambiente y sus recursos naturales renovables.

Sin duda la Ley 99 de 1993, procuró “cumplir con eficacia los mandatos constitucionales sobre protección, conservación y sostenibilidad del medioambiente” (Jorge Iván Hurtado Mora, en www.ambitojuridico).

Este artículo, como se imaginará, debimos hacerlo público cuando llegara diciembre del año 2023, no obstante, creemos que con miras a abrir el debate sobre un proyecto de reforma al SINA, que motivó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y que en el ámbito académico, de entrada no ha generado la mayor aceptación, es importante primero socializar y contextualizar lo que es el SINA, los principios que gobiernan las políticas públicas sectoriales y su ejecución.

En la Ley en comento, se prescribió que a) El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo; b) La formulación de las políticas ambientales tendrán cuenta el resultado del proceso de investigación científica: las decisiones no serán politiqueras, sino técnicas; c) Como ya lo dice la Constitución Política (dos veces) la acción ambiental del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado; y, d) Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional Ambiental -SINA-.

El SINA es definido como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales. No es una oficina, dependencia o entidad; es una ficción para entender que como el ambiente son recursos y elementos interrelacionados, también así debe ser la labor (gestión) para atenderlo.


Educación ambiental y la preservación de las hormigas arrieras en la vereda Juancho del municipio de Íquira (Huila)

 

José Vicente Quimbaya Torres

Actualmente, aspirante al título de doctor.

Este ensayo fue presentado en la asignatura “POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL" del DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

Universidad Surcolombiana de Neiva

(Se publica previa autorización del autor)

  

En un mundo donde la biodiversidad enfrenta numerosas amenazas, es esencial adoptar enfoques innovadores y sostenibles para la conservación del medio ambiente. En Colombia, la protección de la biodiversidad está respaldada por una sólida base legal y normativa, que incluye la Constitución Política, leyes, decretos y jurisprudencia. Además, eventos internacionales como la Conferencia de Estocolmo y la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro han establecido principios fundamentales para la protección ambiental a nivel global. En este contexto, la educación ambiental emerge como una herramienta indispensable para promover la conciencia y la acción en favor del medio ambiente, y puede desempeñar un papel crucial en la investigación doctoral sobre las hormigas arrieras en la Vereda Juancho, Íquira (Huila).

 

En Colombia, la protección del medio ambiente está respaldada por una amplia gama de leyes y normativas que establecen los deberes del Estado y los derechos de los ciudadanos en relación con la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental. La Constitución Política de Colombia reconoce el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y establece el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente (Artículo 79). Este marco constitucional proporciona el fundamento legal para la investigación y conservación de especies como las hormigas arrieras, cuyo papel ecológico es crucial en los ecosistemas tropicales y subtropicales. Además, la Ley 99 de 1993 establece el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y define los principios para la gestión del medio ambiente en el país. Esta ley establece los lineamientos para la planificación y gestión ambiental, así como para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales. Asimismo, la Ley 165 de 1994 establece el régimen de protección y manejo de las áreas de especial importancia ecológica, contribuyendo a la conservación de los hábitats de especies como las hormigas arrieras. La jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia también ha jugado un papel importante en el desarrollo del marco legal ambiental del país. A través de diversas sentencias, la Corte ha interpretado y aplicado los principios constitucionales relacionados con el medio ambiente, destacando la importancia de proteger la biodiversidad y promover el desarrollo sostenible. Por ejemplo, la Corte Constitucional (Sentencia T-622 de 2016) establece la obligación del Estado de proteger las especies en peligro de extinción y sus hábitats, garantizando su conservación y restauración. Esta sentencia reconoce la importancia de conservar la diversidad biológica como base para el desarrollo sostenible y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.

 

En Colombia, al igual que otros países, ha participado activamente en eventos internacionales y ha ratificado diversos tratados y acuerdos que establecen compromisos en materia ambiental. Estos eventos y compromisos globales han sentado las bases para la protección ambiental a nivel internacional y han influido en la legislación y políticas ambientales a nivel nacional. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, fue el primer evento internacional de gran envergadura dedicado exclusivamente a cuestiones ambientales. La Declaración de Estocolmo estableció los principios básicos para la conservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, sentando las bases para futuros acuerdos internacionales en esta área. La Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, fue otro hito importante en la historia de la protección ambiental a nivel global. En esta conferencia, se adoptaron la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, así como la Agenda 21, que establecieron objetivos y acciones concretas para promover el desarrollo sostenible a nivel mundial. Además, en la Cumbre de la Tierra se negociaron y adoptaron varios convenios internacionales sobre temas ambientales, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Estos acuerdos internacionales establecen compromisos específicos para la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático, entre otros temas. Colombia ha ratificado varios de estos convenios internacionales y ha adoptado medidas para cumplir con los compromisos adquiridos. Por ejemplo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica se ratificó mediante la Ley 165 de 1994, que establece el marco jurídico para la conservación de la biodiversidad en el país.

 

La educación ambiental desempeña un papel fundamental en la conservación de las hormigas arrieras y otros aspectos de la biodiversidad. Al involucrar a la comunidad local en la comprensión y apreciación de estas especies, se puede fomentar una mayor conciencia sobre su importancia ecológica y promover prácticas de convivencia armoniosa. Además, la educación ambiental puede empoderar a la comunidad local para que participe activamente en la conservación de la biodiversidad y en la adopción de medidas de adaptación al cambio climático. Un aspecto clave de la educación ambiental es la sensibilización sobre la importancia de las hormigas arrieras en el ecosistema. Estos insectos desempeñan un papel crucial en la fertilización del suelo y en la dispersión de semillas, lo que contribuye al mantenimiento de la biodiversidad y la salud de los ecosistemas. Al informar a la comunidad sobre estos beneficios ecológicos, se puede cambiar la percepción de las hormigas arrieras como plagas y fomentar prácticas de convivencia que promuevan su conservación. Estrategias como el manejo integrado de plagas y el uso de métodos de control no químicos pueden ayudar a reducir la dependencia de los insecticidas y a mitigar los impactos negativos en el medio ambiente y la salud humana.

 

La investigación y conservación de las hormigas arrieras en la Vereda Juancho, Íquira (Huila), se beneficia significativamente de la integración de la educación ambiental en el proceso. A través de estrategias de sensibilización y participación comunitaria, se puede promover una mayor conciencia sobre la importancia de estas especies y fomentar prácticas de convivencia armoniosa entre las comunidades locales y el ecosistema. La educación ambiental permite abordar percepciones erróneas sobre las hormigas arrieras y promover prácticas agrícolas sostenibles que minimicen el conflicto entre estos insectos y los cultivos. Al informar a la comunidad sobre los beneficios ecológicos de las hormigas arrieras y las consecuencias negativas de los métodos de control convencionales, se puede cambiar la percepción de estas especies como plagas y promover su conservación. Además, la educación ambiental empodera a la comunidad local para que participe activamente en la conservación de especies como las hormigas arrieras y su hábitat.

 

Referencias:

 

- Constitución Política de Colombia (1991).

- Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992).

- Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (1972).

- Sentencia T-622 de 2016. Corte Constitucional de Colombia.

- Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

 

- Ley 165 de 1994. Por la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.

Agua para Colombia: equilibrio entre riqueza hídrica y bienestar social

 Jaiver Vladimir Quesada Hernández

Actualmente, aspirante al título de doctor.

Este ensayo fue presentado en la asignatura “POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL" del DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

Universidad Surcolombiana de Neiva

(Se publica previa autorización del autor)

En un mundo donde el azul de nuestro planeta se oscurece por la sombra de la escasez, Colombia se erige como un bastión de esperanza hídrica. Su marco constitucional y legal proporciona los cimientos esenciales para la protección y gestión sostenible de sus abundantes recursos hídricos. Desde las majestuosas cumbres andinas hasta las serenas llanuras costeras, el agua fluye como un vívido símbolo de vida y prosperidad para este país suramericano. Sin embargo, esta promesa de abundancia se ve amenazada por desafíos crecientes, como la tala indiscriminada, la urbanización descontrolada y una creciente presión demográfica.

 

El análisis crítico de la legislación vigente revela la sólida base sobre la cual Colombia ha construido su enfoque hacia la gestión hídrica. La Constitución Política de 1991 establece claramente los derechos fundamentales de todas las personas a un ambiente sano y la responsabilidad del Estado en garantizar el acceso a servicios básicos, incluyendo el agua potable. (Constitución Política de Colombia, 1991, art 79 y art 366).

 

En el territorio colombiano, estas orientaciones constitucionales han sido importantes para establecer políticas y programas que buscan garantizar el acceso equitativo al agua potable y la preservación de los recursos hídricos en todo el país. No obstante, perduran retos en la ejecución efectiva de estas normas, especialmente en regiones rurales y comunidades vulnerables.

 


Por otro lado, el Estado tiene la responsabilidad de gestionar los recursos naturales de manera sostenible, incluyendo los recursos hídricos para preservarlas para las generaciones futuras (Constitución Política de Colombia, 1991, art 332). Esta disposición legal cobra relevancia en situaciones reales como la explotación de minerales y petróleo. El Estado debe gestionar estos recursos de manera sostenible, considerando su agotabilidad y los impactos ambientales.

 

 Estas disposiciones constitucionales forman el marco teórico y normativo dentro del cual se deben desarrollar políticas y acciones para garantizar un equilibrio entre la riqueza hídrica y las necesidades de la población.

 

En el ámbito legal, Colombia cuenta con leyes clave que respaldan su compromiso con la protección del agua. La Ley 99 de 1993 establece el Sistema Nacional Ambiental (SINA), un mecanismo fundamental de gobernanza ambiental que incluye la protección de los recursos hídricos. Asimismo, la Ley 373 de 1997 enfatiza el uso eficiente y la gestión integrada del agua en todas las actividades económicas. La Ley 142 de 1994 regula los servicios públicos domiciliarios, incluyendo el suministro de agua potable y saneamiento básico. Más recientemente, la Ley 2111 del 2021 refleja la evolución del marco legal al fortalecer las medidas para prevenir y sancionar actividades que afecten los recursos hídricos de manera negativa.

 

En este contexto, Colombia se enfrenta a un desafío monumental: equilibrar su riqueza hídrica con las necesidades de su población en un escenario de creciente escasez global. La conservación se erige como el pilar central sobre el cual se debe edificar cualquier estrategia hídrica. Proteger las cuencas hidrográficas, promover la reforestación de áreas deforestadas y establecer zonas de amortiguamiento alrededor de ríos y lagos son medidas cruciales. La implementación de prácticas agrícolas sostenibles también desempeña un papel fundamental en la reducción de la erosión y la contaminación, garantizando así la disponibilidad de agua limpia y abundante para todos los colombianos.

 

Sin embargo, no basta con conservar. La educación y la cultura ambiental deben ser pilares fundamentales en la relación del Estado y los ciudadanos con el agua. Desde programas educativos en todos los niveles hasta campañas de sensibilización pública, se deben fomentar hábitos responsables y sostenibles en la conservación y preservación de los ecosistemas hídricos. Además, la promoción de tecnologías limpias y sistemas de tratamiento de aguas residuales es esencial para garantizar la disponibilidad de agua segura y de calidad para todos los sectores de la sociedad y los ecosistemas en general.

 

En cuanto a las lecciones aprendidas de los conflictos pasados y presentes por el agua, Colombia tiene mucho que considerar. La historia muestra claramente cómo la sobreexplotación y la contaminación pueden llevar a crisis hídricas devastadoras. La evolución de la legislación colombiana, desde el Decreto 2811 de 1974 hasta el Decreto 1090 de 2018, refleja un compromiso continuo con la protección del agua y el ambiente.

 

En resumen, Colombia se encuentra en una encrucijada donde su riqueza hídrica y las necesidades de su población deben equilibrarse con sabiduría y visión a largo plazo. La aplicación efectiva de su marco constitucional y legal, junto con la adopción de políticas públicas innovadoras y sostenibles, son clave para garantizar un porvenir donde las futuras generaciones hereden un país rico en agua y en la sabiduría colectiva para protegerla. Solo a través de un compromiso decidido y colectivo, Colombia podrá asegurar que el azul de su territorio continúe siendo un símbolo de vida, esperanza y prosperidad para todos sus habitantes.

 

REFERENCIAS:

 

Constitución Política de Colombia [C.P.]. (1991). Artículo 79 [Título II]. (2.a ed.). Legis.

Constitución Política de Colombia [C.P.]. (1991). Artículo 332 [Título XII]. (2.a ed.). Legis.

Constitución Política de Colombia [C.P.]. (1991). Artículo 366 [Título XII]. (2.a ed.). Legis.

Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios.

Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el Programa Nacional para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua.

Ley 2111 del 2021. Por la cual se reforma el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal en materia de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Decreto 2811 de 1974 [con fuerza de ley]. Por medio del cual se expide el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 27 de enero de 1974. D.O. No. 34243.

La educación ambiental, el cuidado de las fuentes hídricas y la participación de las comunidades

 

Anderson Duran Losada

Actualmente, aspirante al título de doctor.

Este ensayo fue presentado en la asignatura “POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL" del DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

Universidad Surcolombiana de Neiva

(Se publica previa autorización del autor) 




 

El agua es un recurso vital que desempeña un papel fundamental en la vida cotidiana, la agricultura, la industria y el medio ambiente (Pinto,2018). Sin embargo, su disponibilidad y calidad están amenazadas principalmente por la actividad humana y el cambio climático. En este contexto, la percepción de la comunidad educativa sobre la gestión del agua y la participación comunitaria pueden influir significativamente en la conservación de los afluentes hídricos. En consecuencia, la formación de ciudadanos con conciencia ambiental plantea la siguiente pregunta en este artículo: ¿Puede la educación ambiental mitigar los efectos negativos que la actividad humana ha generado en las fuentes dricas de Colombia? En este contexto, exploraremos cómo la educación ambiental puede convertirse en una herramienta fundamental para abordar las principales crisis medioambientales e hídricas del país, incluso en las zonas más remotas.

Actualmente, en Colombia se reconoce que la educación ambiental es el proceso de transformación más efectivo para sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de preservar los ecosistemas, se considera una herramienta eficaz para abordar las problemáticas ambientales que incluyen las principales fuentes hídricas del país, relacionadas con la gestión, conservación y protección(Agudelo,2020). Por ende, se hace indispensable, transformar la educación en un mecanismo incluyente de participación activa en pro del cuidado de los ecosistemas. Con este propósito en mente, se diseñan por parte del gobierno nacional proyectos de educación ambiental estableciendo criterios para abordar las principales problemáticas, incluyendo la exploración, explotación y manejo de los recursos naturales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, 2018). Se trataría, entonces de poder impulsar desde las instituciones de educación una política nacional de gestión ambiental, que permita la distribución de los recursos económicos, y la participación ciudadana, teniendo en cuenta que el agua y otros recursos naturales son importantes para el impulso económico del país. Entonces estaríamos hablando de cómo de manera inclusiva integraríamos a las comunidades en los procesos curriculares de las instituciones educativas teniendo en cuenta el motor económico del país. Los retos, aunque no imposible para la academia seria dotar a cada estudiante y ciudadano de conocimientos necesarios que impulsen el cuidado, gestión y uso responsable de los recursos naturales. Esto permitiría un intercambio de saberes en la gestión de políticas públicas en pro de los procesos de participación y cuidado de las fuentes hídricas, Pues es deber de todos fomentar y gestionar políticas y normativas desde todos los sectores.

En Colombia, la regulación de la política pública en materia ambiental ha adquirido una relevancia creciente, especialmente en lo concerniente a la protección de ecosistemas estratégicos y la promoción de prácticas sostenibles amparados en la Constitución Política de Colombia (Amaya Navas, 1998). Desde una perspectiva más general, el desarrollo socioeconómico junto con la regulación de políticas públicas y la educación ambiental están estrechamente relacionados. Por lo tanto, la educación ambiental debería tener una importancia tan relevante como la alfabetización en los colegios, ya que permitiría comprender el equilibrio, de la relación entre el hombre y la naturaleza. Esto permitiría un intercambio de saberes en la gestión de políticas públicas en pro de los procesos de participación y cuidado del medio ambiente. Pues es un deber de todos fomentar y gestionar políticas y normativas desde todos los sectores. Sin embargo, un error en estas políticas ha sido la poca participación de las comunidades y los efectos colaterales que la demanda de recursos como el agua genera, pues el agua es el recurso vital por excelencia y su cuidado garantiza la vida de las futuras generaciones. En efecto, según la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Banco Mundial, el 70% del agua dulce extraída en el planeta se destina a la agricultura. (Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Banco Mundial, 2018).

Es importante, Que logremos entender que nuestra participación es esencial para lograr una gestión sostenible y responsable, pues el agua es el recurso vital por excelencia y su cuidado garantiza la vida de las futuras generaciones. No solo se trataría de enriquecernos o satisfacer nuestras necesidades si no como le retribuyo al medio ambiente sin destruirlo.

En Colombia, la explotación de las fuentes hídricas se da a causa de:  la generación de energía eléctrica, la industria y la agricultura. Según datos aportados por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia, la agricultura demanda un 43% del agua total disponible de las fuentes hídricas, y el 48% de esta es destinada al riego de cultivos, donde se desperdicia debido al desconocimiento y la falta de infraestructura y suministro casi el 90% del agua utilizada. En este sentido, se fomentan programas de protección en función de los componentes ambientales, políticos, económicos, y sociales, con el objetivo de lograr un equilibrio en las demandas hídricas y la sobreexplotación de los caudales más importantes.

En este sentido, enriquecer los programas educativos sobre la protección del medio ambiente y el trabajo en equipo, entre comunidades y gobierno nacional permitirá favorecer las habilidades de liderazgo, pensamiento crítico y empatía. Las organizaciones de los programas de educación ambiental son ajustadas por el Gobierno Nacional mediante políticas y normativas (Lineamientos para la conformación y funcionamiento de los consejos académicos y estudiantiles, 2016).

Este artículo se centra en plantear una propuesta de investigación que permita evidenciar el cómo las percepciones y actitudes de la comunidad educativa Jorge Villamil Ortega impactan en la gestión del agua relacionada con el afluente hídrico quebrada La Honda, ubicada en el municipio de Gigante, departamento del Huila. De modo que, sus resultados permitan comprender el equilibrio entre desarrollo, sostenibilidad y participación comunitaria de un ecosistema hídrico en el ámbito rural colombiano.

Por consiguiente, la presente investigación se articula con la agenda pública de Colombia y las políticas del plan de desarrollo sostenible del gobierno nacional pues aportara información que permitirán contribuir a las necesidades de preservación del medio ambiente y la promoción de prácticas sostenibles. En este contexto, la educación ambiental emerge como un pilar fundamental del gobierno nacional para sensibilizar y movilizar a las comunidades en la protección de los recursos naturales (Tovar, 2011). Por lo tanto, se pretende analizar el grado de participación de la comunidad educativa en las iniciativas de conservación y manejo sostenible del agua en la quebrada La Honda. De este modo, se evidenciará la interacción entre la comunidad educativa el desarrollo económico y conservación del afluente hídrico.

De manera que, este trabajo de investigación se fundamentara en la premisa de la gestión ambiental en la quebrada La Honda. Puesto que esta, desempeñan un papel crucial en la provisión de servicios ecosistémicos esenciales, tales como la regulación del clima, la conservación de la biodiversidad y la provisión de los recursos hídricos y sus servicios ecosistémicos. Cabe considerar, que las aguas de la quebrada las hondas son vitales, pues estas abastecer el casco urbano de Gigante en su zona rural, donde residen más de 2,100 personas en las veredas: La Palma, Cafetos, Cachaya, La Floresta, Alto Corozal y Bajo Corozal, estas comunidades dependen de aproximadamente 100 litros de agua diarios provenientes de la quebrada para cubrir sus necesidades básicas (CAM, 2016). Sin embargo, la presión derivada del crecimiento económico y la falta de conciencia ambiental por parte de las comunidades aledañas y el sector productivo ponen en riesgo la salud de este entorno y, por ende, el bienestar conjunto del ecosistema. Pará abordar esta problemática, se pretende en primera instancia mapear la participación y las iniciativas de conservación y manejo sostenible por parte de la comunidad educativa Jorge Villamil Ortega (J.V.O.), en favor del recurso hídrico. Para ello, se emplearán diversos métodos de investigación, como encuestas, entrevistas y grupos focales, dirigidos a estudiantes, profesores y personal administrativo, con el fin de analizar la percepción y participación de la comunidad educativa en la gestión del agua y su relación con la Quebrada La Honda.

Los resultados de la investigación permitirán identificar patrones y tendencias en las actitudes y comportamientos de la comunidad educativa frente a la protección del medio ambiente y el uso sostenible del recurso hídrico. Asimismo, el mapeo permitirá evidenciar posibles efectos de las actividades humanas y la gestión en la protección del recurso hídrico, considerando variables como la percepción y participación comunitaria, así como factores externos que puedan influir en la calidad y disponibilidad del recurso hídrico.

En conclusión, el análisis exhaustivo del efecto de la percepción de la comunidad educativa J.V.O. en la gestión del agua y su participación comunitaria en la preservación de la Quebrada Honda revela la compleja interrelación entre la percepción, la acción y la conservación del recurso hídrico. Estos hallazgos subrayan la importancia de adoptar un enfoque integral que aborde tanto los aspectos perceptivos como las prácticas de gestión del agua en comunidades rurales como la estudiada (Valladares, 2020).

Los resultados obtenidos a partir de esta investigación ofrecen valiosa información que puede orientar el diseño e implementación de estrategias y políticas públicas dirigidas a promover una gestión del agua más efectiva y una participación comunitaria más activa. Es imperativo que los organismos gubernamentales, en colaboración con las comunidades educativas, organizaciones sociales, grupos ecológicos y líderes comunitarios, desarrollen iniciativas que fomenten la conciencia ambiental, la responsabilidad compartida y la acción colectiva en la protección de los recursos hídricos.

Asimismo, se destaca la necesidad de considerar el agua como un factor clave para el desarrollo económico y el bienestar de las comunidades rurales. La conservación de las fuentes hídricas no solo garantiza la disponibilidad de agua potable para las generaciones presentes y futuras, sino que también puede impulsar actividades económicas sostenibles, como el turismo ecológico y la agricultura responsable.

En síntesis, esta propuesta de investigación representa un paso significativo hacia la comprensión de los desafíos y oportunidades relacionados con la gestión del agua en contextos rurales. Se espera que sus conclusiones inspiren acciones concretas que contribuyan a la conservación de las fuentes hídricas y al desarrollo sostenible de las comunidades locales, promoviendo así un futuro más próspero y equitativo para todos.

 

Referencias

Agudelo, D. (2020). participacion de ciudadanos en la gestion del agua en colombia:analisis de las dinamicas locales en la cuenca del rio medellin. Estudios Sociales , 18-31.

Amaya Navas, O. D. (1998). La protección al medio ambiente en la Constitución Política de 1991. Bogota.

CAM. (2016). Ajustes al Plan de Manejo Ambiental, polígono y zonificación del Parque Natural Cerro Páramo de Miraflores 'Rigoberto Urriago.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. (2018). Programa Nacional de Educación Ambiental para la Gestión Integral del Recurso Agua. Obtenido de https://www.minambiente.gov.co/images/GIRH/Programas_Y_Proyectos/Programa_Nacional_de_Educacion_Ambiental_para_la_Gestion_Integral_del_Recurso_Agua.pdf.

Nacional, M. d. (2016). Lineamientos para la conformación y funcionamiento de los Consejos Académicos y Estudiantiles. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Banco Mundial. (2018). Fact Sheet: Water in Agriculture.

Pinto, A. P. (2018). Agua-Territorio en América Latina: Contribuciones a partir del análisis de estudios sobre conflictos hídricos en Chile. Revista Ropturas, 8.

Tovar, L. P. (2011). Percepciones ambientales de los habitantes del Parque Natural Regional Cerro Páramo de Miraflores. Tesis (Magíster en Ecología y Gestión de Ecosistemas Estratégicos), Universidad Surcolombiana, Huila, Neiva. Recuperado el 04 de 2023

. Valladares, C. V. (2020). Nuevas determinantes para comprender los alcances de la ruralidad: representaciones del cambio climático en la agricultura familiar campesina. Boletín de Estudios Geográficos.( 2525-1813), 22.

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD: una práctica desde los pueblos indígenas

Zayra Milena Botina García

Actualmente, aspirante al título de doctor.

Este ensayo fue presentado en la asignatura “POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL" del DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

Universidad Surcolombiana de Neiva

(Se publica previa autorización del autor) 

 

Estamos ante “…una nueva esquizofrenia: protegemos el ambiente «natural» y degradamos cada vez más el ambiente en el que vivimos” (Mayer, 1998, 220)

 

 

Es evidente, la preocupación a nivel mundial, del accionar del hombre frente al deterioro ambiental; “la causa principal es que se están produciendo cambios drásticos y sin precedentes y que la humanidad es directamente responsable” (Organización, 2020, p.10). En su afán de acumular capital el homo industrialis, a acudido a acciones como la sobre explotación y mal uso de los recursos naturales. De esta manera, se manifiesta la obtención económica mediante la superproducción y consumo, adoptada por una sociedad globalizada en la que se anteponen los beneficios lucrativos antes que los de conservación; dicha problemática, ha invadido los diversos escenarios (social, cultural, económico, científico, educativo, político, ético y tecnológico) convirtiéndose por ello en un aspecto de importancia global.

Es por eso, que se hace necesario el cambio de prácticas, a través de la educación tal como ya lo dispone la Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 67. 7 de julio de 1991 donde considera que es la principal herramienta de formación para el mejoramiento cultural y la protección del ambiente, debido a que estamos llegando a un punto donde la ética planetaria hace cada vez más presente las actividades y el comportamiento de todos los seres humanos, del ser individual y de sus colectividades (Boff, 2001).

Así mismo,  la Ley General de Educación numeral 10 declara como uno de los fines de la educación

la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación (L. 115, 1994, art 5)

Emerge entonces la educación y especialmente la Educación Ambiental (EA), como una de las respuestas frente a la mencionada crisis ecológica. La EA se define en el artículo 1 de la Ley 1549 (2012) como un proceso activo e inclusivo donde todos los individuos debemos pensar de una manera crítica sobre las problemáticas ambientales del territorio. Se potencializa como herramienta clave para que la sociedad interprete y analice las reacciones de la naturaleza, reconociendo que el entorno natural tiene capacidad limitada para la regeneración, convirtiendo a muchos de nuestros recursos naturales en finitos.

Frente a este panorama crítico por el que atraviesa la biosfera, en el campo educativo juega un papel fundamental la actualmente conocida Educación Ambiental para la Sostenibilidad (EApS). Entendida ésta, según Aguilera (2018), como un mecanismo de cambio y conciencia en busca de soluciones a problemáticas ambientales en el mundo globalizado, que se convierte en un factor determinante para lograr el desarrollo y supervivencia de la sociedad (Hayk y Carrión, 2021). De tal manera que se pueda “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades y aspiraciones” (Informe de Brundtland,1987, p. 8.).

Vistiéndose, como vía promisoria para que la sociedad, reconozca el valor sistémico del ambiente y lo que él ofrece (Flores y Mosquera, 2013). En tal sentido, y como señala Novo (2009):

            Si entendemos la sostenibilidad como una meta que persigue nuestra especie para mantener de forma armónica la sociedad humana sobre el planeta, tomaremos esta idea como un horizonte que nos sirve para organizarnos no sólo en el corto y medio plazo, sino también a largo plazo, buscando salvaguardar y preparar una buena calidad de vida para las generaciones futuras (p.5).

No obstante, aunque son numerosos los estudios, advertencias y propuestas de acción, para mitigar las problemáticas ambientales (Nay y Cordero, 2019). Aún no se logra apropiar en la sociedad los valores adecuados para hacer frente a dichas problemáticas. Quizá, la causa principal de ello sea la falta de concienciación del ser humano sobre la importancia del ambiente, por lo que es necesario, una trasformación fundamental en la visión que la sociedad tiene del mundo (Espejel y Flores, 2012). Esto implica pensar en un cambio de paradigma, en el que aspectos como la educación, ciencia, economía, política, el mundo físico y cultural se contemplen desde una visión sistémica para el desarrollo y bienestar de los habitantes del planeta.

Es así, que se hace necesario realizar un diálogo intercultural donde las cosmovisiones de los pueblos indígenas se integren en la práctica de la educación ambiental sostenible tomando como principio que la naturaleza y el hombre son uno solo, atendiendo así al artículo 22 de la ley 99 de 1993 donde hace alusión al “fomento y difusión de la experiencia ambiental de las culturas tradicionales”, teniendo en cuenta sus conocimientos, técnicas y experiencias para fortalecer la cultura ambiental; tal como lo sostiene Ulloa (2007) “en particular, los pueblos indígenas alrededor del mundo están situando sus percepciones, concepciones y prácticas acerca de la naturaleza como alternativas frente a los actuales cambios ambientales” ( p.304 )

Considerar los saberes de los índigenas como una posibilidad para recuperar la relación armónica entre la naturaleza y el ser humano obtiene gran importancia en la medida que nos compromete a cuidar y preservar lo que nos rodea. En ese entendido, se puede reconocer que “los pueblos indígenas tienen un arraigo con el territorio que va más allá de la concepción material de las cosas, sus principios están basados en la cosmovisión, la relación del hombre con la tierra”  (Cardona, 2006, p.3a)

Entonces, se debe reconocer que necesitamos adquirir de manera urgente conciencia, valores, técnicas y comportamientos ecológicos y éticos que nos hagan volver la mirada al territorio como la única morada que debemos cuidar y preservar para poder compartirla con las futuras generaciones dándole “aplicabilidad a los principios que establecen los pueblos indígenas mediante lo mítico, lo sagrado, lo espiritual y lo cosmogónico, que es la fuente de la vida” (Cardona, 2006, p.4b) 

REFERENCIAS

Aguilera, R. (2018): La educación ambiental, una estrategia adecuada para el desarrollo sostenible de las comunidades, Revista DELOS Desarrollo Local Sostenible n.31 (febrero 2018). En línea:https://www.eumed.net/rev/delos/31/roberto-aguilera.html

//hdl.handle.net/20.500.11763/delos31roberto-aguilera

 Bayón, P. (2006). Educación ambiental, participación y transformación social sostenible en Cuba. Revista Interface, 2(4), 89-104. Recuperado de http://biblioteca.filosofia.cu/php/export.php?format=htm&id=2335&view=1

 Boff, L. (2003). Ética y moral. La búsqueda de los fundamentos (5ª ed.). Bilbao: Editorial Sal Terrae.

 Cardona, G. A. A. (2006). El territorio y su significado para los pueblos indígenas. Luna Azul23, 1-de 5.

 Espejel Rodríguez, Adelina, & Flores Hernández, Aurelia. (2012). Educación ambiental escolar y comunitaria en el nivel medio superior, Puebla-Tlaxcala, México. Revista mexicana de investigación educativa17(55), 1173-1199. Recuperado en 04 de abril de 2024, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662012000400008&lng=es&tlng=es.

 Flórez, C. G., & Mosquera, J. (2013). La relación ser humano-naturaleza frente a los derechos fundamentales en el territorio. Alimentos Hoy, 21(28), 79-96. ISSN 2027-291X.

 Hayk, P. y Carrión León, K. (2021). Barreras para la educación ambiental en la educación secundaria. Revista Conrado, 17(S1), 153-158. https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1761

 Informe Brundtland Nuestro Futuro Común, elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el que se formaliza por primera vez el concepto de desarrollo sostenible.2,1 1987

 Mayer, M. (1998). Educación ambiental: de la investigación a la acción. Enseñanza de las Ciencias, 16, 217-231.

 Nay-Valero, M., & Cordero-Briceño, M. (2019). Educación Ambiental y Educación para la Sostenibilidad: historia, fundamentos y tendencias. Encuentros, 17 (2), 24-45.

 Novo Villaverde, M. (2009). La educación ambiental, una genuina educación para el desarrollo sostenible. Revista de educación.

 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco]. (2020). Educación para el Desarrollo Sostenible. Hoja de ruta.

 Ulloa, A. (2007). La articulación de los pueblos indígenas en Colombia con los discursos ambientales, locales, nacionales y globales. Formaciones de indianidad. Articulaciones raciales, mestizaje y nación en América Latina, 287-326.

 Normas

 Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 67. Julio 7 de 1991. 2da Ed. Legis

 Ley 1549 de 2012. Por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la política nacional de educación ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial. Julio 5 de 2012. DO.N° 48482

 Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el ministerio del medio ambiente. Diciembre 22 de 1993. DO.N° 41146


Ministerio de Educación Nacional. (1994, 8 de febrero). Ley 115 de 1994. Recuperado de 
https://www.mineducacion.gov.co/articles-8590...

  

 

La política pública como potenciador de la educación ambiental en Colombia

Faruk René Chávarro Gómez

Actualmente, aspirante al título de doctor.

Este ensayo fue presentado en la asignatura “POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL" del DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

Universidad Surcolombiana de Neiva

(Se publica previa autorización del autor)

La Constitución Política de Colombia en su artículo 8 indica: “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”, así mismo, muchos autores que han dedicado gran trayectoria de su vida en el estudio de las políticas ambientales señalan lo siguiente: Amaya Navas (1998), “la carga que tiene el Estado de realizar todo lo que esté a su alcance para proteger el patrimonio ecológico y cultural de la nacionalidad colombiana. Carga que constitucionalmente se extiende a las personas” (p.4), lo que quiere decir, que todos somos responsables del patrimonio natural de la nación; acto que nos debe generar conciencia y preocupación por la conservación del medio ambiente, a través de la promoción de prácticas sostenibles, de políticas públicas que jueguen un papel crucial en la promoción y fortalecimiento de la educación ambiental.

Colombia, un país rico en biodiversidad pero también con desafíos ambientales significativos, por lo que las políticas públicas relacionadas con la educación ambiental se vienen construyendo a través de referentes internacionales, permitiendo abordar desafíos y  logrando escalar al desarrollo sostenible como eje central de crecimiento del país.

Las políticas públicas proporcionan una normatividad que el estado debe aplicar en favor del bienestar de la población y de los recursos naturales, por lo que se reconoce la importancia de la educación ambiental y define las responsabilidades de los diferentes actores, desde el gobierno hasta la sociedad civil y el sector privado. Este respaldo jurídico es fundamental para la implementación efectiva de programas, proyectos y planes de manejo ambiental. Además, estas políticas facilitan la coordinación y articulación de esfuerzos entre diversas entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y otros actores involucrados en la educación ambiental; además de los esfuerzos que permiten aprovechar de manera más racional los recursos naturales disponibles.

Un aspecto crucial es la asignación de capital para la implementación de programas de educación ambiental, lo cual garantizaría la disponibilidad de recursos para actividades como capacitación de la población, desarrollo de materiales educativos y realización de campañas de sensibilización, entre otros. Se hace necesario mencionar que la promoción de la participación ciudadana es otro aspecto esencial de las políticas públicas para la educación ambiental; facilitando la colaboración entre el gobierno, las comunidades locales e indígenas y la población en general; creando espacios de diálogo y consulta pública.

Por otro parte, estas políticas promueven la integración de la educación ambiental en el sistema educativo, asegurando que sea parte integral del proceso pedagógico, desde la enseñanza básica hasta la superior, contribuyendo así, a formar ciudadanos activos, conscientes, responsables y comprometidos con la protección del medio ambiente; tal como lo dice, Cardona González (2009), “existe el desafío de reinventar de forma creativa, lúdica, pedagógica, nuestra manera de entender y relacionarnos con el medio natural que nos rodea” (p.222).

Cabe necesario resaltar, la importancia que tiene la educación ambiental como herramienta educativa principal para la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Colombia, siendo un país mega-diverso, enfrenta desafíos internos como la pérdida de la biodiversidad, la contaminación de sus aguas y desafíos globales cómo el cambio climático, que requieren una respuesta coordinada y efectiva a través de políticas públicas sólidas en educación ambiental. Finalmente, se hace necesario indicar la importancia de una política pública que fomente una cultura ambiental en la sociedad colombiana, donde el respeto por la naturaleza y la adopción de comportamientos responsables hacia el medio ambiente sean parte integral de la vida cotidiana.

Ahora bien, las políticas públicas y la educación ambiental han evolucionado a lo largo de los años, pues con la promulgación de la constitución y la ratificación de tratados internacionales, el estado colombiano ha abordado los problemas ambientales con el fin de promover el desarrollo sostenible cómo eje de progreso del país, tal como lo estipula la Ley general ambiental, donde el desarrollo sostenible se define como el “crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades” (Ley 99,1993,art. 3). Por ende, se hace una invitación a reflexionar sobre el fortalecimiento de la educación ambiental, a través de la eficacia de las políticas públicas dadas por el estado, pues existen algunos aspectos que profundizarse y mejorarse, para generar cambios al interior de las acciones ambientales. Se pone en consideración los siguientes aspectos para debatir y evaluar.

·       Un nuevo marco normativo y legal, más contextualizado y actualizado, que reconozca la importancia de la educación ambiental y su eficacia, definiendo las responsabilidades de los diferentes actores, incluido el gobierno, las instituciones educativas, la sociedad civil y el sector privado; a través de la implementación de nuevos programas, proyectos y planes de manejo desde el ámbito ambiental.

·       Coordinar y articular los esfuerzos entre diferentes entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y otros actores involucrados en la educación ambiental, para la protección de los ecosistemas y lo recursos naturales del país.

·       Realizar las asignaciones presupuestales específicas, que permita la implementación de programas de educación ambiental, que garantice la realización de actividades y acciones en beneficio del entorno natural.

·       Fomentar la participación ciudadana, es decir, el diálogo y la consulta entre el gobierno, las comunidades locales, los indígenas, los jóvenes, los ciudadanos en general.

·       Establecer lineamientos y criterios para la integración de la educación ambiental en el currículo escolar en todos los niveles educativos, garantizando que lo ambiental sea parte integral y funcional del proceso educativo.


·       Contribuir a formar ciudadanos socialmente activos, conscientes, responsables y comprometidos con la protección del medio ambiente.

Finalmente, “la educación ambiental tiene un importante papel que jugar a la hora de afrontar este desafío, promoviendo un re-aprendizaje caracterizado por la anticipación y participación que permita no sólo comprender, sino también implicarse en aquello que queremos entender” (Cardona, 2005, p.58). Lo que nos lleva a indicar que la educación ambiental, día a día se debe evaluar y reinventar, basado en las políticas públicas actuales, todo lo anterior, como ejercicio evaluativo para potenciar aspectos que contribuyan a construir una postura ambiental y por ende una cultura ambiental, hechos que en la actualidad no se dan y que no hacen parte de la conciencia de los colombianos. A continuación, se resaltan algunos aspectos que desde la educación ambiental y que desde las políticas públicas, contribuirían a un mejoramiento en el tema educativo y ambiental en el país:

·       Protección del medio ambiente: La educación ambiental podría contribuir a potenciar la conciencia sobre la importancia de proteger y conservar el medio y los recursos naturales con nuevas estrategias contextualizadas.

·       Desarrollo sostenible: La educación ambiental es fundamental para promover un desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.

·       Compromiso ciudadano: La educación ambiental puede empoderar a los ciudadanos para que se conviertan en defensores del medio ambiente y agentes de cambio en sus comunidades si se permite el diálogo, la consulta y la acción, además del apoyo a iniciativas ambientales de las comunidades.

·       Compromisos internacionales: El estado con la ratificación de los tratados internacionales, puede fomentar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, fortaleciendo las acciones ambientales y potencializando la participación ciudadana, para la implementación de medidas de mitigación y adaptación.

Como conclusión, se puede señalar que esta puesta en escena, pretende poner en consideración la necesidad de reflexionar sobre las políticas públicas y su relación con la educación ambiental, la cual es una herramienta poderosa de cambio y transformación pero que no es ni efectiva, ni eficaz en la solución de los problemas ambientales actuales del país.

Referencias

Amaya Navas, O. D. (Mayo de 1998). onedrive.live.com. Recuperado el 3 de 4 de 2024, de onedrive.live.com: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AqPx61ViFFVCGrs&cid=62D3D54A3ED6AEEC&id=62D3D54A3ED6AEEC%219954&parId=62D3D54A3ED6AEEC%219747&o=OneUp

Cardona, González. A.H. “Fundamentos, historia y normatividad de la educación ambiental”, en aa.vv. Lecturas sobre Derecho del Medio Ambiente, t vi, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2005

Cardona González, A. H., Educación Ambiental: conceptos, análisis y relación con el derecho   ambiental. “LECTURAS SOBRE DERECHO AL MEDIO AMBIENTE”, TOMO IX, Universidad Externado de Colombia, 2009. Bogotá.

Congreso de la Republica de Colombia. (22 de diciembre de 1993). Ley General ambiental de Colombia. [Ley 99 de 1993]. https://onedrive.live.com/?authkey=%21AqPx61ViFFVCGrs&cid=62D3D54A3ED6AEEC&id=62D3D54A3ED6AEEC%219973&parId=62D3D54A3ED6AEEC%219754&o=OneUp