Desarrollo y sostenible

Nuestro país ha enmarcado el desarrollo nacional, dentro del modelo de denominado desarrollo sostenible. Colombia de hecho fue la primera nación que lo incluyó en la Constitución Política en 1991, un año antes de que se consagrara en la Declaración de Río de Janeiro.

Los jueces y tribunales han venido retomando su noción y alcance. Por ejemplo, si se repasa la trascendental sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado (Rad: 15001-23-33-000-2014-00223-02) mediante la cuan zanja los reparos planteados contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá dentro de la acción popular que instauró la Defensoría del Pueblo contra la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, la Agencia Nacional de Minería y otros, se halla que la noción del Desarrollo Sostenible, que surge de estudios de las Naciones Unidas y es incorporado en la Constitución Política de Colombia en su Artículo 80 como el modelo económico nacional, es el mecanismo para “guiar las relaciones sociales, ambientales y económicas” y debe facilitar “el proceso de armonización de las tensiones existentes entre el suelo y la explotación de los recursos naturales, con la necesidad de conservar y proteger el ambiente”

Lo que surge de estas premisas es que debe haber desarrollo (progreso, satisfacción de las necesidades crecientes de la población, riqueza, etc) pero protegiendo el ambiente, no entendido como que este no se puede tocar y va permanecer intacto, sino que se va a evitar en lo posible variarlo y si no, se adoptan las medidas para recuperarlo o compensarlo. Ahí están las discusiones.

Como manifestó alguien, el desarrollo sostenible debe servir para dos propósitos: 1. salvaguardar el ambiente natural, 2. salvaguardar también la economía.

Hoy los insensatos, los que usan al ambiente para hacer politiquería, por supuesto no sinceran los problemas que trae este modelo universal.  Debemos esforzarnos por aclimatar los ánimos ambientales, empezando por sincerarlos y usar el sentido común antes que cualquiera otro para solucionar nuestros problemas. Debemos detener el conflicto social por causa o con la excusa de la protección ambiental.

Ejemplo: ¿la minería genera impactos? Por supuesto. Lo hace a veces menos que la ganadería. Pero necesitamos minería para la construcción de casas, acueductos, infraestructura…

Debemos promover más desarrollo y sostenible. Y eso no se hace impidiendo crear y estimular las empresas y el empleo. ¡Tontos! ¡Insensatos! Daño hacen quienes así piensan y promueven más violencia. Debemos usar nuestra inteligencia para no discutir si dejamos o no hacer, y en cambio hallar cómo hacerlo mejor. Muy fácil es decir NO. Muy difícil decir CÓMO.

Cuerpos lénticos y tierras

Uno de esos procesos de aprendizaje respecto de estos cuerpos es lo relacionado con la recuperación de áreas secadas para aumentar la frontera agrícola, sí, tan necesaria para garantizar la seguridad alimentaria de los colombianos; pero funesta en muchos casos por
la necesidad apremiante de garantizar la vida y la salud mediante la garantía de un ambiente natural adecuado. Y es que muchos no saben que en tiempos pretéritos, los cuerpos lagunares eran secados para aumentar las extensiones rurales y aprovechar sabanas (antes cubiertas por agua) por supuesto muy ricas en nutrientes. El Estado ayudaba a secar estos cuerpos hídricos.

Otra lección es ratificar que los lagos, lagunas, ciénagas, pantanos, etc, no son sólo agua. Son protección de orillas, de espacios húmedos, de recursos hidrobiológicos, de espacios propicios para la fauna, el paisaje, etc. En resumen, contribuyen a la protección de la vida y la salud; esta última ahora con mayor relevancia por los efectos del Covid-19. Existe una relación estrecha entre el agua y el suelo, y por supuesto, con su ocupación y uso: es el agua que discurre o está estancada en un cauce o lecho, pero también hay relación con la ocupación de las áreas aledañas pues no es lo mismo cuando son inmuebles privados o son públicos.

Las políticas públicas y acciones de recuperación de cuerpos hídricos deben adelantarse con estas visiones integradoras. Incluso también con la participación de las comunidades. Porque ellas deben ser escuchadas para saber por qué tenemos estas situaciones, de qué manera deben ser más eficientes las acciones, claro, hacer las veedurías para que las actividades estatales y las inversiones públicas se ejecuten transparentemente, y por supuesto aportar en la solución respetando las medidas a tomar para la conservación (la gran parte de la tierra en Colombia es privada o está ocupada.

No es solo tarea del Estado sino de las personas (Art 8 de la Constitución Política) la conservación y recuperación ambiental, y cuando demos igual importancia a los deberes a como lo hacemos con los derechos, realmente veremos los cambios eficientes en nuestra sociedad. El ambiente natural es de la Nación, no del Estado. Si cambiamos, cambiará nuestro entorno, en particular el de los cuerpos lénticos.

 

Catastro, POT y medio ambiente

Un ente de control solicitó al Presidente de la República, al Ministerio de Vivienda, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC, a la Agencia Nacional de Tierras-ANT, al Departamento Administrativo de Estadísticas-DANE y otras entidades involucradas en adelantar con los entes distritales y municipales sus catastros multipropósitos, para que expidan las normas que impidan realizar ajustes, reformas o actualizaciones de los denominados Planes de Ordenamiento Territorial-POT de que trata el Numeral 7 del Artículo 313 de la Constitución Política, hasta tanto se adopten los catastros multipropósito definitivos para esos entes  territoriales.

El escrito evidencia la necesidad de contar primero con los catastros multipropósitos para hacer modificaciones de cualquier tipo a los POT. Con varios argumentos de política pública, normativos, presupuestales y llenos de sentido común  se advierte que hacer POT sin los catastros va generar mayor ineficiencia en el ordenamiento territorial y un gran detrimento patrimonial (son más de 1.100 municipios).

Entre los argumentos más destacados de la solicitud se hallan los que resaltan del CONPES 3859 de 2016, que adoptó la Política para adopción y marcha de un catastro multipropósito rural-urbano; que el 79% de los municipios no cuentan con información catastral básica; que el 59% del territorio nacional no tiene la escala, ni la representación apropiadas para la gestión catastral y política pública territorial; que el catastro multipropósito está concebido para “apoyar las decisiones de ordenamiento territorial y de planeación económica, social y ambiental”; que el catastro (según el DNP) permite conocer con precisión el territorio y es insumo básico para planeación, ordenamiento y ejecución de políticas en el territorio; fortalece los fiscos municipales; provee de forma detallada la información que incluso facilita el cumplimiento de los acuerdos de paz y estrategias postconflicto.

Al catastro multipropósito se le reconocen atributos para definir el inventario de bienes baldíos, el ordenamiento productivo del suelo rural, la identificación del espacio público y hasta la localización de la oferta de servicios de colegios, puestos de salud, bibliotecas, y otros.

En materia ambiental estas prioridades ayudarán al ordenamiento ambiental, por ejemplo la  delimitación de áreas protegidas, paramos, zonas de reserva y parques naturales; la identificación de áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico y la valoración de uso por conservación. Necesitamos eficaces POT para el medio ambiente, entonces necesitamos primero el catastro multipropósito.