sábado, junio 04, 2016

LICENCIAS Y ÁREAS PROTEGIDAS

Por: Álvaro Hernando Cardona González

La licencia ambiental otorgada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA, mediante la Resolución 0286 del 18 de marzo de 2016 que autoriza a la empresa petrolera Hupecol para perforar 150 pozos en el municipio de La Macarena, en el departamento del Meta y dentro del área protegida Parque Nacional La Macarena y con influencia en dos parques más, el Quinigua y Los Picachos genera muchas controversias.

Inmediatamente varios grupos ambientalistas sentaron su protesta advirtiendo del riesgo que se corre de perder recursos hídricos importantes ya que la explotación petrolera se realizaría muy cerca de los nacederos de los ríos Guayabero, Duda y Lozada que convergen en el municipio de La Macarena. Otro de sus argumentos, es que estas áreas son patrimonio de la humanidad por ser por supuesto reservas de riqueza y de biodiversidad importantes del país.

La ANLA sostiene que de las 30 mil hectáreas licenciadas sólo el 43 por ciento pueden ser intervenidas. Además, aseguró que ni Caño Cristales, ni el Parque Tinigua, ni las fuentes de agua se verán afectadas porque no hacen parte de la zona licenciada; asegura que revisó que no fueran áreas en las que no se pueden entregar licencias.

Una de las controversias es que mientras los turistas no pueden llevar ni perfumes, ni aerosoles, ni nada que resulte contaminante al ingresar al parque La Macarena, sí se permite la explotación de hidrocarburos. Incluso es absurdo que ahora la ANLA diga que tiene reservas, pues si las tenía no debió otorgar la licencia.

Nuestra posición es que, los estudios sobre desarrollo sostenible aseguran que todo se puede hacer siempre y cuando los impactos ambientales sean conjurados, que existe una gran hipocresía ambiental y debe imperar la racionalidad para dirimir las necesidades de crecimiento económico con las imperantes de preservación del hábitat natural que nos permite vivir sanamente. Es inaudito que si existen áreas determinadas para conservar, bajo cualquier pretexto, el Estado no esté dispuesto a cumplir lo que ha ordenado. No debe haber excepciones.

Y aunque todo impacto se puede conjurar sin duda y aquí la UAEPNN dio visto bueno porque estas licencias están autorizadas por ley, el Estado colombiano ha demostrado debilidad técnica para determinar absolutamente todos los impactos y hacer el seguimiento de todas las obligaciones ambientales. Otro fuera el criterio si ya se hubiera demostrado que estamos equivocados pero lastimosamente cada día la subjetividad impera con sospechoso ímpetu en materia ambiental, ¿por qué lamentarnos ahora? ¿dónde las dudas? 
Es el momento de las energías alternativas

Por: Álvaro Hernando Cardona González

Un experto en energías, que trabaja con la organización WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) le recomendó a nuestro país “no cerrar los ojos ante las energías alternativas”. La amenaza de un posible apagón nacional, que hoy tiene ahorrando energía a los colombianos por la improvisación y hasta mal uso de recursos captados de la sociedad por las autoridades, evidencia el frágil sistema energético del país, y cómo se han privilegiado costosas e insostenibles fuentes energéticas, revelando una enorme brecha en el desarrollo de energías renovables.

Ante la crisis, el WWF, hará una petición al Gobierno a comienzos de abril, para impulsar las energías renovables no convencionales como la solar, la eólica y la geotérmica. En buena hora porque nuestros gobiernos han sido tercos, incluso desde este espacio hemos hecho llamados para que Colombia, que tiene potencialidades inmensas y privilegiadas, estimule las energías generadas por vientos y sol.

Actualmente, apenas el 0,2 por ciento de la energía del país proviene de estas fuentes alternativas y el potencial para explotarlas es como ya dijimos vasto. Sólo basta calcular la cantidad de exposición solar que disfrutamos en Colombia todo el año para imaginar cuánto podemos generar al menos para sustituir la energía de las termoeléctricas y potenciar la riqueza hídrica nacional para generar aprovechando más las corrientes sin necesidad de almacenar agua.
Es que las estadísticas de generación eléctrica indican que Colombia tiene el 70 por ciento por hidroelectricidad y el 30 por ciento por otras fuentes; básicamente, 25 por ciento de su capacidad es de térmicas con gas y 5 por ciento, con carbón.

La actual capacidad instalada en el país es de 16 GW. Además, se estima que la demanda total de Colombia va a crecer en un 3,5 por ciento en la próxima década. Eso implica que la capacidad instalada tiene que aumentar entre 4.000 y 6.000 megavatios. Tan sólo con el potencial eólico del país  podríamos cubrir la demanda de ahora, y de la próxima década. Si a eso se le suma el potencial solar y el geotérmico, el sistema eléctrico colombiano podría adaptarse a los cambios del clima favorablemente.

Entre tanto, otros países en América Latina, que también se han visto afectados por la vulnerabilidad de los precios de los combustibles, están en una mejor posición, porque han empezado a diversificar su portafolio de energía eléctrica.

No podemos esperar más en Colombia, hemos sido exportadores de energía y debemos mantenernos así y autónomos comenzando ahora y asegurando el porvenir a las generaciones venideras.

sábado, mayo 21, 2016

La protección debe ser sostenible



POR: Álvaro Hernando Cardona González

En alguna de tantas publicaciones que afortunadamente hoy día se imprimen tratando aspectos relacionados con el medio ambiente natural, leíamos sobre el denominado plan ‘Naturalmente Colombia, que es una alianza entre el sector público y el privado que busca impulsar la conservación de más de 2 millones de hectáreas de importancia ambiental en territorio colombiano. Allí, en medio de optimismo, se decía que  esta alianza pretende proteger porciones de tres ecosistemas hoy en evidente deterioro: 1. Las áreas marinas, 2. Los bosques secos (según la publicación sólo nos queda el 1,5 por ciento del total que teníamos a comienzos del siglo XX) y 3. Algunas sabanas de la Orinoquia.

Respecto a esta última, en dicha publicación se resalta como una zona vital por su potencial hídrico, pero expuesta a un deterioro sin reversa por el avance de la minería ilegal y por la ejecución de varios proyectos productivos no sostenibles. Ambas causas obviamente violan la ley dado que la minería sin títulos mineros y las ejecuciones de obras sin planes de recuperación o compensación ambiental no están permitidos. Incluso el simple sentido común, que surge de la evidencia y comprobación científica, los tornan inadmisibles.

El trabajo en equipo y con todos los actores concentrados en una causa común podría llevar a que se lograra el éxito de este tipo de iniciativas: que la conservación se integre como eje transversal al Plan de Desarrollo, porque tanto la industria, el agro y la minería, como el crecimiento económico y los avances en infraestructura son usuarios de los servicios que prestan los ecosistemas. Así que estos deben compensarse para su supervivencia.

Pero por otra parte esta lectura que estamos mencionando, nos abrió la idea sobre que tal vez para garantizar el desarrollo sostenible nacional que consagra ya la Constitución Política, en vez de licencias o permisos previos, en Colombia toda obra, proyecto o actividad requiera de un compromiso para resolver los impactos ambientales que estos generen. Pero sin excepciones y hacerlo a cambio de cumplir una racional lista de actividades o inversiones en mitigar, corregir o compensar los impactos, es decir, sin someter  al beneficiario de las obras o proyectos a trámites previos adicionales pero sí a  un riguroso cumplimiento.

Hay que revaluar el papel del Estado que se enfoca más en los trámites para obtener autorizaciones que en el seguimiento de las obligaciones ambientales para garantizar el desarrollo sostenible. Se consumen muchos recursos y esfuerzos en trámites (que además se prestan a corruptelas) pero muy poco en el verdadero cumplimiento
Más sobre límites ambientales

Por: Álvaro Hernando Cardona González

En el fallo   proferido por la Corte Constitucional para revisar el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, y el que por cierto a esta alturas no ha sido publicado, en el que ratifica que en áreas de páramos no se puede permitir la minería, surgen varias cosas que vale la pena relievar.

Allí los temas de fondo son: a) la lucha entre desarrollo para una humanidad creciente y desbordada y la conservación del hábitat, b) la necesidad de seguridad jurídica en Colombia, c) la necesidad de fortalecer la autoridad del Estado para impedir el delito o la violación normativa, y d) la necesidad de delimitar los derechos sobre el suelo como principio inescindible de territorialidad. 
a) Hay que admitir que existe una constante liga entre las necesidades obvias de elevar la calidad de vida de toda la humanidad y de satisfacer las necesidades de esta, y la necesidad de conservar el medio ambiente. Aunque es una lucha que hay que poner en contexto real pues la humanidad ni quiere poner límites a las necesidades de usar los recursos naturales ni quiere admitir que es imperante poner límites al crecimiento de la población. Muy pronto necesitamos otros dos planetas para sostener la humanidad. b) El país requiere de seguridad jurídica y en los aspectos ambientales sí que más. No es posible que en tratándose de exploraciones y explotaciones de recursos naturales no renovables una entidad del Estado otorgue títulos y otra niegue por cuestiones ambientales. Tampoco que nadie sepa dónde se puede o no realizar determinadas actividades u obras. c) De la mano de la inseguridad jurídica viene la inaceptable pérdida de legitimidad del Estado, pues si algo justifica la existencia y la aceptación del Estado por los ciudadanos es que confiamos que este restituye los derechos. Y Finalmente d) Ya corolario de todo lo anterior surge la ya inobjetable consecuencia de afectaciones en favor de bienes colectivos, es decir, de toda la sociedad, que hace que el estado adquiera o indemnice a los titulares de los derechos individuales. Para que el lector entienda: cuando se afecten bienes de particulares en favor de toda la sociedad, ésta debe adquirir o indemnizar al particular y más cuando se trata de inmuebles.

Lo que favorece a toda la comunidad tiene más valor y tiene entonces más interés  para ella por lo que toda la sociedad debe procurar retribuir al afectado.


A esta generación le va tocar pagar las consecuencias de las obras, actos y abusos de las anteriores. Y nos va a salir más caro por obvias razones ya que no distribuimos los costos. ¿Vamos a seguir aplazando el pago? Ya no les tocará a los nietos sino a nuestros hijos.
Reservorios: ¿limitantes ambientales o a la propiedad?

Por: Álvaro Hernando Cardona González

Desde hace varios años, hemos advertido sobre los efectos que tienen las decisiones ambientales por fuera del marco del modelo de desarrollo que escogimos por medio de nuestra constituyente. Hemos explicado desde el año 1999 que no hay que ponernos a discutir sobre qué modelo económico tomamos, pues el artículo 80 de la Carta Política claramente lo establece.

Ahora, es cierto, el Desarrollo Sostenible requiere entender su verdadero alcance y ya vamos a tener que evolucionarlo. En cuanto lo primero, porque este no plantea que dejemos de hacer lo que pueda mejorar la calidad de vida humana o elevarla, ni que dejemos de pretender que todos seamos ricos (crecer económicamente) sino lo contrario, hacerlo sobre la base de que los recursos naturales que lo hacen posible siga estando disponible para las futuras generaciones; vale decir que tampoco admite discusiones sobre si son posibles esos fines  sin usar los recursos naturales. Y en cuanto lo segundo, creemos. y así lo hemos estado empezando a plantear en las discusiones que se dan en la estupenda Maestría de Ingeniería Ambiental de la Universidad Surcolombiana (Neiva-Huila), que este modelo hay que evolucionarlo hacia uno que no se conforme con mantener la base de recursos naturales que tenemos hoy sino adoptar planes de manejo para recuperar paulatinamente las existencias naturales que nos entregaron las generaciones pasadas.

También en este espacio corto hemos dedicado varios escritos a explicar que en el caso de reservorios, es decir construcciones artificiales o antrópicas para acoger aguas lluvias, de corrientes o extraídas del subsuelo que se usan normalmente para abrevar ganado o irrigar predios, de llegar a darse que a estos  no se les haga una distinción obvia y/o jurídica, terminaremos creando limitantes a los derechos de dominio o propiedad con la excusa de lo ambiental. Peligroso. Porque además se terminará creando una subjetiva característica que terminará, no estimulando construir más reservorios sino evitándolos para que la propiedad sobre el suelo no sea afectada.


Afortunadamente como la construcción o existencia de un reservorio es tan obvia, los documentos de las autoridades ambientales y las reglamentaciones de los usos del suelo así lo recogen. La mesura en estos análisis, el sentido común y el respeto por el modelo de desarrollo constitucional deben ser, sin más, el marco dentro del cual deben preverse y luego, si no, resolverse los conflictos sociales sobre este tema. ¿Qué contribuye más a la conservación ambiental?

jueves, abril 07, 2016


Aguas subterráneas

Por: Álvaro Hernando Cardona González

Las aguas subterráneas son aquellas que se hallan situadas por debajo de la superficie del suelo en los espacios porosos y en las fracturas de las formaciones rocosas. Una unidad de roca o un depósito no consolidado se denomina acuífero cuando se puede producir una cantidad de agua utilizable.

En armonía con los artículos 77 del Decreto Ley 2811 de 1974 y artículo 5 del Decreto reglamentario 1541 de 1978 (hoy el decreto único 1076 de 2015) estas aguas son de uso público. De hecho frente a estas aguas probablemente nunca se ha podido preconizar un dominio privado.

Estas aguas frente a las aguas superficiales, tienen en cuanto al trámite para su aprovechamiento unas diferencias sustanciales. Claro que debe ser así pues lógicamente primero se requiere descubrirlas o alumbrarlas (coloquialmente, encontrarlas en el subsuelo) y caracterizarlas, esto es, saber de su composición y posibilidades de aprovechamiento por ejemplo para consumo humano.

Por lo anterior es que mientras el aprovechamiento de aguas superficiales sólo requiere y por lo general una concesión, para usar las aguas subterráneas se requiere primero un permiso y luego la concesión.
Ciertamente las normas disponen, que la prospección y exploración que incluye perforaciones de prueba en busca de agua subterránea con miras a su posterior aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos, requiere permiso. Los permisos de exploración de aguas subterráneas no confieren concesión para el aprovechamiento de las aguas, pero darán prioridad al titular del permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión. Entonces, todos los  aprovechamientos de aguas subterráneas, tanto en predios propios como ajenos, requieren concesión de la autoridad competente.

¿Cuáles son las autoridades competentes para tramitar los permisos para explorar y las concesiones para aprovechar las aguas subterráneas? Pues sin entrar en detalles que son varios, pueden ser competentes el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en casos muy excepcionales), las corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo sostenible (que son las más llamadas a ello), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (dentro del trámite de la licencia), la unidad administrativa especial de Parques Nacionales Naturales, los grandes centros urbanos, los establecimientos públicos ambientales de los distritos con régimen especial y las entidades territoriales si están delegadas por los consejos directivos de las corporaciones autónomas.

sábado, febrero 20, 2016

Explicaciones ambientales

Los empresarios siguen preocupados por las implicaciones que tienen las maneras como se regula y administran los recursos hídricos. Una, es respecto de las maneras como les es posible adquirir en zona rural de esta Colombia maravillosa unas concesiones de aguas de uso público superficiales, en otras palabras, las formas de adquirir el legítimo y adecuado derecho a usar las aguas que se hallan sobre la superficie y que son de uso público por lo que están administradas por el Estado y éste debe otorgar previa autorización normalmente por medio de una corporación autónoma regional.

Se puede decir de entrada que la manera es obvia: pues por concesión de aguas, que para muchos es igual a la figura contractual tan de moda por los escándalos en la construcción de vías públicas tanto urbanas como intermunicipales. Pero que hoy tienen poco en común pues la primera es un acto arbitrario del Estado, por tanto unilateral y con condiciones a las que se adhiere el beneficiario, mientras la segunda es producto de un proceso contractual que además queda consignado en una convención o acuerdo, por lo que es bilateral, y allí las condiciones son pactadas. La primera constará en resolución y la segunda en un contrato; el primero lo suscribe un funcionario competente, y la segunda lo suscriben funcionario y beneficiario.

Pero no hablaremos de eso sino de cómo obtener el derecho a usar las aguas que no son de dominio privado. Claro, porque cuando lo son, pues no requieren de ningún trámite previo ya que el dueño puede usarlas como le provoque salvo limitado por la función social que la propiedad tiene en este país.

Las aguas públicas se pueden usar (no adquirir la propiedad) mediante concesión, mediante concesión implícita en una licencia ambiental, mediante reglamentación de aguas y mediante asociación.


La primera, ya la explicamos. La segunda, es cuando el objeto principal de quien necesita de las aguas no son estas, sino una obra, un proyecto o una actividad que la Ley contempla como obligatoria de obtener previa licencia ambiental y que actualmente tramita tanto la licencia, como en este caso las concesiones de aguas, en un solo proceso administrativo; al obtenerse la licencia ambiental, se obtiene la concesión y ésta depende de aquélla. La tercera es por reglamentación, que es la ideal manera de regular el uso de las aguas y que consiste en que en un solo trámite se involucran todos los demandantes de aguas de una corriente o depósito. Y se puede obtener derecho a usar las aguas mediante una figura jurídica que se llama la asociación, que es para comunidades que tienen propiedad en común y proindiviso, allí la comunidad administra el recurso hídrico una vez lo recibe.

Ambiente y responsabilidad fiscal

Por: Alvaro Hernando Cardona González

Muchas veces se olvida que los recursos naturales pertenecen a la Nación. Esto es, a todo el pueblo colombiano. De ahí que poco se comprenda porqué a pesar de ejercer ciertas actividades dentro de nuestras propiedades particulares o individuales, aún así, debemos tramitar permisos y autorizaciones ante el Estado.

La Carta Política definió dos expresas obligaciones para las contralorías como entes de control fiscal en relación con la protección del ambiente natural colombiano. Recordemos que estas entidades están encargadas de vigilar el buen y racional manejo de los bienes y recursos que pertenezcan al Estado y a la Nación.

La primera de ésas obligaciones, es que le corresponde ejercer la función fiscal del Estado fundada en la valoración de los costos ambientales. Y la segunda,  también en relación con el ambiente natural, es que debe presentar al Congreso de la República (o las asambleas departamentales o municipales, en el caso de las entidades territoriales) un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente. Esto significa, que deben asegurar un inventario de los bienes naturales que engrosan la riqueza nacional y vigilar porque ésta no mengue en cantidad y calidad por la gestión que hagan las entidades y funcionarios encargados de administrarla.

No es lo mismo que un funcionario público que no tiene bajo su cargo administrar por ejemplo, bosques naturales, responda fiscalmente porque el área sembrada ha disminuido en un período. Habrá allí posiblemente responsabilidad disciplinaria, pero no fiscal. Sin embargo el debate no termina allí, porque es deber de todos proteger las riquezas naturales de la Nación y claro, mucho más por un funcionario si estuvo en posibilidad de hacerlo.

En Colombia estamos atrasados en reflexionar sobre responsabilidad fiscal derivada del daño y la administración ineficiente del ambiente natural.

Son muchos los interrogantes que debemos resolver: ¿Debemos sancionar a quien siendo parte del pueblo, comercializa especies recreadas en los laboratorios? ¿Debe procederse contra quien contando con autorización para usar un recurso natural, éste, por el propio uso, se deprecia o contamina? Otro ejemplo es el de la responsabilidad que cada cual tiene frente a sus congéneres por el uso autorizado que tiene y hace de un recurso pero que se extingue.

La academia contribuye de diversas maneras al debate sobre la responsabilidad fiscal. En varios encuentros de estudiosos y en algunas publicaciones jurídicas, ya se empieza a plantear, pero aún es poco. De ahí la importancia creciente sobre el papel de los órganos de control fiscal y su independencia total para reclamar por lo de todos. Porque a todos nos confiaron los recursos naturales: ahí el reto de la gestión fiscal.

jueves, febrero 18, 2016

AUTORIDADES AMBIENTALES URBANAS EN COLOMBIA

Por: Álvaro Hernando Cardona González

Cuando uno examina con mayor detenimiento la Ley 99 de 1993, halla que en realidad esta es una norma que se ocupa de reorganizar la institucionalidad estatal (pública) que en adelante fijará la política pública ambiental y administrará los recursos naturales renovables, los elementos ambientales y el medio ambiente nacional.

Dentro de esta reorganización, que dicho sea de paso, acabó con el Inderena y creó al Ministerio de Medio Ambiente, se crearon las que se conocen como autoridades ambientales urbanas que son: 1. Los grandes centros urbanos y 2. Los distritos con régimen especial.

Las primeras son los municipios, distritos y áreas metropolitanas que tienen más de un millón de habitantes y que al llegar a tal nivel demográfico automáticamente adquieren las competencias que tienen las corporaciones autónomas regionales dentro del casco urbano. Importante decir que allí cada alcalde decide practicamente qué entidad o despacho de la administración se encarga de ejercer estas funciones. Aquí caben actualmente Bogotá, Medellín y Cali.

Las segundas, son los denominados distritos con régimen especial. Estos distritos con régimen constitucional especial, tendrán las funciones que les sean delegadas por la ley y las que les deleguen o transfieran el Ministerio de Ambiente y las corporaciones autónomas regionales. Estos se crearon primero mediante la Ley 768 de 2002 que les dio carácter como tal al Industrial y Portuario de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y luego se reformaron confusamente por cierto por las normas que citaremos adelante. Posteriormente la Ley 1667 de 2013 le dio a Buenaventura ese carácter, pero lo criticamos por facultades que le dio al alcalde de la ciudad para entorpecer los proyectos de expansión portuaria. Y finalmente hace muy poco la Ley 766 de julio de 2015 le otorgó la categoría de Distrito Especial Turístico y Culturala la ciudad de Riohacha.

El marco institucional diseñado en la Ley 99 de 1993 sigue modificándose y aumentando. Eso no es bueno porque se dispersan las responsabilidades, se acompleja para el ciudadano el campo ambiental, surgen mayores conflictos de competencia, aumenta la burocracia no técnica y también se dispersan los recursos.

En algunos años Neiva puede convertirse en un gran centro urbano o en cualquier momento en distrito especial. En todo caso, corresponde a estas autoridades, orientar a las ciudades en el camino del desarrollo sostenible propiciando la articulación nada pacífica y fácil entre el empuje económico y las necesidades ambientales.
La protección debe ser sostenible

POR: Álvaro Hernando Cardona González

En alguna de tantas publicaciones que afortunadamente hoy día se imprimen tratando aspectos relacionados con el medio ambiente natural, leíamos sobre el denominado plan ‘Naturalmente Colombia, que es una alianza entre el sector público y el privado que busca impulsar la conservación de más de 2 millones de hectáreas de importancia ambiental en territorio colombiano. Allí, en medio de optimismo, se decía que  esta alianza pretende proteger porciones de tres ecosistemas hoy en evidente deterioro: 1. Las áreas marinas, 2. Los bosques secos (según la publicación sólo nos queda el 1,5 por ciento del total que teníamos a comienzos del siglo XX) y 3. Algunas sabanas de la Orinoquia.

Respecto a esta última, en dicha publicación se resalta como una zona vital por su potencial hídrico, pero expuesta a un deterioro sin reversa por el avance de la minería ilegal y por la ejecución de varios proyectos productivos no sostenibles. Ambas causas obviamente violan la ley dado que la minería sin títulos mineros y las ejecuciones de obras sin planes de recuperación o compensación ambiental no están permitidos. Incluso el simple sentido común, que surge de la evidencia y comprobación científica, los tornan inadmisibles.

El trabajo en equipo y con todos los actores concentrados en una causa común podría llevar a que se lograra el éxito de este tipo de iniciativas: que la conservación se integre como eje transversal al Plan de Desarrollo, porque tanto la industria, el agro y la minería, como el crecimiento económico y los avances en infraestructura son usuarios de los servicios que prestan los ecosistemas. Así que estos deben compensarse para su supervivencia.

Pero por otra parte esta lectura que estamos mencionando, nos abrió la idea sobre que tal vez para garantizar el desarrollo sostenible nacional que consagra ya la Constitución Política, en vez de licencias o permisos previos, en Colombia toda obra, proyecto o actividad requiera de un compromiso para resolver los impactos ambientales que estos generen. Pero sin excepciones y hacerlo a cambio de cumplir una racional lista de actividades o inversiones en mitigar, corregir o compensar los impactos, es decir, sin someter  al beneficiario de las obras o proyectos a trámites previos adicionales pero sí a  un riguroso cumplimiento.

Hay que revaluar el papel del Estado que se enfoca más en los trámites para obtener autorizaciones que en el seguimiento de las obligaciones ambientales para garantizar el desarrollo sostenible. Se consumen muchos recursos y esfuerzos en trámites (que además se prestan a corruptelas) pero muy poco en el verdadero cumplimiento.
Seguridad ambiental jurídica que requiere Colombia

Por: Álvaro Hernando Cardona González

La Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia, en examen de constitucionalidad por una demanda que presentó el partido político, Polo Democrático, en contra de los artículos 20, 49, 50, 51, 52 y 173 de la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018) decidió declarar inexequible (osea en contra de la Carta Política) la posibilidad de hacer  actividades de minería en zonas de páramos. Dicha disposición estaba en uno de los parágrafos del artículo 173 de la norma mencionada, que expresa que al interior de un área delimitada como páramo, se pueden hacer actividades para la exploración y explotación de recursos no renovables si se trataba de contratos y licencias ambientales otorgadas antes del 9 de febrero de 2010 y, para minería, con anterioridad al 16 de junio de 2011.

Con ponencia de la magistrada Gloria Ortiz, la Sala Plena en cambio consideró que sí es constitucional una disposición contenida en ese mismo artículo que dice que el Ministerio de Ambiente hará la delimitación de las áreas de páramos al interior del área de referencia definida en la cartografía generada por el Instituto Alexander Von Humboldt bajo el entendido que para dicho fin se debe hacer un proceso de concertación previo con las autoridades locales de los municipios en donde van a estar ubicadas, para garantizar que no se afecte su facultad de reglamentar los usos del suelo.

La Corte Constitucional también declaró exequibles los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (PINE) y la creación de un sistema nacional para los mismos como estrategia de estas iniciativas de origen público, privado o mixto, que sean seleccionados como tales por el Gobierno Nacional, por su alto impacto en el crecimiento económico y social del país. Todos incluidos en la misma Ley 1753 demandada.

También declaró inexequible el artículo 51 del Plan de Desarrollo, que facultaba a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, para tramitar las denominadas “licencias ambientales exprés”, requeridas en la ejecución de los PINE.

Todas estas decisiones de la Corte por supuesto han generado mucha controversia por la manera como se confieren títulos mineros y licencias ambientales por entidades del Estado, para luego impedir que los beneficiarios no puedan hacer las explotaciones. Como lo expresó acertadamente Jaime Concha, vicepresidente para asuntos de minería de la Andi (el gremio más antigio e importante de Colombia), tras la decisión de la Corte Constitucional sólo queda incertidumbre jurídica en las empresas que ya tenían títulos mineros en los páramos. Y estamos de acuerdo.

Varias veces hemos advertido que es inaudito que haya grandes inversiones para adelantar proyectos mineros o petroleros en áreas que no tienen claridad jurídica si pueden ser o no explotados con aquiescencia del Estado y luego este no respalda a los beneficiarios.

Existe la necesidad inaplazable en nuestro país, si quiere de verdad avanzar hacia estadios de desarrollo serios, de garantizar la estabilidad y seguridad jurídica en todos los órdenes. Más en el campo de lo ambiental dado que el esquema de desarrollo que escogimos, por demás, acertadamente, es el de un desarrollo sostenible (Artículo 80 de la Constitución Política) que no deja de generar disputas entre quienes buscan una protección a ultranza del medio ambiente natural y quienes creen que aunque toda actividad humana genera un impacto ambiental existen formas de mitigarlos, compensarlos o corregirlos.

Con la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequibles varios apartes de la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018) al fin parece que el Gobierno Nacional tiene talanquera para no dar interpretaciones amañadas a la Constitución Política que declaró a ciertas áreas y riquezas naturales como de especial protección. Eso supone, en favor de la seguridad jurídica que es lo que estamos comentando, que dicha protección parta inescindiblemente de una delimitación concertada de estas áreas con las entidades territoriales que tienen, también por la Constitución Política la potestad de definir los usos del suelo de sus jurisdicciones.

Como terminamos diciendo en la columna de la semana anterior, cuando se definan con claridad y contundencia qué áreas (y sus límites) se pueden explotar o en qué áreas se pueden o no desarrollar ciertos tipos de actividades económicas avanzaremos enormemente pues habrá seguridad jurídica y se evitarán costos innecesarios por litigios que busquen indemnizaciones para el país.

En general cuando un ciudadano sepa con claridad dónde puede desarrollar una actividad (construir un establecimiento de comercio, establecer una industria, talar, cosechar, etc) empezarán a disminuir los conflictos sociales y claro la verdadera protección ambiental. Es inaudito por ejemplo que luego de que con impuestos de todos los habitantes de Neiva (departamento


del Huila) se han adquirido hectáreas de tierra de las partes altas del río Las Ceibas, sigan entrando allí personas a talar y pastar animales. Eso es delito y craso pues es contra la sociedad y humanidad entera.

Estamos de acuerdo con cero tolerancias frente a los delitos, vinieren de quien vinieren, pero en este caso para conocer las infracciones que los originan es menester saber dónde se puede o no hacer algo así genere impactos ambientales. Otra cosa será, luego, cómo manejarlos siempre y cuando surjan en áreas que los permiten. Esa es la seguridad jurídica que necesitamos.

lunes, diciembre 14, 2015

Laudato si´

El papa Francisco, en San Pedro, dentro del Vaticano, el pasado 24 de mayo de 2015, en el tercer año de su pontificado, suscribió y dio a conocer su Encíclica Laudato si´, que significa Alabado seas. Nombre tomado del cántico atribuido a san Francisco de Asís titulado El cántico de las criaturas, cuya mayoría de estrofas comienza con la frase “Alabado seas, mi Señor” y que en uno de sus párrafos dice “Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas”, que además reproduce justamente al comienzo del texto.

Aunque en otra ocasión haremos referencia a este documento, dado el espacio que disponemos, le hacemos unas notas breves e introductorias.

Primero, una Encíclica es, de acuerdo con la Real Academia, una carta solemne que dirige el Sumo Pontífice a todos los obispos y fieles del orbe católico. Es en otras palabras, un direccionamiento doctrinal a quienes deben propagarla.

Segundo, el cántico de san Francisco de Asís, hace alusión al sol, a la luna, estrellas, nubes, viento, cielo, fuego, tierra, frutos, flores y hierba. Podríamos decir, a lo que nos rodea y se halla en la naturaleza que es lo que desde la Conferencia de Estocolmo de 1972 se conoce como medio ambiente. Así que es muy afortunada la referencia que el Papa hace a Francisco de Asís de quien tomó justamente su nombre papal.

Tercero, la Encíclica consta de 77 páginas en la versión oficial en español, dividida en seis capítulos 1. Lo que está pasando a nuestra casa 2. El Evangelio de la creación 3. La raíz humana de la crisis ecológica 4. Una ecología integral 5. Algunas líneas orientativas y de acción, y 6. Educación y espiritualidad ecológica que la componen.

Cuarto, aunque se ha llamado Encíclica Verde, nombre que francamente compartimos, no toda se refiere a estrictos tópicos de tipo ecológico-ambiental; temas como el de la responsabilidad humana en el llamado calentamiento global (ahora más notable por las declaraciones del presidente de los Estados Unidos), la producción de gases contaminantes por la industria, o la mentalidad mercantilista que privilegia el provecho de grupos de interés por encima del cuidado del hábitat natural con sus afectaciones a los menos favorecidos del mundo son abordadas cuidadosamente por el Papa. El Papa llama ecología integral la visión católica del ser humano y de la creación.

Nos parece pertinente terminar este texto de elambientalista con esta frase de Laudato si´: "Nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está formado por elementos del planeta, su aire nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura''

miércoles, julio 29, 2015


La Licencia Ambiental Global 

Por: Álvaro Hernando Cardona González


Creemos que existe necesidad de aclarar varios aspectos relacionados con las licencias ambientales y esta vez particularmente con la Licencia Ambiental Global, que es aquella que se debe adelantar para evitar, minimizar, corregir o compensar los impactos ambientales de las actividades mineras y de hidrocarburos que conforme esas disposiciones la requieran.

Veamos: Primero, son la Ley 99 de 1993 y su decreto reglamentario 2820 de 2010 las normas vigentes en este momento para conocer cuándo se debe tramitar, ante quiénes, el procedimiento para obtenerla y otros aspectos. 

Segundo, esta Licencia se tramita ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA o ante las corporaciones autónomas y las de desarrollo sostenible, los grandes centros urbanos y los establecimientos públicos ambientales de los distritos con régimen especial. A pesar de que hay autorización legal para que el ANLA y las corporaciones puedan delegar el trámite de las licencias en las entidades territoriales esto no ha ocurrido nunca aún. 

Tercero, esta licencia es posterior al otorgamiento de los títulos mineros o autorizaciones que el Estado da como propietario de los recursos naturales no renovables a particulares para que los aprovechen. Esto está generando muchas dificultades jurídicas y económicas, pues ¿quién entiende que si el Estado otorga un título minero, luego él mismo niegue una Licencia Ambiental? ¿Quién debe entonces cubrir los perjuicios por una negación de Licencia Ambiental por la ubicación de los lugares de explotación o las demoras? 

Cuarto, cuando se trata de obras, proyectos o actividades relacionadas con hidrocarburos la Licencia Ambiental Global sólo es tramitada por el ANLA. Es, digamos, la única con exclusividad de competencia, porque en el caso de los mineros (de acuerdo a los volúmenes de explotación, normalmente) también la tienen las demás autoridades ambientales que ya mencionamos.

En este momento es preciso recordar que ésta es la autorización estatal para poder ejecutar las actividades, obras y proyectos relacionados con minería e hidrocarburos, garantizando que se les dará el adecuado manejo ambiental.

Quinto,    esta licencia no ha sufrido modificaciones en su esencia salvo que desde el año 2005, en virtud de una reforma pro anti-trámites, incluye siempre todos los permisos, autorizaciones, concesiones o asociaciones para el uso de los recursos naturales renovables y elementos ambientales (Art. 3 del Decreto Ley 2811 de 1974). Quiere decir que en un sólo trámite, se adelanta lo necesario para obtener la licencia y el derecho al uso de los recursos naturales renovables y elementos involucrados con el desarrollo de la obra, proyecto o actividad.

Sexto, otro aspecto importante y que pocos reparan sobre esta Licencia, es que como está dispuesta para obras y proyectos de envergadura, por el tamaño del área a explotar o los volúmenes a extraer de recursos naturales no renovables (hidrocarburos y mineros propiamente dichos) el Plan de Manejo Ambiental inicial es "precario". Esto significa que en la medida que se va desarrollando la explotación se deberán elaborar planes de manejo "específicos" que contemplen los impactos ambientales que inicialmente no fueren posible determinarse o predecirse.

Séptimo, cabe señalar que las mismas autoridades ante las cuales se tramitan las licencias ambientales, son las competentes para adelantar los procesos sancionatorios ambientales cuando haya infracción a la normatividad o daño ambiental. Claro, en relación con esas mismas actividades.

Octavo, en cualquier caso de Licencia, las obligaciones de los beneficiarios de las mismas, comienzan en el momento de obtenerla. Ahí comienza el verdadero reto de las autoridades y las comunidades pues más allá de impedir el desarrollo, lo que se debe garantizar es el modelo de desarrollo sostenible que escogimos en Colombia y que quedó plasmado en la Constitución Política. 
Explicaciones ambientales

Los empresarios siguen preocupados por las implicaciones que tienen las maneras como se regula y administran los recursos hídricos. Una, es respecto de las maneras como les es posible adquirir en zona rural de esta Colombia maravillosa unas concesiones de aguas de uso público superficiales, en otras palabras, las formas de adquirir el legítimo y adecuado derecho a usar las aguas que se hallan sobre la superficie y que son de uso público por lo que están administradas por el Estado y éste debe otorgar previa autorización normalmente por medio de una corporación autónoma regional.

Se puede decir de entrada que la manera es obvia: pues por concesión de aguas, que para muchos es igual a la figura contractual tan de moda por los escándalos en la construcción de vías públicas tanto urbanas como intermunicipales. Pero que hoy tienen poco en común pues la primera es un acto arbitrario del Estado, por tanto unilateral y con condiciones a las que se adhiere el beneficiario, mientras la segunda es producto de un proceso contractual que además queda consignado en una convención o acuerdo, por lo que es bilateral, y allí las condiciones son pactadas. La primera constará en resolución y la segunda en un contrato; el primero lo suscribe un funcionario competente, y la segunda lo suscriben funcionario y beneficiario.

Pero no hablaremos de eso sino de cómo obtener el derecho a usar las aguas que no son de dominio privado. Claro, porque cuando lo son, pues no requieren de ningún trámite previo ya que el dueño puede usarlas como le provoque salvo limitado por la función social que la propiedad tiene en este país.

Las aguas públicas se pueden usar (no adquirir la propiedad) mediante concesión, mediante concesión implícita en una licencia ambiental, mediante reglamentación de aguas y mediante asociación.

La primera, ya la explicamos. La segunda, es cuando el objeto principal de quien necesita de las aguas no son estas, sino una obra, un proyecto o una actividad que la Ley contempla como obligatoria de obtener previa licencia ambiental y que actualmente tramita tanto la licencia, como en este caso las concesiones de aguas, en un solo proceso administrativo; al obtenerse la licencia ambiental, se obtiene la concesión y ésta depende de aquélla. La tercera es por reglamentación, que es la ideal manera de regular el uso de las aguas y que consiste en que en un solo trámite se involucran todos los demandantes de aguas de una corriente o depósito. Y se puede obtener derecho a usar las aguas mediante una figura jurídica que se llama la asociación, que es para comunidades que tienen propiedad en común 
Las licencias y las autorizaciones ambientales

Por: Álvaro Hernando Cardona González

Aún existe mucho desconocimiento sobre los procedimientos administrativos de carácter ambiental que permiten que un ciudadano, en Colombia, pueda usar los recursos naturales renovables (aire, fauna, paisaje, agua, etc) o pueda adelantar una obra o proyecto manejando adecuadamente los impactos que al entorno causará y con ello dar cumplimiento al imperativo desarrollo sostenible que estipula nuestra Constitución Política.

Quisiéramos ayudar a divulgar sobre estos aspectos. Por una parte, es importante que sepamos que para usar los recursos naturales existen cuatro maneras de hacerlo: por ministerio de la ley (cuando hacemos uso de los recursos sin necesidad de previa autorización y porque las leyes no lo permiten sobre todo para supervivencia), por concesión (para aguas), por permiso (para el resto de los recursos naturales) y por asociación (que es un uso particular de aguas por grupos asociados). Y también que para dar manejo a los impactos que causen a la naturaleza las obras, proyectos o actividades se debe tramitar Licencia Ambiental dentro de la cual, se hace un estudio de impactos que determine cómo se pueden evitar, mitigar, corregir o compensar.

Por otro lado, explicar que si bien es cierto la licencia ambiental, como ya se dijo, es para un objeto diferente de las autorizaciones para usar los recursos naturales, también sirve para obtener estas. ¿Cómo así? Pues es cierto, la licencia, aunque no es concesión, permiso o asociación sirve para obtener el derecho a usar uno o varios recursos naturales renovables. Desde el año 1995 se ha dispuesto que al tramitar la licencia y si para ejecutar el proyecto se requiere usar recursos naturales renovables en el mismo trámite, por la misma autoridad que conoce la licencia y mediante el mismo acto administrativo se nieguen o concedan las concesiones o permisos.

La importancia de conocer estos aspectos es porque cada vez más el planeta entiende que cada actividad humana afecta nuestro ambiente y repercute en nuestra salud y está disminuyendo posibilidades de un futuro posible. En otras palabras, estamos empeñando nuestro futuro como raza en este planeta. En consecuencia, las condiciones bajo las cuales dichas actividades se pueden desarrollar cada vez son más exigentes.