sábado, junio 25, 2022

Saneamiento Ambiental

 

Álvaro Hernando Cardona González

(Artículo publicado el 17 de abril de 2022, en el Diario del Huila)

 

El artículo de la Constitución Política de Colombia (así se llama realmente esta) impuso que “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado”. Y que debe garantizarse a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.


Lo anterior supone que es deber del Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a sus habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.


Pero cuando se dice Estado, se deben comprender especialmente los deberes de las entidades territoriales. Ellas son parte del “Estado unitario”. Y a ellas les corresponde primero que a nadie más, salir a cumplir con este mandato superior.


Esta orden constitucional, en palabras del tratadista Oscar Darío Amaya Navas, no tiene antecedentes específicos en el anterior ordenamiento constitucional.  Antes los servicios públicos correspondían a suministro de agua potable, recolección de residuos sólidos (aseo), alumbrado y suministro de energía y telefonía. Más adelante se incluyó el servicio de suministro de gas domiciliario. Insistimos, no estaba contemplado el servicio de Saneamiento Ambiental que ya no toca con el suministro sino con los problemas derivados de los residuos sólidos y líquidos (vertimientos). Esto es un enorme avance y una gran responsabilidad.


Esta norma es  concordante con el artículo 366 de la misma Constitución incorpora como servicio público a cargo del Estado, el tratamiento de residuos sólidos y líquidos, en el mismo nivel teórico de la atención de la salud, es una conquista grande porque le coloca como prioritario en la agenda del Estado.

 

 

 

EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS

 

ASTRID SORAIDA GONZÁLEZ BALAGUERA

Actualmente, aspirante al título de doctor.

DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

Universidad Surcolombiana de Neiva

Este ensayo fue presentado en la asignatura “POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL"

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Este ensayo está relacionado con la propuesta de investigación del doctorado en educación y cultura ambiental de la universidad Surcolombiana. Inicialmente el título planteado es “el pensamiento crítico en el consumo de alimentos ultraprocesados” cuyo objetivo principal es proponer una estrategia didáctica ecosistémica desde la educación ambiental que contribuya al desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes sobre el consumo de este tipo alimentos. Proyecto que se llevara a cabo con estudiantes del grado quinto cuyas edades pueden estar desde los ocho hasta los once años aproximadamente.

Es sumamente importante abordar las problemáticas ambientales desde el mismo consumo de alimentos e indagar que habilidades del pensamiento crítico pueden ser importantes a la hora de elegir un determinado producto, teniendo en cuenta que no es lo mismo los efectos que causan en el ser humano y en el ambiente los alimentos naturales o mínimamente procesados a los alimentos ultraprocesados; ya que estos últimos tienen mayores impactos desde la misma cadena de producción y procesamiento, consumo y disposición de residuos finales de los mismos.

El consumo de alimentos ultraprocesados en la actualidad viene siendo cada vez más frecuente, lo que genera en alguna medida el desplazamiento del consumo de alimentos naturales o mínimamente procesados. Este tipo de alimentos presentan unas características específicas, generalmente son ricos en grasa, azúcar y sodio; igualmente en la industria alimentaria se le adicionan una serie de sustancias para prolongar su vida útil como: emulsificante, los colorantes, saborizantes, estabilizantes, potenciadores, entre otros.

Los alimentos ultraprocesados son formulaciones industriales fabricadas de sustancias derivadas de alimentos o sintetizadas de otras fuentes orgánicas. Generalmente, contienen poco o nada de alimentos naturales, un alto contenido de grasas, sal o azúcar y bajo contenido de fibra dietética, proteínas, micronutrientes y compuestos bioactivos. (Khandpur et al., 2020, pp. 2).

El consumo de este tipo de productos en general tiene mayor prevalencia en niños y jóvenes, población que está en pleno crecimiento por lo tanto requiere una serie de nutrientes esenciales y proteínas para su desarrollo físico y cognitivo y así mismo evitar la aparición de enfermedades, sin embargo, este tipo de productos no tienen mayor aporte nutricional. Su alto consumo esta mediado por varios factores, dentro de los cuales está el fenómeno de la globalización, la disponibilidad y las campañas publicitarias.

Los atributos comunes de los productos ultraprocesados son la intensificación del sabor, un envasado agradable y atractivo, una mercadotecnia Grupo 4 Alimentos y bebidas ultraprocesados multimedia y agresiva dirigida a los niños y adolescentes, unas declaraciones de propiedades saludables, una elevada rentabilidad, y una imagen de marca y propiedad de empresas transnacionales. (Organización Panamericana de la Salud, 2019, pp. 49).

 Los estilos de alimentación están relacionados directamente con la salud no solo física sino también mental, al llevar una alimentación sana y balanceada reduce el riesgo de padecer enfermedades no trasmisibles favoreciendo la calidad de vida.

La OMS y el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer (WCRF) concluyen que las bebidas azucaradas, los snacks con alta densidad energética y las ‘comidas rápidas’ son causantes de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunos cánceres. (PAHO/OMS, 2013, párr. 2).

 

Los estudiantes con los cuales se trabajara la estrategia están en la etapa de desarrollo de la niñez, es una etapa fundamental para el desarrollo y el crecimiento; está acompañada de cambios físicos, aumenta su talla y peso, se espera que entre los seis y los doce años los niños duplican su peso corporal debido a que su masa corporal se incrementa, su tejido óseo también, entre muchos otros cambios metabólicos importantes.

Esta etapa también viene acompañada de cambios intelectuales, afianzando el pensamiento lógico, se perfecciona cada vez más las habilidades motoras, a entender aún más la intención de las acciones, aumentan su capacidad de aprendizaje y creatividad, se van instalando algunos hábitos que van a perdurar a lo largo del tiempo.

Tanto para su desarrollo físico como su desarrollo mental influyen varios factores bien sea internos como por ejemplo las predisposiciones genéticas, pero también están los factores externos como por ejemplo interacción con el ambiente, entorno familiar y la alimentación.

La alimentación debe ser balanceada, equilibrada, saludable, que aporte todos los nutrientes necesarios, es decir hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales. Sin embargo, en la actualidad el mundo se enfrenta a enfermedades graves bien sea por obesidad o desnutrición y sus asociadas.

Estas enfermedades tienen relación directa con los hábitos alimenticios que tienen las personas.  Es muy preocupante observar que  los estudiantes de la Institución Educativa Técnica La Voz de la Tierra del municipio de Roncesvalles, presenten un consumo excesivo de comida ultraprocesada, especialmente en horas del descanso, rara vez se evidencia que incluyan otro tipo de alimentos como aquellos denominados “naturales” es decir no consumen frutas, jugos mínimamente procesados, cereales, en fin, sino que por el contrario es muy frecuente las papas fritas, las galletas, las gaseosas, y en general toda la comida de paquete.

Este problema se debe a múltiples factores como por ejemplo la falta de educación ambiental, es un tanto paradójico que al interior de los centros educativos se observen estas problemáticas que son tan relevantes,  sin embargo existen tenciones dentro del mismo ejercicio pedagógico, se supone que estas problemáticas deben ser abordadas y tratadas desde lo educativo, no obstante tenemos una delimitación muy marcada por parte de los direccionamientos del ministerio porque nos debemos regir bajo los lineamientos curriculares, las orientaciones pedagógicas, los estándares básicos de competencia, los derechos básicos de aprendizaje y más frecuentemente las mallas de aprendizaje, este tipo de documentos delimitan tanto el que hacer pedagógico, que el docente busca cumplir para que no existan medidas sancionatorias bien sea por los rectores o las mismas secretarias de educación.

Desde lo educativo a nivel curricular existe otro mecanismo que son los proyectos trasversales dentro de los cuales están los PRAES (proyectos ambientales escolares) regidos bajo el decreto 1743 de 1994

por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal, y se fijan criterios para promoción de la educación ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente.

Estos proyectos escolares teóricamente pueden llegar a ser una buena alternativa para abordar los diferentes conflictos socioambientales contextuales, sin embargo la realidad de muchas instituciones del país es que tienen un documento que para algunos casos son muy bien estructurados y son la evidencia ante diferentes entes que lo requieran como por ejemplo la secretaria de educación, las corporaciones regionales en fin, el problema radica en la operatividad del mismo, en algunas ocasiones se trabaja de forma disgregada porque realmente no hay un espacio destinado para su diagnóstico, elaboración y mucho menos la ejecución.

Los docentes se enfocan en abordar lo exigido por el ministerio tal y como se mencionó anteriormente y se supone que al ser un proyecto trasversal cada uno lo debe abordarlo desde las diferentes áreas, y desafortunadamente el PRAE se convierte en una “colcha de retazos”.  Se debería establecer unos tiempos puntuales para el proyecto dentro del plan de estudios, es necesario que exista un hilo conductor que rija su puesta en marcha bajo los mismos principios.

Otro ejemplo de las posibles causas del consumo de este tipo de productos es la ausencia del pensamiento crítico siendo este un concepto polisémico,

una reflexión que surgió y se mantiene en la filosofía, en distintas escuelas y corrientes filosóficas, pero se transformó en objeto de estudio de distintos campos disciplinares, en particular de la psicología, la sociología política, la pedagogía y, más recientemente, la didáctica de las ciencias. (Vélez, 2013, p. 1)

Para efectos de este trabajo será entendido como un pensamiento reflexivo, que busca indagar y cuestionar; que está relacionado directamente con conocer los temas, argumentar, la toma de decisiones y la solución de problemas.

Se esperaría que un estudiante que tenga las habilidades que conciernen a este tipo de pensamiento va a tomar mejores decisiones frente a lo que está consumiendo, sabiendo las implicaciones que tiene no solo el consumo sino también la relación que tiene con el medio ambiente y sus impactos.

Otro factor que puede influir es la falta de disponibilidad de alimentos sanos y frescos cada vez más escasos. Esta problemática se relaciona también con las actividades agropecuarias, los campesinos y pequeños productores de frutales, verduras, leguminosas, etc. están expuestos a muchos factores que permiten o no lograr dicha producción.

 Por un lado, están sujetos a las fluctuaciones del tiempo, ya que los periodos que ellos consideraban de verano o invierno según su sabiduría ancestral están cada vez más irregulares, en parte por el cambio climático. Otro factor es lo que concierne a los insumos, ya que cada vez son más costosos y hoy en día si no se abona, se fumiga o demás labores relacionadas con los químicos muy difícilmente se dará la producción.

También influyen los apoyos que tienen los campesinos; en ocasiones son los créditos agrarios en donde finalmente de lograrse la cosecha las ganancias van a quedar en el banco, debido a los altos intereses que se deben cancelar. Otro aspecto es la comercialización, ya que existen una serie de intermediarios que son los que reciben mayores dividendos frente al campesino que es finalmente produce.  Ya para cerrar este párrafo en lo que se refiere a la producción de alimentos frescos, se debe dar una reforma relacionada con el agro en donde se garantice la asistencia en todos los sentidos a los campesinos para favorecer la producción y garantizar la seguridad alimentaria del país.

Continuando con otra problemática relacionada con el consumo de este tipo de alimentos, están los padres como facilitadores, lo que se evidencia en el lugar donde se pretende desarrollar esta investigación, es que ellos prefieren empacar en la lonchera productos ultraprocesados como por ejemplo un paquete de papas y una gaseosa, y no por el contrario un jugo mínimamente procesado, frutas o algo preparado en casa. Muy seguramente es más práctico, además los niños eligen los alimentos de acuerdo con varios estímulos sensoriales dentro de los cuales están los colores, los sabores, olores, texturas e incluso sonidos; en este orden de ideas va a tener mayor prevalencia este tipo de productos que son diseñados para este público en particular.

Realmente no se  dimensionan los efectos que pueden tener estos productos al ser consumidos de manera constante y por periodos prolongados de tiempo, este tipo de alimentos ultraprocesados requieren una serie de aditivos, colorantes, conservante y demás para lograr unas características durante cierto tiempo, como por ejemplo la tartrazina que se define como:

un colorante amarillo que tiene un parentesco químico con la aspirina. Otras denominaciones de este colorante son FD y amarillo 5 o C. Está presente en refrescos, zumos, productos de pastelería, flanes, gelatinas, postres, galletas, derivados cárnicos (embutidos, salchichas), conservas, vegetales, helados y caramelos. Puede producir tos espasmódica, crisis asmáticas en personas alérgicas a la aspirina, rinitis alérgica, picazón cutánea, insomnio o trastornos del sueño e hiperactividad (Muñoz, 2008, p. 10).

No solamente la tartrazina sino también otra serie de sustancias que son peligrosas para el consumo como por ejemplo los ciclamatos y el aspartame, “tres principales ingredientes alimenticios que están reconocidos en EE.UU, Europa y la
mayoría de los países desarrollados como dañinos para la salud.” (Muñoz, 2008, p. 12)

Otra consecuencia son los residuos sólidos que estos impactan a nivel ecosistémico debido a que la mayoría de estos alimentos generan toneladas de residuos dentro de ellos el plástico que demora muchos años en descomponerse y reintegrarse a los diferentes ciclos de la naturaleza.

De lo mencionado anteriormente surge la preocupación por las dinámicas que se generan en torno a la alimentación y sus impactos, en correlación con el objetivo principal se identificará el conocimiento que tienen los estudiantes sobre los alimentos ultraprocesados, su procesamiento, consumo e impactos en el medio ambiente así mismo reconocer las habilidades del pensamiento crítico sobre el medio ambiente para definir los lineamientos conceptuales y metodológicos de la estrategia didáctica ecosistémica y finalmente analizar la relación entre la estrategia y el desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos del grado quinto de la I.E.T. La Voz de la Tierra, sobre el consumo de este tipo de alimentos

El marco normativo o legal considerado para esta investigación, especialmente en cuanto a la categoría de alimentos ultraprocesado:

Decreto 2771 de 2008: por el cual se crea la Comisión Nacional Intersectorial para la coordinación y orientación superior del fomento, desarrollo y medición de impacto de la actividad física.

Ley 1355 de 2009: Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y prevención.

Resolución 2092 de 2015: Por la cual se establecen directrices para el funcionamiento de la Tienda Escolar de los Colegios Oficiales del Distrito Capital.

Ley 2021 de 30 julio de 2021: por medio de la cual se adoptan medidas para fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir enfermedades no transmisibles y se adoptan otras disposiciones.

 

 

 

 

 

 

 

Referencias

Muñoz Vivas, F. J. (2008). El riesgo en los niños del consumo de alimentos transformados. Los agentes químicos en los alimentos. Isla de Arriarán, XXXII. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4371469.

 

Vélez Gutiérrez, C. F. (2013). Una reflexión interdisciplinar sobre el pensamiento crítico. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 2(9), 11-39.

 

Khandpur N, Cediel G, Obando A, Jaime PC, Parra DC. (2020). Factores sociodemográficos asociados al consumo de alimentos ultraprocesados en Colombia. Rev Saude Publica, 54(19).

 

Organización Panamericana de la Salud. (2019). Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: ventas, fuentes, perfiles de nutrientes e implicaciones. https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/7698/9789275318645_esp.pdf

Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. (2013) Consumo de alimentos y bebidas ultra-procesadas en América Latina: Tendencias, impacto en obesidad e implicaciones de política pública. https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/alimentos-bebidas-ultra-procesados-ops-e-obesidad-america-latina-2014.pdf.

Normas

Decreto 1743 de 1994.

Decreto 2771 de 2008.

Ley 1355 de 2009.

Resolución 2092 de 2015.

Ley 2021 de 30 julio de 2021.

MODELO TEÓRICO DE ECOLOGÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA EN COLOMBIA

 

Diana Marcela Leal Díaz

Actualmente, aspirante al título de doctor.

DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

Universidad Surcolombiana de Neiva

Este ensayo fue presentado en la asignatura “POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL"

 

 

La Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación además de organizar la Educación Formal en Colombia en los niveles Preescolar, Básica y Media, precisó que todos los Establecimientos construirán un Proyecto Educativo Institucional (PEI) que recogerá los aspectos generales (fines, propósitos, recursos, estrategias pedagógicas, sistema de gestión, etc.) mediante los cuales garantizarán una educación de calidad y ajustada a las necesidades de los contextos específicos de formación (Art. 73. Ley 115 de 1994) y definió el currículo como

“el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional.” (Art.76 Ley 115 de 1994)

 

Pareciera que la Ley quiso reconocer a los Establecimientos Educativos una cierta autonomía para el desarrollo curricular, sin embargo, más adelante, las autoridades educativas a través de Decretos como el 1860 de 1994, el 1290 de 2009,el 1075 de 2015 y documentos como los Lineamientos Curriculares de las diferentes áreas, los Estándares Básicos de Competencias, los BDA y las Matrices de Referencia, entre otros, presentados por el Ministerio de Educación Nacional limitaron la conceptualización inicial a las consideraciones en ellos explicitadas. Así mismo, la concepción de currículo que se alejó de la perspectiva simplista de planes de estudio y que presentó como principio orientador el desarrollo del sujeto como ser social que reconoce la diversidad y la convivencia como elementos clave para la construcción de país solo alcanzó a ser un esbozó dentro de la Ley General de Educación.  En la actualidad las autoridades educativas lo han limitado a un conjunto de competencias estandarizadas que buscan universalizar los aprendizajes de los estudiantes en respuesta a campos de poder político y económico externos a la escuela (Montes, 2019, p. 92-95), y que, en su mayoría, tienen una marcada ideología homogeneizante, globalizadora y occidentalizada.  Se evidencia una intencionalidad clara de desarrollar una inteligencia parcelada (Morin, 1999, p.14), que prioriza la adquisición de aprendizajes fraccionados, fragmentados, disociados y unidimensionales por parte de los estudiantes, limitándoles las posibilidades para comprender y reflexionar sobre sus realidades y para formarse un juicio correctivo o una visión a largo plazo.

 

El currículo en sí mismo encierra una gran complejidad y por ello lo ideal es empezar por tratar de entenderla y reconocerla [su complejidad] a partir del estudio de discursos teóricos generados en otros territorios de la educación e incluso fuera de ella.

El currículo debe verse como un problema de relación entre la teoría y la práctica, por una parte, y entre la educación y la sociedad, por otra. Porque el currículo, lo mismo que la teoría que lo explica, es una construcción histórica que se da en unas determinadas condiciones.  Su configuración y desarrollo engloba prácticas políticas, sociales, económicas, de producción de medios didácticos, prácticas administrativas, de control o supervisión del sistema educativo, etc. (Kemmis, 1986, p. 22)

Sabemos que son pocos los elementos, fenómenos, actividades y hechos de la realidad escolar que no tienen alguna implicación con el currículo o que no se ven afectados por él, pero, paradójicamente, no existe una unidad de criterios que permita encerrarlo en una definición que sea sencilla, esquemática y clarificadora. 

 

En Colombia el abordaje del currículo no puede agotarse en la promulgación de leyes, normas o documentos sobre los contenidos que deben abordarse en los diferentes grados escolares o en la definición de los conocimientos básicos estandarizados que un estudiante debe adquirir en cada nivel de formación, ni mucho menos en la definición de los tiempos e intensidades que deben implementarse en cada asignatura o en qué asignaturas deben ser obligatorias y cuáles optativas.  Se hace necesario apostarle a propuestas que se concentren en pensar, repensar, conceptualizar y humanizar los procesos educativos, que generen oportunidades de deconstrucción y desmitificación de los currículos únicos y que sean alternativas, posibles y viables, de restauración de los vínculos, conexiones y solidaridades entre ciencia, humanismo, cultura y sociedad (Morin, 1999 en Rodríguez, 2017, p. 427) en la Educación Básica en Colombia. En este escenario concreto, el pensamiento ecológico puede aportar significativamente por sus amplias capacidades mediadoras e integradoras que facilitan el equilibrio y armonización de la relación individuo-sociedad-ambiente a partir del respeto de la Otredad humana y no humana.  La elección del pensamiento ecológico como eje central del modelo teórico se da porque es un pensamiento joven, fresco y no violento que busca detener las ansias de dominación a través de una comunicación efectiva y un diálogo franco entre los seres humanos y la Naturaleza (Araujo, 1996, p.2); porque es integrador e incluyente; aspira a interconectar diversas tendencias, ideologías y corrientes políticas y es una invitación a reflexionar seriamente sobre cómo oponerse al consumismo y sobre cómo extender un puente que reconcilie a los seres humanos con la Naturaleza (Sousa, 2010 en Bravo, 2019, p.5).

 

Se plantea la formulación de modelo teórico porque “son una herramienta fundamental de análisis, descripción y predicción que la ciencia dispone para llevar a cabo la sistematización, control y comprensión de los aspectos más relevantes de la realidad física y social” (Calvo, 2006, p.17).  Su construcción implica la selección de conceptos que se refieren a los aspectos fundamentales de la experiencia para generar nuevas formulaciones que se aproximen al fenómeno de estudio y den explicaciones que permitan la comprensión del mismo.  Recogiendo lo expuesto por Morrison (2001), Boniolo (2004), Tarski (1956), Carnap (1947) y Suppe (1990) quienes clasifican y explican los modelos desde diferentes ópticas, es posible plantear que un modelo es una síntesis comprensiva de la conjugación entre la realidad y la representación de la realidad que construye un observador de un fenómeno, a partir de una serie de enunciados teóricos y enunciados de observaciones validados por otros observadores (Melo et al., 2014, p.157). 

 

Teniendo en cuenta que para la formulación del modelo se requiere cuestionar las teorías existentes y realizar nuevas inferencias se utilizará el método abductivo, que según Atocha produce un cambio epistémico porque se dispara por una sorpresa que genera duda, novedad o anomalía; de ser novedad su explicación se calcula y se incorpora a la teoría por una operación de extensión, y en anomalía, se revisa la teoría para que no esté en conflicto con el hecho de explicar, luego se calcula la explicación y se incorpora a la teoría por expansión (Atocha, 1998, p.12).

La abducción es esa operación de la mente que permite explicar el avance del conocimiento y a la vez pone de manifiesto la relación de la razón con el resto de la persona, pues si no existiera esa relación no sería posible el más mínimo avance. La abducción pone de manifiesto que lo racional no puede dejar de lado cosas que son propiamente humanas, como los sentimientos e imaginaciones. (Barrena, 2003, p.385)

 

Finalmente, es importante precisar que el modelo será un aporte importante en los procesos de deconstrucción curricular con un enfoque de fortalecimiento de la cultura ambiental porque presentará una opción de pensamiento ubicado desde el biocéntrismo, con una perspectiva de prevención y centrado en la búsqueda del buen vivir o pleno vivir.   Al enfocarse en la ética conforme a la que deben relacionarse las personas entre sí y con la naturaleza, en términos de complementariedad y equilibrio, concurrirá al fortalecimiento de capacidades de ajuste de comportamientos potencialmente lesivos, contribuyendo con ello a la generación de una cultura ambiental en consonancia con la orientación dispuesta en la Ley 1549 del 4 de julio de 2012 de formar:

“…personas críticas y reflexivas, con capacidades para comprender las problemáticas ambientales de sus contextos (locales, regionales y nacionales). Al igual que para participar activamente en la construcción de apuestas integrales (técnicas, políticas, pedagógicas y otras), que apunten a la transformación de su realidad, en función del propósito de construcción de sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas.” (Art.1)

 

Referencias

Araujo, J. (1996). XXI: Siglo de la Ecología. Para una cultura de la hospitalidad. Editorial Espasa Calpe S.A.

Atocha, A. (1998). La abducción como cambio epistémico: C.S. Peirce y las teorías epistémicas en Inteligencia artificial. Analogía, 12(1), 125-144. En https://www.unav.es/gep/AN/Aliseda.pdf

Barrena, S. (2003). La creatividad en Ciencias Sociales. Peirse: Abducción y razonabilidad. [Tesis Doctoral, Universidad de Navarra, Facultad de Filosofía y Letras, Pamplona]. En https://www.unav.es/gep/TesisDoctorales/TesisBarrena.pdf

Bravo, P. V. (2019). Aproximación Teórica Imbricada en el Pensamiento Ecológico para la Educación Ambiental en la Educación Rural. Revista Científica CIENCIAEDUC, 4(1), 1-14. En http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/480/4802170002/index.html

Calvo, D. (2006). Modelos teóricos y representación del conocimiento. [Tesis Doctoral Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Filosofía. Madrid.]. https://eprints.ucm.es/id/eprint/7367/

Decreto 1860 de 1994 (1994, 3 de agosto). Ministerio de Educación Nacional. Diario oficial No 41.473

Decreto 1290 de 2009 (2009, 16 de abril). Ministerio de Educación Nacional. Diario oficial No 47.322

Decreto 1075 de 2015 (2015, 26 de mayo). Ministerio de Educación Nacional. Diario oficial No 49.523

Kemmis, S. (1988). El curriculum: más allá de la teoría de la reproducción. (Deakin V., Trad). Morata. (Original publicado en 1986).

Ley 115 de 1994 (1994, 8 de febrero). Congreso de la República. Diario oficial No 41.214

Ley 1549 de 2012 (2012, 5 de julio). Congreso de la República. Diario oficial No 48.482

Montes Miranda, A. J. (2019). Desarrollo del Currículo en Educación Básica en Colombia. UNIVERSITAM Revista Internacional de Ciencia, 1(1), 84-105.  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2538442

Melo, C. V., Merchán, P. A., y Peñuela, M. L. (2014). Lineamientos conceptuales para un modelo de apoyo estudiantil basado en un principio de solidaridad en la Universidad de La Salle. Una propuesta colaborativa entre el Programa de Trabajo Social y la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano. En: https://ciencia.lasalle.edu.co/trabajo_social/218

Morin, E. (1999). La cabeza bien puesta: Repensar la reforma. Reformar el pensamiento. Nueva Visión.

Rodríguez, M. E. (2017). Currículum, educación y cultura en la formación docente del siglo XXI desde la complejidad. Educación y humanismo, 19(33), 424-439. DOI: http://dx.doi.org/10.17081/eduhum.19.33.2654

La problemática ambiental, desde el contexto familiar y escolar

Paola Viviana Cardona Cerón

Actualmente, aspirante al título de doctor.

DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

Universidad Surcolombiana de Neiva

Este ensayo fue presentado en la asignatura “POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL"

 

La problemática ambiental, desde el contexto familiar y escolar. Paola Viviana Cardona Cerón Para comenzar, en este escrito se comentarán algunos aspectos abordados desde el marco legar para el proyecto que actualmente adelanto, el cual se titula “Análisis de los factores escolares y familiares asociados a la cultura ambiental sostenible en el ecosistema andinoamazónico colombiano, desde la educación media del municipio de Mocoa-Putumayo” desde el que se pretende hacer énfasis al análisis de los factores escolares y familiares que influyen en los sentimientos, comportamientos y actitudes de los jóvenes estudiantes de la media de tres instituciones educativas de Mocoa Putumayo, una étnica, una rural y una urbana, frente a la cultura ambiental. Se hace necesario tener en cuenta a la familia como primer agente social que fomenta el proceso educativo en los menores.

La familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los niños y las niñas, es la que transmite valores, actitudes, hábitos, sentimientos, experiencias, conocimientos y pautas de comportamiento, además en ella se practican los primeros procesos de socialización; por lo tanto, es fundamental identificar la influencia del núcleo familiar en la formación ambiental del niño, niña, joven y señorita, con el fin de fortalecer la gestión ambiental y fomentar el cuidado del entorno natural, generando nuevas actitudes en la familia para ser inculcadas en los menores (Galvis, 2009).

En Colombia se comienzan a construir espacios de formación y proyección para el cuidado y manejo adecuado del ambiente a partir de la formulación del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y la Protección al Medio Ambiente, en diciembre de 1974, allí se decreta que el ambiente es patrimonio común, por este motivo el Estado y las personas civiles deben aunar esfuerzos para su preservación y uso sostenible. La educación debe promover dinámicas ambientales con participación comunitaria, direccionadas por el Estado, en espacios rurales y urbanos que permitan dimensionar las problemáticas ambientales y llegar a comprenderlas para tratar de resolverlas; también es muy importante mencionar que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de esa educación que debe estar presente en todos los estadios de la vida del sujeto social, y desde todos los ámbitos se debe instar al sentido de responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio, tanto de manera individual como colectiva y empresarial. (Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y la Protección al Medio Ambiente, 1974).

Es así como en el transcurso de los tiempos, se han establecido medidas para la conservación de los recursos naturales, desde finales de los años sesenta e inicios de los setenta, la mirada se enfocó en la preservación del medio ambiente debido a su gran importancia para el mantenimiento de la vida sobre la Tierra y a los atropellos expuestos desde la revolución industrial (Zabala y García, 2008). La constitución colombiana hace alusión en su artículo 67 a que la educación fomentará la protección del medio ambiente, la cual, es responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. De esta manera se resalta la importancia de la familia como el primer entorno de los niños y las niñas, donde se configuran muchos de sus comportamientos y actitudes para con los otros y su ambiente natural.

Desde ella se deben generar sentimientos que definan compromisos auténticos con la realidad que nos atañe, para que aquel ser en formación, desde cualquier rol en el que se desempeñe, lo haga con total responsabilidad con su entorno, sin poner en riesgo los recursos de las siguientes generaciones. Por otra parte, la escuela debe ser otro escenario donde se fortalezcan los valores que vienen impartidos desde la familia, y a partir de los conocimientos adquiridos en ella, se logre reflexionar para lograr la concertación de acciones que propendan tanto por el bienestar individual como colectivo, en armonía con la naturaleza, y así garantizar las condiciones que incentiven las buenas prácticas en el medio, desde una vida equilibrada en todos los ámbitos. Es importante mencionar “La Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo” realizada en 1992, la cual reafirma la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, en Estocolmo, donde se trata de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas; procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial, reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, nuestro hogar. En Colombia queda el compromiso en el avance de la preservación del medio ambiente, definiendo y reorganizando el sector ambiental en el país, tomando los elementos de la Declaración de Río, a través del establecimiento de la Ley 99 de 1993, en el que se incorporan acciones de participación ciudadana a través de la formulación y el uso de instrumentos de educación ambiental promovidos por el Ministerio de Medio Ambiente y el programa de gobierno “Cultura para la Paz, hacia una política de Educación Ambiental” (Unesco, 2010). Además, se crea el Ministerio del Medio Ambiente, conocido hoy como el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del cual se pretende adoptar programas, planes de estudio y propuestas curriculares en materia de Medio Ambiente y Educación Ambiental, para lo cual se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA- y se decretan los fundamentos de la política ambiental colombiana (ley 99 de la República de Colombia, 1993). Estos hechos marcan un hito histórico, desde la vinculación de las diferentes sociedades del mundo y sus gobernantes, para ejercer acciones conjuntas que permitan la protección y conservación de los recursos presentes en la naturaleza, mitigando los daños ocasionados por el hombre y sus excesos, de esta manera poder coexistir dinámicamente y prolongar la vida de las especies y entre ellas, de los seres humanos. En la actualidad, Colombia desde el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible viene trabajando arduamente para identificar y adoptar mejores prácticas y políticas públicas a través de dos ejes centrales: Comité de Política Ambiental -EPOC- y Comité de Químicos; de esta forma cumplir con una hoja de ruta propuesta, estipulada de acuerdo con los criterios de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- (del cual Colombia hace parte desde el 2020), quien en cierto sentido, dictamina directrices para formar parte de esta organización y controlar aspectos en materia ambiental a nivel nacional, y desde la institucionalidad especifica, involucrar a los demás entes, tales como las CARs, y también las instituciones educativas, incluso las familias, las sociedades civiles y demás organizaciones gubernamentales o no gubernamentales. En los colegios, el marco ambiental se refrenda con el decreto 1743 de 1994, por el cual se reglamenta el Proyecto Escolar de Educación Ambiental -PRAE-, el cual actúa como una herramienta didáctica, donde se articula al currículo, la formación integral y la ambiental, desde la educación formal e informal, permitiendo la participación de las comunidades en la resolución de problemas ambientales del contexto, así como la formación de personas críticas y participativas que permita la construcción de una cultura ambiental en el territorio. En la actualidad existe una metodología para la construcción del PRAE ajustada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la subdirección de educación y participación, donde se especifica la importancia de los proyectos ambientales escolares y los ítems a abordar para desarrollarlos (decreto 1743 de la República de Colombia, 1994). Este marco normativo de Colombia en materia ambiental, surge como respuesta a esa exigencia de conservación del medio ambiente y de actuar frente a las problemáticas que se suscitan en el entorno natural, regional, departamental, nacional e internacional. A través de ellas queda establecido él como se pueden diseñar estrategias participativas con propósitos globales que incidan en las acciones tanto particulares como colectivas, desde lo formal e informal, institucional e interinstitucional, que brinden soluciones reales a contextos particulares. Cabe resaltar que las políticas ambientales establecen normas claras en dicho sector, con el fin de propender al mantenimiento de la biodiversidad y de los recursos naturales presentes en cada región, regulando los procesos efectuados por el hombre y los residuos generados de las actividades industriales, agrícolas, domésticas; pero es claro que las acciones ejecutadas en torno a la normatividad deben trascender en el ámbito escolar, por ello, al sector educativo se debe brindarle apoyo, desde el acompañamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales -CAR-, hasta los recursos necesarios para efectuar las acciones propuestas en el PRAE de cada institución, de esta manera desarrollar acciones diferenciadas y significativas que logren transformar sentimientos, pensamientos y conductas, desde la sensibilización del ser a partir del trabajo en contexto y con las comunidades.

Tanto el PRAE como los Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental -PROCEDA- y Proyectos Ambientales Universitarios -PRAU-, deben ser trabajados desde las realidades locales y hacer un acercamiento con los sujetos implicados en estos procesos educativos, de esta manera lo proyectado no solo surgirá de un grupo de personas ajenas a una realidad, sino por el contrario, de personas comprometidas con la conservación de sus territorios y empoderadas de las acciones definidas en colectivo, en miras de frenar el acelerado curso de las acciones antropogénicas nefastas para el medio ambiente. Es entonces como el contexto social impacta al niño, la niña, el joven o adolescente, porque ahí aparecen las imágenes o modelos a seguir, de esta forma se perfilan ideologías, sujetándose a intereses o gustos particulares, pero también se puede modelar a partir de procesos de identidad, sentido de pertenencia por su territorio desde el reconocimiento de aquello que posee y que lo hace grande, es así como el ser humano se reconoce como un ser social, porque vive dentro de una comunidad que tiene sus propias particularidades, necesidades y expresiones culturales. Lo anterior permite evidenciar que las diferentes conductas emergentes del contexto familiar se pueden redireccionar, fortalecer o redefinir a partir del contexto escolar. Como dicen Ferrer et al. (2004), es únicamente a través de la educación como el individuo interioriza la cultura, y es capaz de construir y producir conocimientos, reorientar sus valores, modificar sus acciones y contribuir como sujeto individual a la transformación de la realidad del medio ambiente.

Por lo tanto, el contexto escolar es aquel que tiene la posibilidad de transformar muchos de los modelos que se arraigan, y en alguna medida, fortalece valores y principios, abordando una formación academicista, con un componente fundamental, el humanismo, que se ve reflejado hacia el mismo, el otro y su medio. Por otra parte, las autoridades ambientales deberán acoger la gestión ambiental familiar como eje que promueve nuevos hábitos y costumbres frente al manejo, cuidado y protección de los recursos naturales, tomando a la familia como núcleo y primer responsable de la educación de los hijos, porque es ahí donde se forman los primeros hábitos y comportamientos, no solo ambientales sino en todos los aspectos del ser humano, que deberán proporciona en el hogar un ambiente adecuado para el desarrollo integral de los niños y niñas, viéndose reflejando en la sociedad (decreto 1860, 1994). La vinculación concienciada de la familia a estos procesos de gestión ambiental, permitirán lograr sujetos más reflexivos en torno a las problemáticas sociales, ambientales, políticas, económicas, culturales, demográficas, entre otras, y con mayor responsabilidad en su quehacer diario. Finalmente, al comprender los diferentes contextos abordados, se puede concluir que la normatividad debe hacerse efectiva en la familia y en las instituciones educativas, pero para ello se debe exhortar a la corresponsabilidad de estas generaciones con las próximas, y en este sentido, la educación es la herramienta que debe utilizarse con este propósito, tanto en las familias como en las escuelas o colegios, desde la vinculación de todos los agentes que puedan permear estas estructuras, tales como medios de comunicación, empresas, iglesias, entidades gubernamentales o no gubernamentales, congregaciones o diferentes grupos humanos, que desde su quehacer se vinculen contribuyendo con un granito de arena a la construcción de un ambiente completo y disponible en cualquier tiempo y espacio para todos y todas.

Referencias Bibliográficas

Ferrer Hechavarría, B., Menéndez Rodríguez, L., & Gutiérrez Feros, M. (2004). La cultura ambiental por un desarrollo sano y sostenible. La experiencia de Cayo Granma. Santiago. link.gale.com/apps/doc/A169960845/IFME?u=anon~4146fba9&sid=googleScholar& xid=29283760

Galvis Buitrago, A. (2009). Influencia del núcleo familiar en la formación ambiental del niño - niña. Estudio de caso: Institución preescolar Liceo Infantil Casita Encantada. Localidad Barrios Unidos. Bogotá, D. C. Obtenido de [Tesis de Maestría en Gestión Ambiental, Pontificia Universidad Javeriana]. Archivo digital. https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/714/eam33.pdf?sequence= 1&isAllowed=y

Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible [Minambiente]. (2022, 4 de abril). La OCDE aprobó 17 compromisos ambientales de Colombia. https://www.minambiente.gov.co/asuntos-internacionales/la-ocde-aprobo-17- compromisos-ambientales-de-colombia/

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (2011). Compendio Mundial de la Educación 2010. Comparación de las Estadísticas de Educación en el Mundo. http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/global-education-digest-2010- comparing-education-statistics-across-the-world-sp.pdf

Zabala, I., & García, M. (2004). Historia de la Educación Ambiental desde su discusión y análisis en los congresos internacionales. Revista de Investigación, 32(63). http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1010-29142008000100011

Referencias Normativas

Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y la Protección al Medio Ambiente de 1974. (1973, 23 de diciembre). Presidencial. https://cvc.gov.co/sites/default/files/Normatividad/Nacional/Leyes/Decreto-Ley2811- 74-Codigo-Recursos-Naturales-Renovables-y-Proteccion-Medio-Ambiente.pdf Decreto 1743 de 1994. (1994, 3 de agosto). https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1301

Decreto 1860 de 1994. (1994, 3 de agosto). https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles172061_archivo_pdf_decreto1860_94.pdf

Ley 99 de 1993. Ley General Ambiental de Colombia. (1993, 22 de diciembre). https://cvc.gov.co/sites/default/files/Normatividad/Nacional/Leyes/Decreto-Ley2811- 74-Codigo-Recursos-Naturales-Renovables-y-Proteccion-Medio-Ambiente.pdf

GESTIÓN AMBIENTAL Y SU CORRESPONDENCIA CON LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES DEL RÍO TUNJUELITO


ANDREA DEL PILAR MELO ROMERO

Actualmente, aspirante al título de doctor.

DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

Universidad Surcolombiana de Neiva

Este ensayo fue presentado en la asignatura “POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL"


     Este ensayo corresponde a la reflexión sobre la gestión ambiental del caso específico del río Tunjuelito  en Bogotá, Colombia, indagar sobre, sí este proceso de gestión ambiental  ha ayudado a la mitigación de los conflictos socioambientales o por el contrario los  ha acentuado, para ello se conceptualiza lo que se considera como  gestión ambiental y posteriormente se describe como esta se ha llevado a cabo en los conflictos socioambientales del río Tunjuelito, para finalmente analizar las acciones se deben desarrollar para empezar a solucionar los conflictos.

 Gestión Ambiental

      La participación ciudadana es importante  dentro del proceso de gestión ambiental, pero requiere una planeación en donde se debe vincular presupuestos, su administración, la  utilización de mecanismos jurídicos y la  tecnología   entre otros, todo esto para generar calidad de vida y un desarrollo sostenible para la sociedad, de acuerdo con Brañes (como se citó en Detjen, 2021) la gestión ambiental es “el conjunto de actividades humanas encaminadas a procurar la ordenación del medio ambiente y contribuir al establecimiento de un modelo de desarrollo sustentable”

      Detjen (2021) plantea que  aunque las decisiones se toman dentro de un marco jurídico también corresponden a las metas políticas nacionales establecidas y algunas veces conciliadas por medio de la participación ciudadana, entonces las normas funcionan como herramientas en el proceso, algunos de los derroteros han sido adquiridos a partir de los tratados internacionales como lo es el caso de la apropiación del desarrollo sostenible a partir  de  la conferencia de la  Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Medio Ambiente y el Desarrollo  del año 1992, finalmente la gestión ambiental debe permitir la intervención y solución de los problemas ambientales.

 Río Tunjuelito

     Osorio (2006) menciona que el río Tunjuelito es el más grande que tiene la ciudad de Bogotá con 73 Kilómetros, en su cuenca habita el 40% de la población, son personas que pertenecen a estratos 1 y 2, no ha existido una planificación urbana y en las riberas existe un histórico de apropiación ilegal de terrenos, generando problemas  de contaminación e inundaciones, el desarrollo de la ciudad  trajo el deterioro ambiental, los problemas socioambientales están relacionados con la explotación de los recursos naturales, posesión de la tierra y el poblamiento.

      Es importante reconocer el trayecto y composición  del río Tunjuelito, Ortiz (2020) describe que la cuenca alta está compuesta desde el nacimiento del embalse la regadera hasta la presa Cantarrana, la cuenca media y alta de este territorio en su mayoría corresponde a  ecosistemas de páramo y bosque alto andino, la cuenca baja va desde la presa Cantarrana hasta la desembocadura del río Tunjuelito en el río Bogotá ,esta corresponde a una amplia zona urbana, los parques minero industriales están superpuestos con los parques ecológicos distritales y áreas de restauración, es incongruente que históricamente se permitió la extracción minera  sobre la riqueza ambiental.    

 Denominación Río Tunjuelito o Tunjuelo

      Tunjuelo y Tunjuelito son dos denominaciones que se le han dado al río, la palabra tunjo proviene de la toponimia chibcha, que designa aquellos cerros de páramo que en la cosmología de esta cultura representan a los guardianes (mojanes) de las puertas de entrada al mundo de los dioses y los muertos, que son las lagunas. Según Osorio (2006): 

Las aguas que nacen alrededor del cerro del Tunjo y confluyen en el sector de la Regadera recibieron el nombre de moján mayor: Tunjo. El diminutivo Tunjuelo señala la apropiación del mundo hispánico para indicar la usurpación tanto física como imaginaria de este espacio. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi designa como río Tunjuelito a la cuenca media y baja del río Tunjuelo, tramo que comienza en el casco urbano de la ciudad y termina en su desembocadura en el río Bogotá. Tunjuelito es por lo tanto el nombre del río Tunjuelo en su tramo urbano (p. 51)

  Conflictos Socioambientales del Río Tunjuelito

      Es necesario hacer una breve caracterización de los conflictos socioambientales del río Tunjuelito según Osorio (2006) la cuenca del río Tunjuelito estaba conformada en los años 60  por  áreas urbanas y rurales;  Usaquén, Suba,  Engativá, Fontibón, Bosa, el pueblo de Usme y el Páramo de Sumapaz, para esta época la preferencia agrícola empieza a decaer por el crecimiento urbano,  para 1962 la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá presentó un estudio hídrico para solucionar la problemática de aguas lluvias y negras convirtiendo al río Tunjuelito base del sistema de alcantarillado de la ciudad, para mitigar la contaminación del río se construyó un interceptor que recogería las aguas negras desde el barrio Class Roma hasta la desembocadura en el río Bogotá.

      También al río Tunjuelito se le guardó la relación de escenario de inundaciones, como lo señala Osorio (2006) que  para la década de los 70  se hizo   la construcción de jarillones, por las constantes inundaciones provocadas por el río,  removiendo la vegetación en las riberas, elevando los jarillones  por encima del nivel, la construcción de estos jarillones aumentó el asentamiento urbano  ilegal, no soluciono el problema y la remoción de la vegetación incrementó las inundaciones, para contribuir a mejorar esa situación se construye el embalse los Tunjos, entonces el río Tunjuelo perdió su protagonismo y se convirtió en el abastecedor del acueducto del sur de Bogotá. El punto más álgido de las inundaciones del río Tunjuelito fue 1979 como consecuencia los pobladores de Bosa y Patio Bonito fueron reubicados en Ciudad Bolívar tratando de ayudar a los damnificados de la inundación, pero la reubicación fallo por la falta de agua potable de la zona, los pobladores debían abastecer sus requerimientos desde la quebrada las Limas, tenían que caminar varios kilómetros para el suministro y sus aguas residuales fueron a contaminar al río Tunjuelo.

      Las diferentes investigaciones que se han realizado en torno a la contaminación del río Tunjuelito afirman que estas empezaron en la década de los 40 y que  se incrementaron por una resolución que permitió la instalación de fábricas de detergentes por parte de Ecopetrol S.A. las primeras industrias contaminantes surgieron en 1940 y su aumento más álgido fue para 1973  en el barrio San Benito y la autopista Sur, las principales actividades fueron los frigoríficos de carne, fábricas de aceite,  industria mecánica, industria textil y las curtiembres.

      Ortiz (2020) considera que gran parte de las problemáticas socioambientales del río Tunjuelo se deben al código minero propuesto en 1988 el Decreto 2655 que le permitió  la explotación a particulares por medio de concesiones, licencias de explotación minera y canteras que finalmente en la administración de Andrés Pastrana se modifica y da origen a la ley 685 del 2001 favoreciendo la inversión extranjera, la industria minera se convierte de utilidad pública, de interés social, permitiéndole la realización de procesos de expropiación si fuese necesario para su sostenimiento, finalmente se le otorga al  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la reglamentación de las licencias ambientales por el Decreto 2041 de 2014, o también podrían  ser otorgadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales  (ANLA) o a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), a el Ministerio de Minas y Energía le corresponde  organizar las políticas de explotación minera del país, pese a la normatividad se evidencian procesos de corrupción en el otorgamiento de las licencias y la realización de proyectos que deterioran el entorno.

         Teniendo en cuenta que uno de los puntos álgidos en cuanto a los conflictos socioambientales están asociados a la actividad minera, se requiere indagar frente a su historia y evolución, de acuerdo con Vargas (2017) para el siglo XX los materiales utilizados para la construcción de las viviendas eran importados y de un valor elevado, se empezaron a hacer procesos exploratorios para obtener suministros propios, encontrando a las orillas del río Tunjuelo un suelo apto para la extracción de materiales de construcción y desde ese momento las canteras del río Tunjuelito se convirtieron en las proveedoras  de la ciudad así llegaron CEMEX S.A.B., Holcim S.A. y  La Fundación San Antonio, es importante mencionar que existen otras zonas de extracción que han operado ilegalmente, para este autor el código de minas  del 2001 presentaba incongruencias que se acomodaba a las situaciones, el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible les otorgó títulos de explotación minera a estas 3 empresas, pero ninguna contaba con permiso para la utilización del agua.  

      Con los planes de ordenamiento territorial del 2003 se creó el plan de ordenamiento minero ambiental para compensar los daños causados por la extracción minera, que encargaría a la secretaria Distrital de Ambiente y la Corporación Autónoma de Cundinamarca a la regulación de los Parques Minero energéticos, pero con tantos actores involucrados en el proceso y la incoherencia en la normatividad hicieron el espacio propicio para dar títulos de explotación minera incluso en áreas protegidas

      El crecimiento urbano requiere la extracción de más materiales de construcción, generando  uno de los conflictos socioambientales con mayor presencia alrededor  del río Tunjuelo. Ortiz (2020) plantea que esta situación se agrava por los “Parques Minero-Industriales – PMI Tunjuelo, Mochuelo y Usme estipulados en el Decreto Distrital 619 de 2000 y 469 de 2003 compilado por el Decreto 190 de 2004” (p.11)

      Los procesos de extracción y ordenamiento territorial se han basado en mantener el privilegio de unos cuantos, en pro de los menos favorecidos, que generalmente son campesinos, indígenas, mujeres y niños vulnerables, prueba de las consecuencias de estos procedimientos extractivistas de acuerdo con la noticia del Espectador. Bogotá 27 de mayo del 2009 (Como se citó en Torres Carrillo y Torres Ruíz 2015) son algunos accidentes medioambientales:

Dos millones de metros cúbicos de tierra se deslizaron como consecuencia de la explotación minera, produciendo el deslizamiento de 90 casas del barrio Villa Jackie (Villa Jackie ya es historia).  A estos accidentes vale la pena sumar también el impacto negativo vigente que produce la contaminación ambiental de la cuenca sobre la salud humana, las condiciones de habitabilidad y la sustentabilidad integral del ecosistema. (p. 29) 

     La  gestión ambiental en cuanto  a la explotación minera en la ciudad de Bogotá requiere de estudios del territorio, del crecimiento urbano, de las consecuencias ambientales y sociales, es evidente que esta actividad no genera un desarrollo sostenible para las comunidades.

 Así se consolido la explotación minera en Bogotá  tal como lo describe Ortiz (2020):

Debido a las sequías, para 1950 se incrementó la extracción de materiales de construcción y se consolidaron una gran cantidad de ladrilleras al suroriente de Bogotá, entre las que sobresalen la fábrica Alemana de Ladrillos, la fábrica de ladrillos San Marcos, la empresa Central de Mezclas, la empresa Ladrillera Santa Fe y varios chircales. Además, se incrementó la minería industrial a cielo abierto por parte de empresas como Holcim S.A, antes Ingeniesa, Cemex y San Antonio, las cuales explotaron gravillas, gravas y arenas que sirvieron para la construcción de la Autopista Norte, la Avenida El Dorado, edificios como el de Avianca, equipamientos como el estadio, y el aeropuerto. (p. 15). 

      Al río Tunjuelito le aquejan varios problemas, cualquier cambio en el sistema provocado  por las múltiples problemáticas ambientales  obviamente afectó la biodiversidad natural del entorno, se  observan conflictos socioambientales a causa de los procesos industriales, se empiezan a desarrollar concertaciones con las empresas mineras y curtiembres a mediados de 1998 para la  descontaminación del río, se estudió la utilización de una planta de tratamiento, el cambio del cauce del río para evitar inundaciones, pero estas negociaciones finalmente no se concretaron como se plantea en: El Tiempo. Bogotá, 25 de julio de 2004 (Como se citó en Torres Carrillo y Torres  Ruíz 2015):

Cualquiera de estos cambios de cauce requiere la concertación con las empresas cementeras de la zona: Cemex (explota las canteras Santa María, Santa Inés y La Fiscala), Ingeniesa, Fundación San Antonio y las Fuerzas Armadas (mina Pozo Azul). Esa concertación no será nada fácil, teniendo en cuenta que las cementeras Cemex (la misma que tiene con el gobierno distrital el pleito por las losas de Transmilenio en la Autopista Norte), la Fundación San Antonio y Holcim S.A. demandaron al Distrito por perjuicios causados con el desbordamiento del Tunjuelo en el 2000, ya que les inundó seis de sus canteras. (p.36) 

    Para el 2010 la administración distrital inicia un proceso en contra de CEMEX S.A.B., Holcim S.A. y La Fundación San Antonio por utilizar sus cauces del río Tunjuelito sin permiso, cambiar el curso del río, generar procesos de contaminación e inundación en los sectores aledaños, producto de estas luchas es cerrada la cementera Holcim Colombia S.A. logrando indemnizar la población afectada, así mismo se hicieron procesos en contra de curtiembres, trituradoras y gravas. 

     La extracción de las rocas para la elaboración de los materiales de construcción requiere de un trabajo mecánico, explosión y   agua, las empresas aparte de utilizar el agua del río Tunjuelito, la han contaminado con sedimentos y han desviado el curso del río para facilitar su trabajo, de esa manera se disminuyó el caudal del río y se formaron  compuestos químicos contaminantes, al triturar las rocas se configuran partículas de suspensión que contaminan el aire y producen enfermedades respiratorias  a los pobladores del sector, sumado a esto se debe resaltar que estos procesos también han favorecido las constantes inundaciones y procesos de deslizamiento del sector,  de acuerdo con Vargas (2017)  las empresas hicieron planes de gestión social como créditos a los pobladores para  la adquisición de materiales de construcción, cursos de electromecánica, técnico en minería ambiental , recuperación del suelo con plantas nativas y maquinaria pesada  entre otros. 

     Otras problemáticas ambientales del río Tunjuelito son descritas por García (2012) afirmando que siendo el río parte de la estructura principal de la ciudad, esta se ve afectada, evidenciando un detrimento del entorno, la deficiente planificación urbana permitió la formación de fenómenos de remoción en masa que agudizaron aún más las problemáticas.  

       Es evidente que la gestión ambiental a lo largo de los años no ha mitigado los conflictos ambientales del río Tunjuelito por el contrario estos se han ampliado, por esta razón  los pobladores han aprendido a organizarse y a luchar por sus derechos ambientales, teniendo en cuenta a Cardona (2005) dentro de las soluciones a los problemas ambientales están los cambios tecnológicos, otorgar subsidios  para quienes elaboren productos amigables con la naturaleza, normativas más estrictas, establecimiento de impuestos a manera de sanción, medida políticas,  la educación ambiental,  comprensión de los deberes y derechos ambientales. Es posible que si se ejecutan algunas de estas acciones se pueda llegar a mitigar parte de la problemática.  

       Es  evidente que la ciudad requiere una nueva estructuración desde el plan de ordenamiento territorial, Decreto 555 de 2021 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. por este acuerdo se adoptó la revisión del plan de ordenamiento territorial de Bogotá vencido desde el 31 de diciembre del 2015, se hace mención del río Tunjuelo en el artículo 28 por sistema de protección para inundaciones, la realización de estudios de riesgo pero a mediano y largo plazo, en el artículo 194 hace alusión al tratamiento de lixiviados para el tramo II del río Tunjuelo, en el capítulo 3  Articulo 36 hace referencia a la actividad minera, en el artículo 38 de la restauración ambiental de la actividad minera a través de los Planes de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental y en el artículo 482 propone una actuación integral a largo plazo en la zona de la cuenca del río Tunjuelo donde se adelantaron explotaciones mineras, para su recuperación, cierre minero y  los posteriores estudios de minimización  de riesgo de desastre, donde uno de sus principales objetivos es contrarrestar los impactos causados por la explotación minera.

      La política pública está organizada, el plan de ordenamiento territorial distrital llamado Bogotá Reverdece, tiene un enfoque ambiental. Con él se espera que todas las acciones contempladas se ejecuten y no se queden tan solo  escritas, según lo previsto  en algunos años podríamos evidenciar resultados o las comunidades en procesos de emancipación exigiendo los derechos que les corresponde. 

 Referencias

Bibliografía

Cardona González. A.H. “Fundamentos, historia y normatividad de la educación ambiental”, en Lecturas sobre Derecho del Medio Ambiente, t. VI, Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C., octubre 2005

García Hurtado, L. M. (2012). Conflicto Socio-Ambiental en la Cuenca Baja del Río Tunjuelo [Tesis de pregrado, Pontificia Universidad Javeriana] https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15368/GarciaHurtadoLinaMaria2012.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Detjen Ibáñez, A. (2021).  Tejiendo comunidades sostenibles. La gestión ambiental, un desafío para los gobiernos municipales.

Ortiz, Liévano S. M. (2020). Parques Minero Industriales: Agravantes de la Injusticia Socioambiental en la Cuenca del Río Tunjuelo. Análisis Multitemporal de la Cuenca Media y Baja Entre los Años 2000 Y 2019 [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia] https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/78170

Osorio, J.A. (2006). El río Tunjuelo en la historia de Bogotá, 1900-1990. Colombia: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Torres Carrillo, A., y Torres Ruíz, A. (2015). Acción colectiva, gestión territorial y gobernanza democrática en Bogotá. Universidad Piloto de Colombia.

Vargas Suárez, J.D. (2017).  Análisis sociológico de la extracción minera en el río Tunjuelo: Entre las tensiones del desarrollo y sus impactos socioambientales [Tesis de pregrado, Pontificia Universidad Javeriana]. Repositorio PUJ. https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/37922

Referencias Legales

Decreto 2655 De 1988 - Agencia Nacional de Minería.

LEY 685 DE 2001. (2001, 15 de agosto). Congreso de la Republica de Colombia, Código de Minas   

Decreto 619 de 2000. (200, Julio 28) Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá

Decreto 2041 de 2014 Licencias Ambientales

Decreto 555 de 2021 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá