LICENCIAS Y ÁREAS PROTEGIDAS

Por: Álvaro Hernando Cardona González

La licencia ambiental otorgada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA, mediante la Resolución 0286 del 18 de marzo de 2016 que autoriza a la empresa petrolera Hupecol para perforar 150 pozos en el municipio de La Macarena, en el departamento del Meta y dentro del área protegida Parque Nacional La Macarena y con influencia en dos parques más, el Quinigua y Los Picachos genera muchas controversias.

Inmediatamente varios grupos ambientalistas sentaron su protesta advirtiendo del riesgo que se corre de perder recursos hídricos importantes ya que la explotación petrolera se realizaría muy cerca de los nacederos de los ríos Guayabero, Duda y Lozada que convergen en el municipio de La Macarena. Otro de sus argumentos, es que estas áreas son patrimonio de la humanidad por ser por supuesto reservas de riqueza y de biodiversidad importantes del país.

La ANLA sostiene que de las 30 mil hectáreas licenciadas sólo el 43 por ciento pueden ser intervenidas. Además, aseguró que ni Caño Cristales, ni el Parque Tinigua, ni las fuentes de agua se verán afectadas porque no hacen parte de la zona licenciada; asegura que revisó que no fueran áreas en las que no se pueden entregar licencias.

Una de las controversias es que mientras los turistas no pueden llevar ni perfumes, ni aerosoles, ni nada que resulte contaminante al ingresar al parque La Macarena, sí se permite la explotación de hidrocarburos. Incluso es absurdo que ahora la ANLA diga que tiene reservas, pues si las tenía no debió otorgar la licencia.

Nuestra posición es que, los estudios sobre desarrollo sostenible aseguran que todo se puede hacer siempre y cuando los impactos ambientales sean conjurados, que existe una gran hipocresía ambiental y debe imperar la racionalidad para dirimir las necesidades de crecimiento económico con las imperantes de preservación del hábitat natural que nos permite vivir sanamente. Es inaudito que si existen áreas determinadas para conservar, bajo cualquier pretexto, el Estado no esté dispuesto a cumplir lo que ha ordenado. No debe haber excepciones.

Y aunque todo impacto se puede conjurar sin duda y aquí la UAEPNN dio visto bueno porque estas licencias están autorizadas por ley, el Estado colombiano ha demostrado debilidad técnica para determinar absolutamente todos los impactos y hacer el seguimiento de todas las obligaciones ambientales. Otro fuera el criterio si ya se hubiera demostrado que estamos equivocados pero lastimosamente cada día la subjetividad impera con sospechoso ímpetu en materia ambiental, ¿por qué lamentarnos ahora? ¿dónde las dudas?