La política pública como potenciador de la educación ambiental en Colombia

Faruk René Chávarro Gómez

Actualmente, aspirante al título de doctor.

Este ensayo fue presentado en la asignatura “POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL" del DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

Universidad Surcolombiana de Neiva

(Se publica previa autorización del autor)

La Constitución Política de Colombia en su artículo 8 indica: “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”, así mismo, muchos autores que han dedicado gran trayectoria de su vida en el estudio de las políticas ambientales señalan lo siguiente: Amaya Navas (1998), “la carga que tiene el Estado de realizar todo lo que esté a su alcance para proteger el patrimonio ecológico y cultural de la nacionalidad colombiana. Carga que constitucionalmente se extiende a las personas” (p.4), lo que quiere decir, que todos somos responsables del patrimonio natural de la nación; acto que nos debe generar conciencia y preocupación por la conservación del medio ambiente, a través de la promoción de prácticas sostenibles, de políticas públicas que jueguen un papel crucial en la promoción y fortalecimiento de la educación ambiental.

Colombia, un país rico en biodiversidad pero también con desafíos ambientales significativos, por lo que las políticas públicas relacionadas con la educación ambiental se vienen construyendo a través de referentes internacionales, permitiendo abordar desafíos y  logrando escalar al desarrollo sostenible como eje central de crecimiento del país.

Las políticas públicas proporcionan una normatividad que el estado debe aplicar en favor del bienestar de la población y de los recursos naturales, por lo que se reconoce la importancia de la educación ambiental y define las responsabilidades de los diferentes actores, desde el gobierno hasta la sociedad civil y el sector privado. Este respaldo jurídico es fundamental para la implementación efectiva de programas, proyectos y planes de manejo ambiental. Además, estas políticas facilitan la coordinación y articulación de esfuerzos entre diversas entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y otros actores involucrados en la educación ambiental; además de los esfuerzos que permiten aprovechar de manera más racional los recursos naturales disponibles.

Un aspecto crucial es la asignación de capital para la implementación de programas de educación ambiental, lo cual garantizaría la disponibilidad de recursos para actividades como capacitación de la población, desarrollo de materiales educativos y realización de campañas de sensibilización, entre otros. Se hace necesario mencionar que la promoción de la participación ciudadana es otro aspecto esencial de las políticas públicas para la educación ambiental; facilitando la colaboración entre el gobierno, las comunidades locales e indígenas y la población en general; creando espacios de diálogo y consulta pública.

Por otro parte, estas políticas promueven la integración de la educación ambiental en el sistema educativo, asegurando que sea parte integral del proceso pedagógico, desde la enseñanza básica hasta la superior, contribuyendo así, a formar ciudadanos activos, conscientes, responsables y comprometidos con la protección del medio ambiente; tal como lo dice, Cardona González (2009), “existe el desafío de reinventar de forma creativa, lúdica, pedagógica, nuestra manera de entender y relacionarnos con el medio natural que nos rodea” (p.222).

Cabe necesario resaltar, la importancia que tiene la educación ambiental como herramienta educativa principal para la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Colombia, siendo un país mega-diverso, enfrenta desafíos internos como la pérdida de la biodiversidad, la contaminación de sus aguas y desafíos globales cómo el cambio climático, que requieren una respuesta coordinada y efectiva a través de políticas públicas sólidas en educación ambiental. Finalmente, se hace necesario indicar la importancia de una política pública que fomente una cultura ambiental en la sociedad colombiana, donde el respeto por la naturaleza y la adopción de comportamientos responsables hacia el medio ambiente sean parte integral de la vida cotidiana.

Ahora bien, las políticas públicas y la educación ambiental han evolucionado a lo largo de los años, pues con la promulgación de la constitución y la ratificación de tratados internacionales, el estado colombiano ha abordado los problemas ambientales con el fin de promover el desarrollo sostenible cómo eje de progreso del país, tal como lo estipula la Ley general ambiental, donde el desarrollo sostenible se define como el “crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades” (Ley 99,1993,art. 3). Por ende, se hace una invitación a reflexionar sobre el fortalecimiento de la educación ambiental, a través de la eficacia de las políticas públicas dadas por el estado, pues existen algunos aspectos que profundizarse y mejorarse, para generar cambios al interior de las acciones ambientales. Se pone en consideración los siguientes aspectos para debatir y evaluar.

·       Un nuevo marco normativo y legal, más contextualizado y actualizado, que reconozca la importancia de la educación ambiental y su eficacia, definiendo las responsabilidades de los diferentes actores, incluido el gobierno, las instituciones educativas, la sociedad civil y el sector privado; a través de la implementación de nuevos programas, proyectos y planes de manejo desde el ámbito ambiental.

·       Coordinar y articular los esfuerzos entre diferentes entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y otros actores involucrados en la educación ambiental, para la protección de los ecosistemas y lo recursos naturales del país.

·       Realizar las asignaciones presupuestales específicas, que permita la implementación de programas de educación ambiental, que garantice la realización de actividades y acciones en beneficio del entorno natural.

·       Fomentar la participación ciudadana, es decir, el diálogo y la consulta entre el gobierno, las comunidades locales, los indígenas, los jóvenes, los ciudadanos en general.

·       Establecer lineamientos y criterios para la integración de la educación ambiental en el currículo escolar en todos los niveles educativos, garantizando que lo ambiental sea parte integral y funcional del proceso educativo.

·       Contribuir a formar ciudadanos socialmente activos, conscientes, responsables y comprometidos con la protección del medio ambiente.

Finalmente, “la educación ambiental tiene un importante papel que jugar a la hora de afrontar este desafío, promoviendo un re-aprendizaje caracterizado por la anticipación y participación que permita no sólo comprender, sino también implicarse en aquello que queremos entender” (Cardona, 2005, p.58). Lo que nos lleva a indicar que la educación ambiental, día a día se debe evaluar y reinventar, basado en las políticas públicas actuales, todo lo anterior, como ejercicio evaluativo para potenciar aspectos que contribuyan a construir una postura ambiental y por ende una cultura ambiental, hechos que en la actualidad no se dan y que no hacen parte de la conciencia de los colombianos. A continuación, se resaltan algunos aspectos que desde la educación ambiental y que desde las políticas públicas, contribuirían a un mejoramiento en el tema educativo y ambiental en el país:

·       Protección del medio ambiente: La educación ambiental podría contribuir a potenciar la conciencia sobre la importancia de proteger y conservar el medio y los recursos naturales con nuevas estrategias contextualizadas.

·       Desarrollo sostenible: La educación ambiental es fundamental para promover un desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.

·       Compromiso ciudadano: La educación ambiental puede empoderar a los ciudadanos para que se conviertan en defensores del medio ambiente y agentes de cambio en sus comunidades si se permite el diálogo, la consulta y la acción, además del apoyo a iniciativas ambientales de las comunidades.

·       Compromisos internacionales: El estado con la ratificación de los tratados internacionales, puede fomentar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, fortaleciendo las acciones ambientales y potencializando la participación ciudadana, para la implementación de medidas de mitigación y adaptación.

Como conclusión, se puede señalar que esta puesta en escena, pretende poner en consideración la necesidad de reflexionar sobre las políticas públicas y su relación con la educación ambiental, la cual es una herramienta poderosa de cambio y transformación pero que no es ni efectiva, ni eficaz en la solución de los problemas ambientales actuales del país.

Referencias

Amaya Navas, O. D. (Mayo de 1998). onedrive.live.com. Recuperado el 3 de 4 de 2024, de onedrive.live.com: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AqPx61ViFFVCGrs&cid=62D3D54A3ED6AEEC&id=62D3D54A3ED6AEEC%219954&parId=62D3D54A3ED6AEEC%219747&o=OneUp

Cardona, González. A.H. “Fundamentos, historia y normatividad de la educación ambiental”, en aa.vv. Lecturas sobre Derecho del Medio Ambiente, t vi, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2005

Cardona González, A. H., Educación Ambiental: conceptos, análisis y relación con el derecho   ambiental. “LECTURAS SOBRE DERECHO AL MEDIO AMBIENTE”, TOMO IX, Universidad Externado de Colombia, 2009. Bogotá.

Congreso de la Republica de Colombia. (22 de diciembre de 1993). Ley General ambiental de Colombia. [Ley 99 de 1993]. https://onedrive.live.com/?authkey=%21AqPx61ViFFVCGrs&cid=62D3D54A3ED6AEEC&id=62D3D54A3ED6AEEC%219973&parId=62D3D54A3ED6AEEC%219754&o=OneUp